Mazazo al ahorro familiar

El potencial repunte de la fiscalidad que grava a los productos de ahorro ha centrado el debate político y social en los últimos días.

Aunque el Gobierno todavía no ha explicado con detalle la reforma fiscal con la que pretende compensar el elevado déficit que han acarreado sus discutidas medidas anticrisis, la simple mención de la propuesta ha desatado la ira de varios sectores.

Economistas, fiscalistas, usuarios de banca e instituciones de inversión colectiva temen que el Ejecutivo castigue el ahorro de 12,5 millones de personas, así como el IRPF de todos los contribuyentes y, encima, no consiga enderezar el déficit.

El Ejecutivo pretende que las rentas derivadas de los rendimientos de productos de inversión estén gravados con un tipo que, según se especula, se situaría en el 20%, en lugar del 18% actual. Según calculan los expertos consultados, en el escenario más optimista, esta modificación fiscal supondría un aumento en la recaudación poco significativo.

Es decir, mientras los productos de ahorro están perdiendo competitividad por la subida de su gravamen, a efectos prácticos no se solventa ningún problema de déficit del Estado, ya que es un pequeño parche para un gran descosido en las cuentas del Estado.

Sgún los datos de la AEAT en relación con la declaración del IRPF de 2007, el importe de la base liquidable del ahorro sometida a gravamen fue de 45.983 millones de euros. Por lo que, un incremento de dos puntos del tipo aplicable a la base del ahorro sobre este importe significaría un aumento de recaudación de unos 920 millones de euros, suponiendo que la base del ahorro no se vea reducida.

Sin embargo, si se toman como referencia los datos de 2008 (publicados en el informe de julio de 2009), se puede comprobar que ha existido una caída del 40% en las ganancias patrimoniales, por lo que el incremento recaudatorio citado sería en un escenario muy optimista.

En Europa
Una subida de dos puntos porcentuales en esta tasa supondría que la fiscalidad fuera más dura que en Reino Unido, Eslovaquia, Polonia y Luxemburgo, precisamente uno de los principales centros de inversión en Europa. Otros países como Francia y Alemania mantienen una fiscalidad por encima del 25%. En la actualidad, el tipo impositivo en España se sitúa en torno a la media europea.

De confirmarse, la subida de los impuestos al ahorro se convertiría en un jarro de agua fría para las compañías especializadas en prestar servicios de inversión.

Las gestoras de fondos de inversión ya sufrieron grandes salidas de inversores tras la modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a comienzos de 2007, que eliminó buena parte de sus ventajas frente al resto de productos de inversión al tratar de homogeneizar todas las vías de ahorro.

La fuga se puede producir en los no residentes (los que están fuera de España más de 183 días al año), ya que sí podrán elegir otros destinos para llevar sus inversiones fiscalmente más beneficiosos. No obstante, según los expertos consultados, muchas de las operaciones que realizan este tipo de inversores ya están exentas, por lo que afectaría a casos muy específicos.

El Gobierno elevó la tributación del ahorro en 2007, cuando las ganancias logradas con el ahorro a más de un año pasaron a pagar el 18% desde el 15% anterior. Por otra parte, estableció que los 1.500 primeros euros recibidos a través de los dividendos por los accionistas de las cotizadas no tributen.

Desde Inverco (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva), opinan que la subida de impuestos a las rentas de capital desincentivará el ahorro en un momento de crisis y plantea la necesidad de que haya una reforma en sentido contrario, es decir, una rebaja de impuestos a estos productos. Por otro aldo, subraya la necesidad de fomentar el ahorro a largo plazo para contrarrestar el complicado porvenir del sistema de pensiones español.

En la misma línea, el Instituto de Estudios Económicos también considera que esta medida no aumentará la recaudación y desincentivará la inversión y el trabajo.

El margen para subir el IVA o el Impuesto de Sociedades también presenta argumentos en contra. En el primer caso, el Estado español cuenta con uno de los gravámenes más bajos de toda Europa (16%), sólo superado por la rebaja especial y temporal hasta el 15% realizada por Reino Unido. No obstante, subir este tributo iría en contra de la tendencia seguida por los grandes países europeos. En el caso del Impuesto de Sociedades (30%), ya está por encima de media de la zona euro en el 25,9%.

Medida estéril
La configuración del IRPF como un impuesto dual requiere que una tributación diferenciada entre las rentas del ahorro y el resto de rendimientos. En este sentido, buena parte de los expertos consideran que elevar los impuestos de estas rentas no tendría un efecto recaudatorio relevante, salvo que la elevación fuese muy significativa.

La medida ha despertado críticas tanto desde el ámbito económico como político. PP y CiU han liderado la respuesta adversa a la reforma fiscal de Zapatero y los inspectores de Hacienda consideran que la medida quedará muy lejos de las necesidades reales que tiene el Estado.

Qué son las rentas de capital y cómo tributan
Desde 2007, los productos de ahorro tributan en España al 18%. Si el Ejecutivo español eleva el gravamen al ahorro entre 2 y el 3 puntos como se especula, la tributación de estos productos habrá aumentado más de cinco puntos porcentuales en sólo dos años. Y es que esta alza llegaría después de que en 2007 el ahorro a más de un año pasase del 15% al 18% actual. Por otra parte, se estableció que los 1.500 primeros euros recibidos a través de los dividendos por los accionistas de las cotizadas no tributen.

La tributación de la sicav, en tela de juicio
Por otro lado, la necesidad de recaudar impuestos ha vuelto a poner de manifiesto las ventajosas condiciones con las que cuentan las sicav. Los vehículos de inversión que utilizan los grandes patrimonios para canalizar sus inversiones gozan de un régimen fiscal de diferimiento de impuestos y tributan con un Impuesto de Sociedades del 1%, frente al 30% de las grandes empresas. Junto a ello, el gravamen que se les imputa por la venta de acciones y plusvalías es del 18%, como el resto de productos de ahorro.
Fuente: A. A. / J. Z/expansion