Recogida de firmas para reclamar lo obvio

Los jerarcas de la Iglesia Católica nos ofenden, insultan e injurian. Estas personas no se limitan a exponer a sus seguidores sus teorías, doctrinas o puntos de vista sobre lo humano y lo divino, sino que lo hacen denigrando a todo aquél que no piense como ellos. Ha sido su forma de actuar durante decenas de siglos y, en nuestro país, salvo honrosas excepciones de muy escasa duración, siempre se les ha permitido. Es más, las fuerzas represoras han estado regularmente a su servicio.

Nos llaman asesinos por no desear la cárcel a la mujer que decide interrumpir su embarazo o por apoyar a un padre que, después de 17 años de tener a su hija muerta, desconecta su cuerpo para darle una digna sepultura. Nos tildan de sectarios y totalitarios por querer que nuestros jóvenes se formen en valores cívicos y constitucionales. Nos dicen que despreciamos y causamos un gravísimo perjuicio al matrimonio y a la familia por respaldar el divorcio y el casamiento de los homosexuales. Nos quieren excomulgar por ser partidarios de las investigaciones con células madre embrionarias. Y nos tachan de inmorales por cualesquiera de nuestros actos que no se ajuste a un rígido catálogo de comportamientos que sólo a ellos deberían incumbir.

No les basta con mantener posiciones contrarias al aborto, muerte digna, divorcio, preservativo, matrimonio homosexual o investigaciones con células madre y exigir a sus seguidores que adopten estos criterios bajo las penas que consideren oportunas. No les basta, no. Tienen que criminalizar a todos aquellos, ajenos a su religión, que no comulguen con sus ideas. Lo más sorprendente es que a ellos no se les exige hacer lo que no quieran. Ni se les obliga a abortar, ni a morir con dignidad, ni a divorciarse, ni a utilizar el preservativo, ni a investigar con células madres y ni, tan siquiera, a hacerse homosexuales. Pero, al parecer, esto no les basta. Ellos pretenden que el cumplimiento de sus retrógradas ideas sea obligatorio para todos porque piensan que la verdad les pertenece y, además, han de imponerla. Es el dogma y la intolerancia en estado puro.

Y aquí nos tienen, en pleno siglo XXI, y el Estado no sólo permite que estas personas campen por sus respetos insultando a unos y a otros, sino que la Institución a la que pertenecen se financie con dinero público, enseñen de forma obligatoria la religión católica en sus colegios y sigan vigentes los acuerdos privilegiados suscritos en una época preconstitucional con la Santa Sede. Y, para colmo, alguna administración local gobernada por la derecha les ha regalado, recientemente, terrenos de propiedad pública para la construcción de dependencias religiosas.

Mientras, las víctimas de esta situación de prepotencia chulesca, más propia de los oscuros tiempos medievales, tenemos que mendigar firmas para reclamar ante el Congreso de los Diputados la separación Iglesia-Estado. ¿Se figuran a una víctima de violencia doméstica recogiendo firmas para que su maltratador no comparta café todas las mañanas con el juez que ve su causa? Pues, en esas estamos.
Gerardo Rivas Rico
Licenciado en Ciencias Económicas