Garzón y la conspiración global: paralelismos con el 11-M

El día que se conoció que Baltasar Garzón había anunciado la orden de practicar escuchas sobre las comunicaciones de los principales acusados del caso Gürtel con sus abogados se me encendieron todas las alarmas. Estaba en el programa La Hora 25, que dirige Angels Barceló. Y allí quedo registrada mi preocupación por una práctica que a mi juicio era ilegal y que podía llegar a ser tan perniciosa como para facilitar la nulidad de algunas actuaciones por violación de garantías jurídicas. Entonces dije que la actuación de Garzón me parecía contraria a derecho y que él mismo se hacía responsable de la eventualidad de que las pruebas pudieran anularse. Y que si eso llegase a ocurrir -que el caso Gürtel se desinflara por un fallo en la práctica judicial de Garzón- sería absolutamente imperdonable. Y si se produce, ¿quién más puede ser responsable que el juez, que según los tribunales, vulneró un derecho fundamental?
El periódico El País publicó el pasado día 14 una entrevista con el decano del colegio de abogados de Madrid, Antonio Hernández Gil, que recomiendo fehacientemente. Dice Antonio Hernández Gil
que "lo de Garzón es gravísimo..." y se refiere a la autorización indiscriminada de realizar escuchas a los abogados del caso Gürtel en las conversaciones profesionales con sus clientes. El caso es que en el Tribunal Superior de Madrid, la posición de la mayoría de la sala es la de anular parcial o totalmente las mencionadas escuchas. Dice el decano de los abogados de Madrid, que se ha personado en la causa, amparado por su junta directiva: "No se puede escuchar a un abogado (en conversaciones con su cliente) por si comete un delito". El derecho constitucional a una defensa y al secreto en las relaciones entre el abogado y su cliente es parte fundamental del estado de derecho y habrá que decidir si lo que se está enarbolando, que el fin -impedir blanqueo de dinero y operaciones ilegales y conseguir pruebas condenatorias- justifica los medios de saltarse la ley es de recibo en una sociedad democrática constituida en estado de derecho.

Soy consciente de que en estos momentos poner en cuestión algunas actuaciones del juez Garzón es una empresa arriesgada, sobre todo si se hace desde un pensamiento progresista, porque se ha establecido que existe una cruzada de la derecha más dura para acabar con el juez. Yo sostengo que lo relevante no es la existencia de la cruzada por muy execrable que sea, sino averiguar si en la Audiencia Nacional está radicado un juez capaz de vulnerar el estado de derecho.

Y en esa campaña para denunciar la conspiración contra Baltasar Garzón están empleando toda su artillería importantes medios de comunicación, el propio gobierno, la fiscalía del Estado y muchos intelectuales que siempre se identifican con causas que vienen bien para, sin tener en cuenta los medios, los procedimientos y las garantías, conseguir los fines que se proponen.

Hay varias preguntas claves que conviene responder con serenidad. ¿El juez Garzón vulneró gravemente los derechos constitucionales de la defensa al ordenar genéricamente las escuchas de los abogados con sus clientes?

Si es así, el único responsable de la previsible anulación de las pruebas es el propio magistrado que actuó con irresponsabilidad y cercenando garantías jurídicas que debe tener el más abominable de los acusados.

Segunda pregunta: ¿El juez Garzón actúo conforme a derecho cuando contra los criterios reiterados de la fiscalía se empecinó en abrir una causa general contra el franquismo, bajo pretexto de los derechos de las familias de las víctimas a ser atendidos convenientemente en sus reivindicaciones? Es importante la respuesta, porque por muy sagrados que sean los derechos de las víctimas, lo sustantivo es saber si el juez abusó a sabiendas de los márgenes que le concede la ley para iniciar un procedimiento.

Toda la algarabía de denuncias sobre la persecución contra Baltasar Garzón se apoya en la sospecha de que el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo - y ahora también el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Colegio de Abogados- estarían urdiendo un complot para sancionar y acabar con este juez de la Audiencia Nacional. Una conspiración con tintes tan graves como acusar a la Justicia de ser una continuidad del franquismo.

Quienes practican estas soflamas se están poniendo en el mismo plano de quienes denunciaron un complot para que no se conociera la trama verdadera del 11-M. En definitiva, salvar al Juez cargándonos el sistema judicial, que al ser denunciado de corrupto pierde toda la fiabilidad sin la cual un estado de derechos, no tiene donde agarrarse. El problema es que no sólo la extrema derecha y los corruptos de Gürtel hacen la denuncia. Las palabras del decano del colegio de abogados de Madrid, por mucho que trató el periodista de sacarlo de su lugar, dejan poco sitio a las dudas.
Fuente y autor: Carlos Carnicero es periodista y analista político/elplural