Lecciones eternamente pendientes
España es un país inacabado en los términos en que se consideran las democracias occidentales. Los debates perpetuos sobre las mismas cuestiones evidencian no sólo una falta de consensos básicos sino la inexistencia de unas normas estables que garanticen que el principio de seguridad jurídica se entronque con la cancelación de dudas sobre cuestiones básicas de la convivencia.
Sin duda la Transición fue interrumpida por el vendaval que trajo a José María Aznar a la política nacional. El joven ex falangista prometió que metería todos los temas en la trituradora política y cumplió su amenaza. No ha quedado nada exento del debate más agotador, sea la política antiterrorista, los asuntos de seguridad, la política exterior, los servicios de inteligencia... Y, por otra parte, no es sólo la derecha la que se resiste a establecer unos parámetros estables propios de una democracia moderna. Observando lo que están haciendo los partidos nacionalistas catalanes -incluido el PSC- con el Tribunal Constitucional y el ataque del PP a las instituciones para tratar de evadir las responsabilidades del caso Gürtel, se comprueba que a España, como estado moderno, le falta más de un hervor.
La nueva ley de interrupción del embarazo ha resucitado un debate que pareció que se resolvía hace 25 años. La normativa comunitaria sobre símbolos religiosos en los colegios amenaza con una guerra de religión en quienes quieren entender el hecho de que las aulas de enseñanza sean un terreno neutro ajeno a cualquier religión es una ofensa para quien ha estado en situación de privilegio. La Iglesia quiere seguir utilizando los servicios del Estado para realizar su catequesis sin conformase con el uso de sus parroquias como ocurre en toda Europa.
Los españoles hemos olvidado la implicación de la Iglesia Católica en la dictadura de Franco, su complicidad activa con ese régimen sanguinario al que apoyaron a cambio de tener una situación de privilegio y de ingerencia en la sociedad civil. Ese tiempo se acabó. Y además no hay espíritu de revancha a pesar de la imprudencia permanente de una Conferencia Episcopal ultramontana.
Es responsabilidad de los poderes públicos trabajar para cerrar estos debates eternos y buscar áreas de consenso que permitan apuntalar las normas básicas como indiscutibles para que la vida democrática en España sea transitable. Y en esa tarea tiene un especial compromiso el Gobierno por ser quien está en el poder.
Fuente y autor: Carlos Carnicero es periodista y analista político/elplural
