¿Quién lucha contra el fraude?

España es un país fiscalmente atípico: los trabajadores y pensionistas tributan más que los empresarios y la diferencia se ha triplicado en 14 años.

Por cada euro que ingresa el Estado en la lucha contra el fraude (4.183 y 4.715 millones en 2006 y 2007) se pierden dos por deudas canceladas por insolvencia, prescripción o anulación por los tribunales (8.237 y 7.309 millones de euros). La falta de medios humanos es una explicación al fenómeno, tal y como afirmó el Tribunal de Cuentas en un informe de 2007, pero detrás de esta escasez hay hechos sorprendentes. Según datos recogidos por este periódico, más de la cuarta parte de los inspectores de Hacienda (26% de los efectivos del cuerpo) y cerca de la mitad de los interventores y auditores (45%) disfrutan de algún tipo de excedencia.

Que haya equipos de investigación formados por un solo inspector podría parecer un dato absurdo si no fuera porque es cierto y así lo expone en sus documentos la asociación sindical de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Que después de miles de auditorias realizadas sobre los gastos de todos los organismos públicos, sólo se desprendan 15 informes especiales (aquellos que detectan alguna irregularidad) es producto de la incapacidad de hacer un adecuado trabajo si sólo hay 108 interventores y auditores en activo para controlar el enorme volumen de trabajo de los organismos y empresas de la Administración del Estado.

El censo del cuerpo de Inspectores de Hacienda asciende a 2.393 profesionales. El propio colectivo ha propuesto al Gobierno aumentar los efectivos en 600 profesionales durante los próximos años a través de la oferta de empleo público, por considerar que faltan efectivos. Y es que las cifras reales de quienes están actuando en primera línea en la lucha contra el fraude son todavía más pobres. Así, 617 inspectores disfrutan de diferentes tipos de excedencia. Algunos de ellos son políticos tan conocidos como el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, o la ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.

Del conjunto de los inspectores de Hacienda, un total de 745 ocupan cargos directivos en la Administración Central. Podría ser discutible si en esas situaciones se les puede considerar directamente involucrados en la lucha contra el fraude. El número se ha calculado de forma prudente, pero se trata de profesionales que no están realizando tareas específicas de inspección. Este elevado número de inspectores/directivos se debe por un lado al enorme tamaño que tiene el organigrama del Ministerio de Hacienda, y también a una política consolidada a través de los años de designar para puestos de responsabilidad a profesionales de este cuerpo. Su propia organización sindical (IHE) insiste en que la falta de oferta pública de empleo ha llevado a este colectivo a esos números, aunque defiende el trabajo de los inspectores que ocupan puestos de dirección. ""La edad media de los trabajadores de toda la Agencia Tributaria se aproxima a los 50 años", apunta la IHE, que advierte de que "la Agencia podría tener un problema importante de falta de efectivos en los próximos años, difícil de cubrir mediante los procesos de selección habituales".

Descontando excedentes y directivos, en la actualidad hay 1.031 inspectores de Hacienda directamente involucrados en tareas de inspección, una cifra tan baja que es fácil visualizar las dificultades para una efectiva lucha contra el fraude. La propia IHE pone de manifiesto que "en estos momentos, habría que preguntarse si 90 equipos de inspección y 180 inspectores pueden controlar a las 3.000 mayores empresas". Estas empresas abonan más de la mitad de lo que se recauda por el impuesto de sociedades, un tercio del IVA y más de un 35% de las retenciones del trabajo, según la misma fuente.

Para otros colectivos, el de los técnicos de Hacienda, el problema de la falta de efectivos podría subsanarse parcialmente si a los cerca de 8.000 técnicos se les reconociera capacidad para realizar las inspecciones. Esta es una reivindicación que defiende su colectivo a través de la asociación GESTHA. De hecho, los técnicos colaboran en muchas e importantes inspecciones, pero no están facultados para firmar las actas. "No se precisa un incremento sustancial de medios personales ni una cuantiosa asignación presupuestaria, basta con reorganizar las competencias de los empleados permitiendo a los técnicos desarrollar un trabajo de mayor contenido y alcance".

Fuentes de la Agencia Tributaria indicaron que el 58% de sus recursos se dedican a labores de inspección, aunque obviamente algunos deben desempeñar cargos directivos.

Asimismo, apuntaron que, aunque la labor de los inspectores es fundamental, los equipos también están formados por técnicos cuya plantilla es mucho mayor.

Un control del gasto sin "informes especiales"

Si hay falta de efectivos para controlar el fraude que puedan cometer las empresas privadas y los particulares, no parece asunto menor cuanto sucede en torno al control de las cuentas públicas, que depende del cuerpo de Intervención General de la Administración del Estado, formado por Interventores y Auditores. En este punto, el número de efectivos "activos" es todavía más bajo que el correspondiente a los Inspectores. De un total de 512 profesionales censados, un total de 228 está en situación de excedencia. Y de los 284 teóricamente activos, sólo 108 no ocupan puestos directivos. Es decir, el 21% del total.

Este cuerpo tiene la responsabilidad de fiscalizar el gasto que se realiza en 16 ministerios y 72 organismos públicos, además de entidades como RTVE, Patrimonio Nacional, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Estado, Dirección General del Tesoro y Dirección de Costes de Personal y Pensiones Públicas.

Forma parte de su obligación asistir a las mesas de contratación, realizar más de 2.000 auditorías y controles financieros, controlar igualmente las subvenciones nacionales (unas 250) y comunitarias (1.400 en el año 2005, por ejemplo), además de participar en la elaboración de la Contabilidad nacional y la emisión de informes al Gobierno y al Parlamento. La consecuencia de este enorme volumen de trabajo es la de que una mayoría de informes se firman "sin opinión", según fuentes consultadas, porque el interventor no ha participado en el trabajo. En los últimos cinco años tan sólo se han emitido 15 informes especiales de entre miles de controles. Es, desde luego, un trabajo excesivo para 108 interventores activos, que se cumple relativamente por la actuación de 900 técnicos de Auditoría y Contabilidad. Sin embargo, como sucede en el caso de los inspectores, estos técnicos no tienen firma, ante lo cual se produce un efecto perverso. Los técnicos no tienen derecho a emitir opinión y los interventores no se arriesgan a comprometerse ante una auditoría que ellos no han realizado personalmente.
Fuente: LUIS GÓMEZ /elpais