En mayo, los eurodiputados de Rajoy votaron contra que el juez cerrara webs. Mientras, bloquea el Constitucional para acabar con el Estatut y Zapatero

Muchos estamos razonablemente hartos de que los dirigentes del PP se cuelguen medallas en defensa de la libertad de expresión y, por supuesto, en defensa de la Constitución. Lo de la libertad de expresión se ha vuelto a producir ahora, con motivo de la polémica respecto al cierre de páginas web sin el visto bueno de un juez. El portavoz de Génova 13, Esteban González Pons -que últimamente ha multiplicado su protagonismo y se ha convertido en correoso ariete, ansioso de marcar goles incluso en fuera de juego-, ha calificado al Gobierno de "policía de Internet" y de "policía del pensamiento". Este género de frases -tan estentóreas como inexactas- conectan con otras muy recientes, también propagadas con enorme intensidad y persistente reiteración por el mismo portavoz.
Entonces, recientemente, el punto de mira de los impactos oratorios iba dirigido contra el Sitel, malévolo artefacto de espionaje colectivo, aunque los objetivos reales eran -que nadie se equivoque- José Luís Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba. O más claro todavía. Tal como demostró el Gobierno valenciano -metiendo una vez más la patita desde la lógica marianista-, el objetivo de fondo era el de intoxicar el ámbito judicial, procurando así desactivar el caso Gürtel y siguiendo la tradición del tenebroso caso Naseiro que el Tribunal Supremo archivó in sécula seculórum por una cuestión de procedimiento; o sea, colateral y ajena a los graves delitos presuntamente cometidos en el entorno de Manuel Fraga Iribarne y sus heraldos.

Homage to Catalonia
Entonces, recientemente, podíamos escuchar o leer que el Gobierno actúa como una especie de Big Brother del libro 1984, escrito por George Orwell. Por cierto, el británico Orwell también escribió Homage to Catalonia, o bien Homenaje a Cataluña, tras haber luchado durante un tiempo en la guerra civil española al lado de la II República, siendo él profundamente crítico con el estalinismo. En todo caso, lleve cuidado González Pons mencionando a Orwell, porque su partido no está precisamente en el mejor momento para homenajear a Cataluña y ese desliz, mal interpretado en el interior del convento popular, le podría costar muy caro.

Vidal y Moa
Llama en todo caso la atención -hasta la perplejidad máxima- la capacidad que tiene la derecha para reescribir, según el modelo César Vidal o Pío Moa, la historia pro domo sua. En 2002 un proyecto de ley del Gobierno Aznar permitía que una ambigua "autoridad competente" clausurara páginas de Internet. Y no se aludía a juez alguno. ¿Alguien oyó, hace siete años, al menos a un solo mandatario del PP protestar, en nombre de la libertad de expresión, por esa circunstancia?

¿En Europa, sí; en España, no?
Pero es que en este año, el 2009 -a punto de finalizar-, los eurodiputados del PP votaron en contra o se abstuvieron ante una enmienda que propugnaba, a propósito de los controles de Internet, que "no se podría imponer ninguna restricción al uso de Internet sin resolución judicial previa". Sucedió en mayo. Los populares votaron en contra o absteniéndose respecto a la conveniencia de que fuera la justicia quien, en último término, regulara los contenidos de las web. ¿En Europa, sí y en España, no, Sr. Rajoy?

Textos inequívocos
Vayámonos a la Constitución. Proclaman los seguidores de la derechona su fervor inmenso por la Constitución. Pero lo cierto es que José María Aznar, en 1979, expresó repetidamente y por escrito su desdén y su discrepancia evidente respecto a la Constitución de 1978, tal como tuve la oportunidad el sábado pasado en La Noria de recordárselo a Miguel Ángel Rodríguez, el gran amigo del ex presidente. Rodríguez trató de zafarse de mi afirmación rotunda, acogiéndose a ironías estólidas y negó la mayor, pero ayer mismo difundimos desde El Plural textos inequívocos - publicados por Aznar en La Nueva Rioja- que situaban en la derecha extrema al autor de los mismos. También hay pasajes, faltaría más, de elogio -más o menos explícito- hacia el dictador, el llamado Caudillo.

Arma arrojadiza
Tanto María Dolores Cospedal ["de", no] como Soraya Sáenz de Santamaría atacaron el sábado 6 de diciembre, con furor y sin citarlo, a José Montilla, presidente de la Generalitat catalana. Ahora los peperos -en relación con el texto constitucional- son "más papistas que el Papa" y esgrimen la Constitución como arma arrojadiza. Pero los tres presidentes de la Generalitat restaurada -Jordi Pujol, Pasqual Maragall y ahora José Montilla- apostaron ellos y sus partidos, claramente, por la Constitución que acaba de cumplir 31 años. Y apostaron buscando puentes de concordia y entendimiento. Con UCD, de derecha hegemónica y gobernando, aquello fue afortunadamente posible.

Fraude y engaño
Quien ha roto ese consenso fue el PP, a raíz de toda la campaña contra el nuevo Estatuto, capitaneada por Mariano Rajoy, que culminó en el Tribunal Constitucional. ¿Puede haber más fraude y más voluntad de engaño a ese Tribunal que el hecho de que los populares hayan denunciado artículos del Estatuto que son iguales o muy similares a los de otros estatutos posteriores, como el de Valencia o el de Andalucía, que no han sido objeto de ningún recurso?

De modo torticero
Ha sido el PP el que ha bloqueado la renovación de cuatro magistrados del Constitucional y el de uno que ya falleció. De este modo tan torticero confía Rajoy en que el Constitucional, desnivelado hacia la derecha, le dé un solemne bofetón a Montilla y, por consiguiente, a la mayoría de los catalanes. El severo traspiés catalán significaría además un duro golpe para Zapatero. Hay que azuzar el fuego de manera que la hoguera contribuya a que el PP se presente como bombero cuando, en este ámbito, no ha hecho otras cosa que ejercer de pirómano empedernido. Mientras, emula al perro del hortelano. Ni come ni deja comer.
Fuente y autor: Enric Sopena es director de El Plural