Los auditores dudan de las inmobiliarias

Salvedades. Incertidumbres. Las auditorías del ejercicio pasado de las compañías inmobiliarias cotizadas españolas estarán plagadas de este tipo de apuntes. Tal y como está la situación económica, y en particular la del sector inmobiliario del país, pocas consultoras se atreven a hipotecar su prestigio avalando la continuidad del negocio futuro de compañías inmobiliarias. Así que en un buen número de informes sobre las cuentas de 2008 de estas empresas el auditor señala: 'Incertidumbre sobre la continuidad del negocio debido a que la capacidad de la Sociedad para realizar sus activos (...) está sujeta fundamentalmente al éxito de sus operaciones futuras (...) que permitan garantizar la viabilidad financiera de la Sociedad y de su Grupo'.

Son las palabras que Deloitte utiliza, prácticamente las mismas, para apuntar esa incertidumbre en sus auditorías sobre el ejercicio pasado de Metrovacesa y Colonial, las dos mayores inmobiliarias españolas. De forma muy parecida se refiere la misma consultora al ejercicio 2008 de Reyal Urbis, en cuya auditoría señala como salvedad el hecho de que en 'el contexto actual del mercado inmobiliario y financiero' la capacidad del grupo 'para realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con que figuran en las cuentas anuales, que han sido preparadas asumiendo que tal actividad continuará, está sujeta al cumplimiento del plan de negocio de la Sociedad en los términos previstos'.

La situación del mercado inmobiliario español justifica por tanto que sobre cualquier compañía del sector tal auditor indique que, dado el contexto actual, no se pueda asegurar el futuro de su negocio -¿hay algún sector ahora mismo a salvo de dicha salvedad (valga la redundancia)?-.

Pero hay otro factor que en el caso de las inmobiliarias también marca la tendencia de los consultores a incluir esas incertidumbres: la fallida auditoría realizada sobre el ejercicio 2007 de Martinsa Fadesa. El 8 de mayo de 2008 Ernst & Young firmaba el informe de auditoría del ejercicio 2007 de Martinsa Fadesa. En el mismo la consultora no apuntaba salvedad alguna. Menos de dos meses después la compañía anunciaba que solicitaba su entrada en concurso protagonizando la mayor suspensión de pagos de una empresa en España, con una deuda superior a los 7.000 millones de euros.

La labor de los consultores a la hora de firmar sus informes de auditoría se limita a verificar que la información que contiene el informe de gestión de la compañía en cuestión concuerda con las cuentas del ejercicio presentado. Es lo que siempre recuerdan las consultoras cuando se critica que en sus informes no advirtieran de algo negativo que ocurre poco después de publicar sus análisis. Pero realmente si su labor fuera tan sencilla nada justificaría su trabajo, y tampoco sus costes. Ernst & Young cobró por su auditoría de Martinsa 110.000 euros y otros 325.000 euros por otros servicios prestados a la misma compañía. Deloitte ha recibido por su auditoría de Reyal Urbis 255.000 euros más otros 90.000 euros por distintos servicios; por la de Metrovacesa 548.000 euros más 660.000 euros por otros servicios, y de Colonial ha percibido 604.000 euros por servicios de auditoría y otros.

A principios de septiembre de 2008 Ernst & Young, contratado por la inmobiliaria Afirma, envió a la CNMV un informe de revisión sobre los estados financieros de la compañía. En el mismo apuntaba que aunque la empresa había logrado reducir su exposición gracias a la reestructuración de su endeudamiento financiero es necesario 'el transcurso de un plazo mínimo de tiempo y revaluar nuevamente la situación' de la empresa al término del pasado ejercicio 'para poder disipar las dudas razonables que subsisten sobre la capacidad del grupo para continuar sus actividades'.

¿No merecía Martinsa Fadesa una salvedad similar por parte de su auditor? El futuro es incierto, pero no tanto.
Alberto Ortín / cincodias