El PSOE busca muletas para la reforma fiscal

En el Gobierno se respira ya una cierta tranquilidad después de haber medido la contestación interna del PSOE y los sindicatos a la reforma fiscal incorporada a los Presupuestos de 2010. Como casi siempre suele ocurrir en la sede socialista de la calle Ferraz, las voces críticas que se disparan antes de una reunión importante se apagan cuando ésta se celebra o quedan totalmente anuladas por el discurso oficial. Véase, por ejemplo, lo sucedido en el último comité federal.

Poco después de que Salgado presentara los Presupuestos en el Congreso, la vicepresidenta se reunió con su grupo parlamentario para explicarle las líneas generales del proyecto de ley. En esta reunión a puerta cerrada, surgieron media docena de solicitudes al Gobierno para que incline el peso de la reforma hacia las rentas más altas y realice algún guiño que facilite a los diputados una defensa más holgada del aumento impositivo ante los electores.

Si nos atuviéramos a las palabras literales que la vicepresidenta vertió a sus parlamentarios, cabría deducir que la reforma fiscal apenas sufrirá retoques. Sin embargo, el tono que empleó Salgado para responder a algunas preguntas y los matices que incorporó a sus respuestas, permiten interpretar a no pocos diputados que se ha reservado un cierto margen de maniobra para dotar a esta reforma de un perfil más progresivo.

En el ala más a la izquierda del PSOE y en los sindicatos se ha elevado el disparo hasta cotas no conocidas desde 2004. Como botón de muestra, lean lo que escribe Cándido Méndez (UGT) en el último número de Temas: "Son necesarias políticas claras y correctamente explicadas a la ciudadanía. Para ello sería muy conveniente que quienes han de diseñar y explicar esas políticas estén convencidos del papel del Estado como elemento que redistribuye la riqueza que genera la nación. Aplicar y explicar una política socialdemócrata con un cuerpo de gestión y de pensamiento de orientación liberal es una tarea difícil que puede provocar contradicciones y no logra la necesaria pedagogía".

Al margen de este aviso, los sindicatos han llegado a defender, por ejemplo, el establecimiento de un impuesto sobre las grandes fortunas, la recuperación de los 1.800 millones anuales que Hacienda dejará de ingresar por la desaparición del impuesto sobre el patrimonio, y el impulso a un plan contra el fraude a través del cual sería posible aflorar más de 20.000 millones.

Son todas ellas iniciativas que han caído en saco roto. Sin embargo, han quedado en el aire algunas que Economía estudia desde hace semanas y a las que podría terminar siendo permeable si arrecia la presión de los grupos con los que el PSOE aspira a sacar adelante los Presupuestos. Según la interpretación de algunos de los diputados que escucharon el pasado martes las explicaciones de Salgado a puerta cerrada, su oposición a modificar la tributación de las sociedades de inversión de capital variable (Sicav) en el impuesto sobre sociedades es firme, no así las resistencias iniciales a que la inspección de éstas haga el camino de vuelta desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores hasta la Agencia Tributaria. Esta es una vieja aspiración de los inspectores de Hacienda, los mismos que en 2005 percibieron como una amnistía el cambio introducido por el Gobierno de José María Aznar en esta tarea supervisora cuando por aquel entonces se encontraban bajo vigilancia más de dos centenares de estas sociedades.

Los mismos diputados consideran que el rechazo de Economía a reconsiderar la eliminación total de la deducción de los 400 euros en el IRPF ya no es definitiva. El equipo de Salgado tiene calculada la recaudación que Hacienda obtendría si se discriminara esta deducción por niveles de renta y se mantuviera, por ejemplo, para aquellas familias que ingresan por debajo de los 24.000 euros anuales.

El PSOE necesita algún gesto del Gobierno que le permita ir a sus circunscripciones a explicar la reforma fiscal con un mínimo de desahogo. De ahí deriva, precisamente, la recomendación que ha trasladado Salgado a la dirección del partido para que deje de centrar la atención en las figuras tributarias sometidas a cambio y vuelque la mirada en aquellas partidas de gasto donde el prestigio del Gobierno y su obsesión por preservar la protección social pueden encontrar mayores aplausos.

El margen del Gabinete para responder a algunas sugerencias que le ha trasladado el Grupo Socialista y algunos partidos minoritarios de la oposición es realmente pequeño porque, entre otras razones, la llamada ley de Acompañamiento quedó enterrada en 2004 y la ley de Presupuestos no puede crear nuevas figuras impositivas. De ahí la confianza de IU-IC en que Zapatero aproveche la ley de Economía Sostenible para fomentar la fiscalidad verde. Salgado ya ha confirmado que estudia un nuevo impuesto sobre determinados medios de transporte.

El presidente prometió a la dirección del PSOE que la reforma fiscal le iba a gustar. Hasta ahora no se han conocido signos de entusiasmo. Lo que sí consta es que hay ministros del área política que explican mejor que algunos del área económica la apuesta de Zapatero por subir los impuestos. Según su versión, el objetivo no pasaría tanto por un afán recaudatorio, sino por la conveniencia de enviar a los mercados una señal comprometida con el regreso a la senda de estabilidad presupuestaria. Pese a lo que ha llovido, las agencias de rating siguen mandando lo suyo.
Fuente: Federico Castaño/cincodias