Una cuestión de Estado

Es cierto que existen separatistas, pero existen también muchos separadores. Y quien siembra vientos recoge tempestades.

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Una cuestión de Estado

Visto desde una cierta distancia puede parecer exagerada la reacción de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas catalanas -las únicas excepciones son las del PP y C's- ante la posibilidad que el Tribunal Constitucional cercene de forma significativa el ya vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Se equivocan quienes opinan que es ésta una reacción simplemente corporativa por parte de las formaciones políticas más importantes, desde aquellas que, como el PSC o ICV-EUiA, apuestan por un desarrollo federalista de nuestro Estado de las autonomías, hasta ERC, que defiende una opción independentista, pasando por la federación nacionalista CiU.

Y es que hay un dato fundamental al que al parecer no se le quiere dar la importancia debida: este nuevo Estatut, vigente desde hace ya cerca de tres años, fue aprobado en referéndum por la ciudadanía de Cataluña. Aquella consulta, de carácter vinculante, se produjo al fin de un largo proceso de elaboración del texto estatutario, elaborado inicialmente en el Parlamento catalán, que fue sometido a revisión con posterioridad en el Congreso de los Diputados y el Senado, para ser revalidado de nuevo por el Parlamento autonómico y sometido por fin al refrendo popular.

Si, como parecen apuntar diversas informaciones, definitivamente y tras cerca de tres interminables años de deliberaciones el Tribunal Constitucional acaba considerando que este Estatut no se ajusta a la Constitución, es evidente que en Cataluña se abrirá un conflicto no ya estrictamente político sino social. Y aquí no sirve la fácil excusa de la baja participación popular en el referéndum estatutario, puesto que si fuese así otros refrendos similares -por ejemplo, el de la mismísima Constitución- con bajos niveles de participación también podrían ser cuestionados.

El Tribunal Constitucional se enfrenta ahora a una decisión histórica, sin parangón en todo su historial. Por vez primera puede producirse una sentencia que anule una ley orgánica que no sólo fue aprobada por las mayorías parlamentarias de tres cámaras legislativas -el Parlamento catalán en primera instancia, el Congreso de los Diputados y el Senado en segunda- sino que además fue votada en referéndum por la ciudadanía afectada.

Nos hallamos ante una auténtica cuestión de Estado. Quienes han estado jugando hasta ahora con fuego pueden acabar no ya chamuscándose sino quemándose en las llamas por ellos atizadas. Si se confirman las peores previsiones, la desafección de una amplísima mayoría social catalana hacia nuestro actual sistema de convivencia plural y diversa puede crecer exponencialmente. Y es que es cierto que existen separatistas, pero existen también muchos separadores. Y quien siembra vientos recoge tempestades.
Fuente y autor: Jordi García-Soler es periodista y analista político/elplural