Hacienda destapa comisiones opacas de nueve cargos del PP por 3,8 millones

Nueve altos cargos del PP de Madrid involucrados en la trama Gürtel no declararon al fisco 3,8 millones de euros que supuestamente recibieron, entre 2004 y 2007, de las sociedades corruptas que dirigía el cabecilla de esa red, Francisco Correa. Así se desprende de un informe que tiene ultimado la Agencia Tributaria y que, según distintas fuentes, será aportado en breve al sumario que tramita el juez de Madrid Antonio Pedreira.

Hacienda ha analizado e informado sobre los datos contenidos en una carpeta azul que la Brigada de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía decomisó a José Luis Izquierdo, el contable de las sociedades corruptas. Hacienda sostiene que estas cantidades "posiblemente han sido cobradas y no declaradas".

Son anotaciones sobre pagos en dinero negro hechos supuestamente a estos altos cargos -entre ellos, tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid y tres ex alcaldes de importantes municipios madrileños- a cambio de contratas fraudulentas y otros lucrativos favores realizados desde instituciones públicas gobernadas por el PP. Al margen de esos pagos, que suman 3,8 millones de euros, Hacienda también indaga otros sobornos económicos aparecidos en otros extractos de la contabilidad B de las sociedades de Correa. Y tiene constancia de otras prebendas y viajes recibidos por algunos de estos nueve ex altos cargos: coches, viajes...

Sólo los tres diputados del PP, al menos dos de ellos de especial confianza de la presidenta regional Esperanza Aguirre, habrían percibido de la trama, según Hacienda, casi un millón de euros, de los que no dieron cuenta al fisco, motivo por el que la Agencia Tributaria entiende que han podido cometer un delito fiscal. Tanto los tres diputados como los cuatro alcaldes fueron forzados por el PP a dimitir de sus cargos o abandonar el grupo. Los diputados forman ahora parte del grupo mixto en la Asamblea y siguen cobrando sus sueldos públicos.

Al diputado Alfonso Bosch, ex gerente de la empresa municipal de suelo del municipio madrileño de Boadilla del Monte (Madrid), Hacienda le reclama, por el dinero percibido y no declarado (250.000 euros en sobornos), una cuota a pagar cercana a los 100.000 euros. A Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes del Gobierno de Aguirre, el fisco le ha descubierto ingresos no declarados que suman otros 352.000 euros. Es a quien más dinero le reclama Hacienda de los tres diputados implicados.

A Benjamín Martín Vasco, diputado y ex responsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey (Madrid), el fisco le atribuye la recepción de unos 340.000 euros, siempre según fuentes conocedoras del informe.

Por su lado, a tres de los cuatro ex alcaldes madrileños imputados, el fisco les atribuye la percepción total de 1,6 millones de euros en dinero negro. De entre los ex ediles, y sólo por este concepto, el que más dinero líquido ha recibido y no ha declarado al fisco es Arturo González Panero, ex regidor de Boadilla del Monte (642.000 euros), seguido de los ex alcaldes de Arganda del Rey, Ginés López (534.000 euros), y Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda (455.000). Aunque Sepúlveda, igual que los otros alcaldes, fue forzado a dejar sus cargos, trabaja en la sede del PP.

El informe de la Agencia Tributaria, que estará listo para ser entregado al juez esta misma semana, se centra también en Tomás Martín Morales, vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte. Hombre de confianza de González Panero en el Ayuntamiento, Hacienda le atribuye haber cobrado y no declarado 450.000 euros. Supuestamente, a cambio de las contratas que dio a dedo a distintas constructoras cómplices tras la intermediación de Correa. Los otros dos investigados por el fisco en el marco de la trama de Madrid son Gerardo Galeote, ex eurodiputado del PP en la pasada legislatura, y el padre de éste y ex concejal de Boadilla, José Galeote. En total, Hacienda considera que ambos no declararon casi 800.000 euros.
Fuente y autor: JOSÉ MANUEL ROMERO / JOSÉ A. HERNÁNDEZ /elpais