La Ley concursal saldrá en auxilio de los contratistas
El Gobierno reformará la norma Concursal y la de Contratos Públicos. Corregirá el diferente trato legal a los contratistas, obligados a detenerse al entrar en concurso. La Comisión que prepara la reforma de la Ley Concursal, que estará lista el próximo verano, está trabajando para que el nuevo texto ayude a las empresas que contratan con el sector público que entren en concurso, ya que la Ley Concursal vigente y la Ley de Contratos del Sector Público las dejan en la estacada y no les permiten seguir su actividad en situaciones de insolvencia. Con la reforma quieren que estas empresas, igual que el resto, puedan mantener las operaciones. Para ello, se tendrá que modificar también la Ley de Contratos del Sector Público.
Todo ello, teniendo en cuenta que, a menudo, es la propia morosidad de la Administración la que provoca el concurso de estas compañías. Y que el objetivo de la norma concursal --tanto de la vigente como de la que se prepara--es ayudar a las empresas con un concurso que suponga un reflote y no una liquidación, lo que se hace con el resto de compañías. A fin de cuentas, el número de concursos en el cuarto trimestre de 2009 se incrementó un 42% respecto al mismo periodo de 2008 y se acercó a 6.000 en todo el año.
El presidente de la Comisión, Santiago Hurtado, secretario General Técnico del Ministerio de Justicia, asegura que «se ha detectado que la Ley de Contratos del Sector Público parte de un automatismo que va en contra del criterio de la reforma concursal», asegura. Matiza que se ayudará a las empresas desde la «garantía a los intereses públicos y de la Administración», es decir, «se buscará el equilibrio de intereses para que las empresas que se estime oportuno puedan mantener su actividad».
De esta forma, Hurtado concreta que «los cambios se realizarán tanto en la normativa concursal como en la Ley de Contratos del Sector Público». Y detalla que «la Comisión ya ha cerrado el análisis general de la reforma concursal y ya ha entrado en el fondo de los artículos a modificar». Contando con los informes pertinentes (CGPJ, Consejo de Estado, etcétera) calcula que «podría estar lista después del verano». Miguel Ángel Alonso, socio de Roca Junyent, añade que esta reforma «era un clamor» entre las empresas, que huían del sector».
Para Raquel Ballesteros, socia de Bird & Bird, «el diferente trato legal a los contratantes privados y a los públicos en casos de insolvencia de sus contratistas resulta dudosamente sostenible, jurídica y moralmente: aunque el interés general permite diferencias a favor de la Administración, éstas han de responder a una necesidad objetiva (así lo estima el Constitucional)».
Ballesteros recuerda que «sólo en el sector de los suministros sanitarios la deuda de la Administración supera los 4.000 millones, con un periodo de pago de 232 días».
Por último, Antonio Fernández, socio responsable del Área de Reestructuraciones e Insolvencias de Garrigues, concluye que «la oportunidad para esta reforma es máxima». «Resulta desconcertante que quien coadyuva a causar los concursos pueda salirse de ellos dejando a la empresa sin actividad e impidiéndola licitar a nuevos contratos mientras este en situación concursal», señala a preguntas de este diario.
Fuente y autor: Mercedes Serraller/expansion
