Consecuencias de la supresión del impuesto sobre el patrimonio

La desaparición del Impuesto sobre el patrimonio es una mala noticia. Y lo es por partida doble. Por una parte, comporta la eliminación de un impuesto directo que graba la riqueza de las personas físicas. Así, nuestro sistema tributario pierde proporcionalidad y progresividad y, por lo tanto, justicia en la distribución de la carga tributaria entre todos los ciudadanos. En definitiva: quien más tiene, pagará menos a partir de ahora.

No parece esta una medida muy coherente con la supuesta ideología progresista de nuestro gobierno. Es evidente que la pérdida de ingresos provocada por la eliminación de este impuesto se deberá compensar con el incremento de la presión fiscal sobre el resto de ciudadanos sin tanta capacidad económica.

Eso se puede traducir en el incremento del IRPF (lo cual permitiría mantener el peso de la imposición directa) o bien sobre la imposición indirecta (básicamente, el IVA). En cualquier caso, acabará repercutiendo, como siempre, sobre las "capas intermedias" de contribuyentes formada, en un alto porcentaje, por asalariados.

Éstos ya vienen soportando una elevada presión fiscal, muy a menudo superior a la que tienen que soportar las mismas empresas. Así parecería más justo incrementar los tipos del impuesto de sociedades. Pero hay que recordar que, justamente este ejercicio, acaba de entrar en vigor la última rebaja fiscal dirigida a las empresas. Así que no parece que la tendencia sea ésta.

Además, en la actual coyuntura de desaceleración de la economía que afecta también a los ingresos públicos, un recorte impositivo necesariamente se tendrá que compensar con la subida de otros impuestos, si no se quiere estropear la política fiscal.

Pero el impuesto sobre el patrimonio, al lado de la función recaudatoria, tiene también una función instrumental, de control con respecto a otros impuestos, dado su carácter censal. En consecuencia, la eliminación del impuesto sobre el patrimonio comporta también la pérdida de una fuente de información valiosísima de lucha contra el fraude fiscal.

Pero por otra parte, la supresión de este impuesto es una mala noticia para Cataluña y el resto de comunidades autónomas. A partir de este momento, la Agencia Tributaria de Cataluña pasa a tener una competencia menos. Recordamos que se trata de un impuesto totalmente cedido a las comunidad autónomas y que, por lo tanto, la competencia de su gestión recae en éstas.

Las comunidades autónomas de régimen común pierden corresponsabilidad fiscal, como consecuencia de la pérdida de uno de los impuestos que sustentan su régimen de financiación. En las negociaciones que se tienen que llevar a cabo este año del nuevo sistema de financiación en el marco de la LOFCA, el Estado deberá tener muy presente la compensación de esta pérdida de la corresponsabilidad fiscal mediante la cesión de nuevos impuestos estatales.

Si no se hace así (mediante la cesión de la gestión, no de la recaudación) estaremos vaciando de contenido la Agencia Tributaria de Cataluña y estaremos dando un paso atrás en la corresponsabilidad fiscal y en la solidez de la financiación de la Generalitat de Catalunya.