Zapatero da vía libre a las CCAA para cobrar más impuestos inmobiliarios

En el callejón trasero de una ley. Ahí es donde ha introducido el Ejecutivo una modificación para permitir a las comunidades autónomas recaudar más impuestos por las operaciones inmobiliarias. El ruido generado en torno a la Ley 4/2008 que suprime el gravamen del Impuesto de Patrimonio ha diluido la reforma que contiene en relación a otro tributo, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).

Éste grava con un 7% las compraventas de inmuebles de segunda mano, y en los años del boom residencial fue una de las principales fuentes de ingresos de las autonomías.

En la citada norma se incluye una directriz para las comunidades autónomas en forma de nueva "regla de cuantificación del valor" de los inmuebles transmitidos de un propietario a otro. Así, en el artículo séptimo se especifica: "Cuando el valor declarado por los interesados fuese superior al resultante de la comprobación [realizada por la administración regional], aquél tendrá la consideración de base imponible. Si el valor resultante de la comprobación o el valor declarado resultase inferior al precio o contraprestación pactada, se tomará esta última magnitud como base imponible".

Esto quiere decir que en ningún caso las comunidades autónomas podrán revisar el valor de los pisos de segunda mano a la baja, ya que cobrarían menos impuestos. Todo lo contrario, el Gobierno anima "a fijar dicho valor, al menos, en el precio o contraprestación de la operación", según la propia ley. O sea, que deja vía libre para aumentar la base imponible de la compraventa y, por tanto, la recaudación por ITP.

Sequía en las arcas
Esto, en una etapa de sequía en las arcas regionales, "es una nueva forma de garantizar que la recaudación es la mayor posible", señala Raúl Salas, socio del bufete Baker & McKenzie. "Le dan un instrumento a la autonomía para sacar más provecho del ITP; es un poco una barra libre", agrega Lucio Rivas, socio de Urbe Asesores. "Esta pensado para que la Administración nunca pierda", añade Salas.

El que sí podría perder es el comprador que obtenga un descuento suculento de, por ejemplo, un propietario ahogado por las deudas o en paro, como hay miles en la actualidad. Se daría la curiosa paradoja de que, tras conseguir una rebaja atractiva al comprar el inmueble, ésta se maquillaría por la vía impositiva.

El comprador seguiría pagando lo mismo por la vivienda (el contrato entre dos partes es sagrado, dicen los expertos), pero la Consejería de Hacienda de su comunidad podría muy fácilmente cobrarle el 7% de una cantidad mayor, la que considere como justa y ajustada al mercado. En definitiva, el adquirente que encontró un chollo recibiría un castigo por ello. "Esto genera una inseguridad absoluta para el consumidor", afirma Rivas.

"Tal como está el mercado inmobiliario, ocurre muchas veces que los pisos valen menos de lo que apalabraron vendedor y comprador", añade Salas. En el otro lado, quien pague por una vivienda mucho más de lo que vale ya no podrá abonar una cantidad menor por el gravamen.

Además, la norma añade que antes de que finalice marzo, el Gobierno "presentará un plan de medidas que incentiven, en el marco de la normativa de la Unión Europea, la promoción de viviendas para destinarlas al arrendamiento con opción de compra y que fomenten la rehabilitación de viviendas".

'Pérdidas' millonarias por la caída del ladrillo
La mezcla de la sequía financiera y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria está impactando con fuerza en la recaudación pública. Sólo en 2008, las arcas locales, regionales y estatales dejarán de ingresar 15.896 millones de euros por la caída de la construcción residencial.

Esto es, se les esfumará una cantidad similar al 1,4% del PIB actual. O lo que es lo mismo, percibirán un 41,08% menos que en 2007 en impuestos que gravan la actividad del sector, según ha calculado el Instituto de Práctica Empresarial (IPE) en su informe Pulsímetro Inmobiliario.

Esto "repercutirá en el PIB y en el desempleo", subraya el estudio. Al haberse reducido notablemente el negocio del ladrillo, la recolección de las tasas respectivas ha caído en picado. Ya en 2007 se notó un retroceso de 4.500 millones de euros, pero hasta 2008 no se derrumbaron las expectativas. El IPE recuerda que en los últimos ocho años "el sector ha generado para el sector público unos ingresos de más de 200.000 millones de euros en concepto de impuestos y tasas del urbanismo".

La recaudación fiscal por los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados, que gravan el cambio de la titularidad de un suelo o un inmueble, cayeron de 24.431 a 16.664 millones de euros, según el IPE. ante esta coyuntura, el balón de oxígeno lanzado desde el Gobierno no podría llegar en mejor momento.
J. M. Lamet
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