¡Pero qué carajo de justicia es ésta que persigue a un juez que combate crímenes y corrupciones!

Desde la caída de la República de Weimar (1933), hasta el final de la II Guerra Mundial, el Partido Nazi fue la única fuerza política legal en la Alemania de Adolf Hitler. A partir de entonces, el Partido Nazi fue declarado inequívocamente ilegal. Sin embargo -y de acuerdo con el axioma de hecha la ley, hecha la trampa- han sido legalizados en la Alemania democrática algunos sucedáneos -más o menos maquillados en función de los distintos criterios judiciales-, como el NPD, surgido el año 1964.
En España, desde la caída de la II República, oficialmente proclamada el día 1 de abril de 1939 -tras tres años de guerra civil, consecuencia del golpe de Estado de 1936-, la única fuerza política legal hasta el final de una sangrienta dictadura que duró cuarenta años fue Falange España de las JONS. El decreto de unificación del general Francisco Franco, el 19 de abril de 1937, fusionó a la Falange y a la Comunión Tradicionalista (carlistas o requetés), bajo la denominación de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Más tarde, se optó por el término Movimiento Nacional, un eufemismo para difuminar el protagonismo omnímodo de los falangistas. En todo caso, y por desgracia, la Falange nunca fue ilegalizada en la España constitucional.

Ominoso régimen
De modo que el partido vertebrador del ominoso régimen franquista, Falange Española de las JONS -que mantuvo estrechas vinculaciones con el nazismo y el fascismo, lo que fue una de las claves determinantes de la victoria militar, conseguida gracias al respaldo bélico de Hitler y Mussolini-, pasado el tiempo, se ha convertido en relación al Tribunal Supremo nada menos que en el rey del mambo. El pintoresco juez Luciano Varela -por ser benevolentes en la descripción del personaje- ha permitido a los falangistas, previo pago de 6.000 euros, una cantidad por lo demás ridícula, que se personaran como acusación en el proceso contra el juez Garzón. Peor aún. Mientras Su Señoría tomaba semejante decisión -que roza la aberración y que parece un insulto a la democracia española-, ha rechazado, de momento, el testimonio de juristas de gran prestigio internacional, favorables a las tesis de Garzón.

Cariz inquisitorial
Asistimos perplejos, y cada día más indignados, a la persecución -de cariz inquisitorial-, a la que está siendo sometido el juez Garzón. Tanto la extrema derecha [Falange Española y el mal llamado Sindicato Manos Limpias] como el Partido Popular -desde donde Federico Trillo procura mover los hilos del complot judicial contra Garzón- se han conjurado para laminar a quien trató de detener a un asesino como Pinochet y luego, hace bien poco, investigar los crímenes del franquismo. ¿Qué carajo de justicia es ésta que, en lugar de apoyar al juez y a los fiscales que exigen investigar crímenes, da carta blanca a parte de los criminales o de sus herederos? ¿Qué carajo de periodismo es éste que se pliega con entusiasmo a las estrategias genovesas? ¿Cómo es posible que unos jueces -si no es por su ideología ultramontana- otorguen más crédito a los verdugos que a los que defienden a las víctimas, en su mayoría sepultadas como si fueran animales.

La careta de Rajoy
Mariano Rajoy ha vuelto una vez más a quitarse su careta de presunto moderado. En su obsesión por flagelar cada día al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el líder de la derecha ha cargado contra él por enaltecer "la valentía del juez Garzón en la lucha contra el terrorismo de ETA". Otra vez, los populares se han retratado. Se llenan la boca condenando a ETA, pero utilizan a esa banda de desalmados pro domo sua, siempre que les conviene. ¿O no demostraron el 11-M y los días siguientes que necesitaban a ETA como fuere? ¿O no les llamó José María Aznar Movimiento de Liberación Nacional Vasca cuando pretendía trasformarse en el Príncipe de la Paz?

No nos engañemos
En este asunto, el PP juega -no nos engañemos- a salvarse de sus supuestos delitos a costa de la trama Gürtel. Ésa es su baza más importante. Han logrado ya los conservadores varios éxitos consecutivos. Acabar con Garzón es su objetivo. Creen que, liquidado Garzón, podrían abrirse las puertas judiciales para exonerar a los corruptos en base a cuestiones formales o procesales, que no es del todo difícil manejar. Convertir a Francisco Correa de acusado en fiscal de facto puede parecer increíble, pero lamentablemente es verdad. Hay jueces en este país que son capaces de que Correa pueda acusar tranquilamente a Garzón o que Falange Española de las JONS, el partido del Caudillo de España por la Gracia de Dios, haga lo propio. ¿Pero qué carajo de justicia es ésta que persigue a un juez que combate crímenes y corrupciones, mientras otorga crédito a partidos totalitarios y a presuntos delincuentes?
Fuente y autor: Enric Sopena es director de El Plural