Los obispos salvan al Rey de las execraciones contra la ley del aborto

El Trono y el Altar no se enfrentarán por la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida como ley del aborto. Aprobada ayer por el Senado, la norma entrará en vigor cuando el Rey estampe su firma para su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Pero los obispos no excluirán del sacramento de la Eucaristía al monarca por esa rúbrica. Lo ha dicho hoy el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el jesuita Juan Antonio Martínez Camino. Las severas execraciones episcopales alcanzarán sólo a los diputados y senadores que han votado la polémica reforma. Esos están fuera de la comunión eclesial, entre otros, el presidente del Congreso, José Bono, católico confeso.

"Que Su Majestad el Rey tenga que sancionar con su firma una ley es una situación única. No hay ningún otro ciudadano que se encuentre en esta situación. Por lo tanto, no son posibles los principios generales para una situación única", ha señalado Martínez Camino en conferencia de prensa. Su tesis es que una cosa es lo que haga "Su Majestad el Rey, que es un caso único, y otra cosa es lo que haga un político con su voto, que tiene consideraciones diversas".

El portavoz Martínez Camino, obispo auxiliar del cardenal Antonio María Rouco en Madrid, se ha enfrentado hoy a un debate incómodo. Hasta siete periodistas le han preguntado sobre la contradicción que supone execrar de todos los políticos que hayan votado esa ley, amenazando con negarles la comunión si osan acercarse a recibirla, y su comprensión hacia la firma del Rey bajo ese documento legal, imprescindible para su entrada en vigor. "No voy a hablar más del asunto porque he dicho todo lo que tenía que decir. A todos los católicos, pertenezcan al partido que pertenezcan, se encuentren donde se encuentren, les hemos trasladado la doctrina general de la Iglesia, y las consecuencias que tiene el apoyo a esa ley", ha zanjado finalmente.

'MajestadNOfirme.com'

La campaña 'MajestadNOfirme.com', jaleada con estruendo en varios medios de comunicación católicos, lleva recogidas unas 50.000 firmas de ciudadanos que animan a Juan Carlos I a no sancionar la ley del aborto. "Su Majestad ha demostrado a todos los españoles que es una persona valiente, sensible a las inquietudes de su pueblo y que sufre con los que sufren. Por eso me dirijo a vos, al considerarle el último recurso que nos queda para impedir lo que, sin lugar a dudas, será una de las mayores injusticias que van a cometerse en la historia de España. Por favor, Majestad, no sancione con su firma este nuevo holocausto. Aunque esta valiente decisión le traerá contratiempos, sin su firma la ley no entrará en vigor", le dicen los firmantes en una carta abierta.

Aunque sin citarlo, la campaña tiene un antecedente también regio. Ocurrió en Bélgica en 1990, cuando el Parlamento de ese país aprobó la despenalización del aborto y el rey Balduino renunció al trono durante 36 horas aduciendo objeción de conciencia. La treta legal, amparada por la Constitución, consistió en la declaración por el Consejo de Ministros belga de "la incapacidad temporal para reinar del representante de la Corona", asumiendo sus poderes de firma el Boletín Oficial del Estado.

Lo hizo el entonces primer ministro, el cristianodemócrata Wilfried Martens, con la publicación de una edición especial del Boletín donde anunciaba la incapacitación temporal del Rey y la asunción de todos sus poderes. Consumado el engorroso trámite, el Senado y la Cámara de Diputados belgas, reunidos en sesión extraordinaria, acordaron devolver a Balduino sus poderes constitucionales y revocar la incapacitación temporal dictada por el Gobierno de Martens. Pero la votación dejó huellas. Votaron a favor de esa decisión 245 parlamentarios y hubo 93 abstenciones, además de la ausencia intencionada de 57 legisladores.

Protestas en marzo

La Conferencia Episcopal ha acordado en la reunión de su Comisión Permanente de esta semana llamar a la movilización de los católicos hasta lograr la abolición de la nueva ley del aborto "cuanto antes". En este marco, han convocado para el día 25 de marzo una jornada por la vida y familia en toda España y expresan su apoyo a las manifestaciones convocadas por grupos llamados "provida" el día 7 del mismo mes.

Según informa Europa Press, a la protesta de los obispos se suma la de la Red Europea del Instituto de Política Familiar (IPF), que ya ha comunicado que exigirá en el Parlamento Europeo en marzo la derogación "inmediata" de la nueva ley del aborto porque provocará, a su juicio, que España se convierta, junto a Francia y Reino Unido, en el país de la UE con mayor número de abortos en 2015.
Fuente y autor: JUAN G. BEDOYA/elpais