La frontera del aborto

Portugal se dirige hacia un nuevo referéndum para despenalizar el aborto en las 10 primeras semanas de embarazo. En el primero, celebrado hace seis años, perdió el sí por un margen muy estrecho, aunque la consulta no fue vinculante porque sólo votó un 31% del censo, lejos del 50% necesario. Aquel resultado fue la consecuencia lógica del deseo de los líderes de los dos grandes partidos (el socialista Guterres y el socialdemócrata Rebelo de Sousa, ambos profundamente católicos), que prefirieron dejar la consulta en manos de los radicales: por un lado los partidarios del sí ("la mujer es dueña de su vientre"), por otro los del no ("el aborto es pecado mortal").

Convocado tras un pacto vergonzante para aplacar la ira de la Iglesia católica y del ultraconservador lobby médico, ante una reforma progresista de la ley que había aprobado ya el Parlamento, aquel referéndum sólo sirvió para dividir al país y perpetuar una situación humillante para las mujeres que se mantiene hasta hoy mismo, cuando apenas 1.000 de las 20.000 portuguesas que abortan cada año lo hacen de manera legal y segura. El resto recurre bien a clínicas privadas ilegales, bien a clínicas legales españolas, en el mejor de los casos; y en el peor, a métodos caseros, llenos de riesgos: 11.000 mujeres ingresan cada año en urgencias declarando haber sufrido abortos espontáneos para evitar ser perseguidas judicialmente. Desde 2002, 40 mujeres y profesionales de la salud han sido procesados por abortos ilegales.

El primer ministro, el socialista José Sócrates, decidido a poner fin a esta situación anacrónica, ha abierto esta semana la campaña por el sí con un discurso prudente pero firme, más pragmático que ideológico, orientado a favorecer el consenso. La oposición del PSD ha votado a favor del referéndum, lo que también habla a favor de la sensatez de su líder, Marques Mendes. Juntos, ambos partidos representan a más de tres cuartas partes de la población. El Partido Comunista también propugna el voto sí. Los sondeos muestran un clima de opinión favorable a la despenalización, aunque la Iglesia ya ha recomendado a sus fieles que voten no. Si los tres grandes partidos se movilizan de verdad, no habrá excusas para perder otra vez esta batalla. El presidente, Cavaco Silva, un árbitro con influencia, que prometió ponerse del lado de los más desprotegidos, tendrá ocasión de demostrarlo. Las mujeres portuguesas no pueden seguir sometidas a una legislación anacrónica, peligrosa y humillante, y Portugal no debe permitirse presidir la Unión Europea en el segundo semestre de 2007 sin resolver esa injusticia.