El Consello de Contas revisará la gestión urbanística de Arteixo, Sada y Oleiros

Los gobiernos locales de las tres localidades debieron enfrentarse en ese periodo a denuncias judiciales por irregularidades y su normativa sobre el planeamiento recibió el rechazo de la Xunta.

Tres de los municipios de la comarca coruñesa en los que se han producido mayores polémicas por la gestión urbanística -Arteixo, Sada y Oleiros- figuran entre los que serán investigados de forma especial por el Consello de Contas de Galicia en los próximos meses. El organismo público fiscalizará la labor de disciplina urbanística llevada a cabo por estos ayuntamientos durante los años 2005 y 2006, con el fin de comprobar si las actuaciones municipales en esta materia se ajustan a la legalidad.

Dos de los alcaldes que presidían los gobiernos locales de estos municipios en los ejercicios que serán investigados -Manuel Pose en Arteixo y Ramón Rodríguez Ares en Sada- perdieron el bastón de mando tras las últimas elecciones municipales, mientras que el de Oleiros, Ángel García Seoane, vio disminuido el respaldo de los votantes y se ve obligado a gobernar en minoría.

La situación en la que desenvuelven su actividad urbanística estos tres ayuntamientos es compleja, ya que dos de ellos carecen de Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y el tercero ha sido incapaz de modificar esta norma. En los tres casos, la Xunta paralizó las iniciativas llevadas a cabo por los respectivos gobiernos municipales para dotarse de nuevas reglas urbanísticas, al apreciar los técnicos autonómicos que los contenidos de los planes presentados no cumplían los preceptos legales.

En el pasado mes de marzo, la Consellería de Política Territorial mostraba su rechazo al nuevo PGOM de Oleiros, en el que destacaba la ausencia de la preceptiva evaluación ambiental y la existencia de aumentos injustificados del suelo urbanizable.

A esta situación hay que añadir la denuncia presentada contra el alcalde, Ángel García Seoane, por la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que tomó como base las informaciones publicadas por LA OPINIÓN acerca de los negocios inmobiliarios del regidor. Seoane deberá prestar declaración el próximo día 1 de octubre en calidad de imputado por el supuesto delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, por el que podría ser condenado a seis años de prisión.

Este periódico desveló que el alcalde se había dado de alta en Hacienda como promotor inmobiliario, actividad con la que se dedicó a la compra de fincas. Estas parcelas incrementaron posteriormente su valor mediante recalificaciones urbanísticas que fueron aprobadas por el Concello que él mismo preside, según destaca el texto de la denuncia interpuesta por el fiscal.

El anterior regidor de Arteixo, Manuel Pose, comparte la vocación de García Seoane por el negocio inmobiliario, ya que se vio obligado a reconocer en el pleno lo que había avanzado LA OPINIÓN: cinco de sus empresas desarrollan actividad en el municipio cuyo Gobierno local presidía y en algunos casos aprobó con su propio voto licencias de construcción para estas compañías.

Pese a que el entonces regidor insistió una y otra vez en la legalidad de su actuación, también en este caso la Fiscalía del Tribunal Superior decidió intervenir, para lo que abrió una investigación, en el transcurso de la cual solicitó al Ayuntamiento el envío de más de 500 expedientes urbanísticos aprobados por el Ayuntamiento durante los dos últimos años.

Las sucesivas denuncias sobre cuestiones relacionadas con el urbanismo que se produjeron en Arteixo en la pasada legislatura fueron la raíz de la ruptura del grupo municipal del Partido Popular, cinco de cuyos concejales abandonaron la disciplina de la formación y posteriormente ingresaron en Terra Galega. La escisión pasó factura a Pose, quien perdió la mayoría absoluta en las elecciones y así hizo posible un acuerdo entre sus antiguos compañeros y los socialistas que llevó a Pilar Souto a la Alcaldía.

El nuevo Gobierno local debe enfrentarse a una de las herencias dejadas por el anterior alcalde: la carencia de un plan general, debida a que el proyecto presentado por Pose fue rechazado por la Xunta.

También Sada atraviesa una situación complicada desde el punto de vista urbanístico, ya que el anterior Ejecutivo municipal vio denegadas hasta en tres ocasiones las propuestas de PGOM enviadas a la Administración autonómica. La actuación del equipo de gobierno que dirigía Rodríguez Ares llevó incluso a Política Territorial a suspender en 2005 las Normas Subsidiarias de Planeamiento con las que el Concello regía su política urbanística y a establecer unas de carácter provisional.

Precisamente durante este mes se llevará a cabo una reunión entre representantes municipales y de la consellería con el fin de introducir cambios en esa normativa que permitan gestionar de una forma más eficaz el urbanismo en esta localidad.

Sada fue además el escenario de una de las operaciones inmobiliarias de mayor calado paralizadas por la Justicia, el complejo residencial Puerto Infanta, anulado por el Tribunal Superior gallego por el exceso de edificabilidad previsto en la zona costera, donde se pretendían levantar 469 viviendas, un hotel y un puerto deportivo. La sentencia hacía especial alusión al denominado "efecto de apantallamiento" que crearían los edificios proyectados en el borde del mar.

Actuaciones bajo sospecha

La investigación que desarrollará el Consello de Contas sobre la gestión urbanística afectará también a otros municipios coruñeses -todos ellos costeros- en los que en los últimos años se han sucedido las denuncias por iniciativas inmobiliarias o por la elaboración de normas sobre el suelo que chocaban con la legalidad.

Entre estas localidades se hallan Ares, cuyo anterior Gobierno local construyó el nuevo Ayuntamiento sobre una zona verde; Cabanas, donde la anterior alcaldesa, Modesta Anca, se vio obligada a dimitir tras ser condenada por una prevaricación en materia urbanística; Fisterra y Malpica, en donde más 300 viviendas situadas junto al mar se hallan paralizadas por un recurso presentado por la Xunta; Ortigueira, a cuyo equipo de gobierno Política Territorial acaba de rechazar el proyecto del plan general por permitir duplicar el número de viviendas existente; y Miño, municipio en el que el Tribunal Superior anuló la adjudicación a Fadesa de una urbanización y un campo de golf.