Crisis en Hacienda por el acoso ejercido a los asesores fiscales

La Agencia Tributaria traslada a la Fiscalía acusaciones contra algunos de los “grandes asesores tributarios” por “cooperación necesaria” en delito fiscal. La situación levanta la polémica en el Ministerio de Solbes.

La Agencia Tributaria ha iniciado una de las actuaciones más delicadas de las últimas décadas. En esta ocasión, sus investigaciones no se han centrado sólo en las empresas directamente relacionadas con casos de fraude a gran escala, sino que han ido más allá, y se centran en la imputación por delito fiscal a los asesores tributarios encargados del diseño de determinadas reestructuraciones y operaciones empresariales consideradas ilegales por parte del organismo antifraude.

La actuación cuenta con el respaldo directo de Carlos Cervantes, responsable máximo de la Inspección y, según fuentes internas, se centra en “algunos de los mayores asesores que trabajan en España”. El propio Cervantes, en diversos foros, ha venido advirtiendo de que la Agencia será “muy dura con los asesores que vayan más allá de lo razonable”.

Las actuaciones se han dirigido contra profesionales que han diseñado esquemas de planificación considerados “agresivos”, muchos de ellos utilizando ramificaciones internacionales. La Agencia Tributaria ya ha enviado a la Fiscalía varios expedientes de delito fiscal que incluyen a asesores de despachos de Barcelona y de Baleares imputados como colaboradores necesarios o como cómplices del fraude.

Las actuaciones se amparan en la Ley General Tributaria. En su artículo 42 recoge que se consideran como responsables solidarios las personas o entidades “que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria”. Esta consideración supone en derecho penal la posibilidad de asumir sanciones similares a las del autor, algo que podría provocar una importante tensión con los grandes fiscalistas.

Por este motivo, algunos altos cargos de la Administración fiscal, según las fuentes consultadas, habrían cuestionado la actuación de la Agencia Tributaria. Sin embargo, en este organismo afirman que “no consta” que su ofensiva haya podido generar tensiones con otros departamentos de Hacienda.

En este contexto, este viernes se producirá el cese del hasta ahora presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), Eduardo Abril Abadín, después de ocho años en el cargo. Abril es un veterano funcionario del Ministerio: fue director general de Tributos durante la primera etapa de Solbes en el Departamento, en el último Gobierno de Felipe González. Con la llegada del PP, se hizo cargo de la Secretaría General Técnica del Ministerio, y de ahí, en mayo de 2000, pasó al TEAC.

Eduardo Abril ha protagonizado últimamente episodios de tensión con la Agencia, y, especialmente con la Inspección, sobre todo por las actas contra las sicav, que el TEAC echó por tierra. También ha mantenido diversos enfrentamientos con la subsecretaria del Ministerio, Juana Lázaro, otra veterana inspectora fiscal, con fuerte apoyo en el PSOE.

Según diversas fuentes, Abril podría ser sustituido por una mujer. La candidata que más suena es María Soledad Fernández Doctor, quien, entre otros cargos, ha sido directora de la Escuela de Hacienda Pública. El Ministerio no confirma este nombramiento.