Una pirámide de crisis superpuestas

No parece razonable que todas las noticias relacionadas con la política y la economía promuevan desacuerdos, broncas y descalificaciones. Parece que la política hubiera dejado de ser el arte de resolver los problemas para transvertirse en la técnica para complicarlos. Y esa es, sin duda, la principal causa de la desafección de los ciudadanos hacia los partidos políticos.

wHay una crisis económica de la que es muy difícil hablar sin caer en la reiteración. Pero no hay una onda fija en su tratamiento; si habíamos convenido en algún momento que la salida de la crisis era la suma del crecimiento económico y la creación de empleo con la transformación de sistema económico para enfocarlo en una nueva dirección, no puede ser que esa sea noticia de un día en vez de la constante estratégica de una obra continua siempre en la misma dirección.

La confrontación del Gobierno con la oposición es total salvo en algunos acuerdos parciales que no merecen en absoluto la categoría de pactos; como mucho, coincidencias en medidas absolutamente indiscutibles. Pero llama la atención el desacuerdo fundamental del PP: este partido es partidario de bajar los impuestos. Pues bien, en los otros dos países del Mediterráneo que tienen problemas de la misma naturaleza que España, bien es verdad que más profundos y graves, no sólo no bajan los impuestos sino que los están subiendo. Portugal ha anunciado un importante incremento de los impuestos a las rentas altas, además de otras medidas de ajuste. Y en Grecia las medidas tomadas tienen una crudeza al alcance de la vista de cualquiera.

El PP no puede pretender tener credibilidad predicando desde la oposición bajada de impuestos, incremento de ayuda a las Pymes y a las familias, sin dejar de atender las prestaciones sociales comprometidas. Esas cuentas no pueden salir nunca.

La crisis política que soporta la económica es anterior a los problemas financieros y nace de la alteración de la vida política con la tecnología de la confrontación instalada por el PP y, que en algunos momentos, ha sido sin duda la causa principal de que perdiera las elecciones.

Pero todavía existe una crisis más grave que las anteriores. La crisis institucional de las bases de nuestro sistema de convivencia. Ahora mismo el sistema judicial español está en la picota y es atacado por todos los frentes. Nos quejamos de que desde Venezuela se hable de mafias y dependencias políticas de la Audiencia Nacional y al mismo tiempo se producen manifestaciones -hasta el presidente de Gobierno- a favor de un juez que está siendo investigado por los tribunales. Se aplaude o se denigra los procedimientos incoados a Baltasar Garzón en función de ideologías o connivencias de intereses; pero si se colige que hay una persecución judicial contra el magistrado de la Audiencia Nacional, la consecuencia inevitable de esa afirmación es que el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial forman parte de una conspiración. Y si se cree que eso es así, ¿sólo en el caso de Garzón? Y, ¿por qué no en los procedimientos contra ETA o en cualquier otro asunto?

Si estamos en un país en que las querellas tienen o no vigencia en función de quien las pone, tendremos que cambiar la Constitución para quitarles derechos a los fascistas y a los impresentables. Porque al final, el problema no es quien denuncia sino la veracidad de los hechos y si se ajustan o no a la legalidad. O, de otra manera, habrá que dar un carné de querellante en función de que la ideología de quien pretenda ejercer la demanda sea acorde con los gustos, usos y costumbres. Desde luego, los querellantes de Garzón son de todo menos recomendables. Pero, ¿se les puede quitar, por el hecho de ser fascistas, su capacidad para ejercer acciones legales, si no están inhabilitados por una sentencia judicial?
Fuente y autor: Carlos Carnicero es periodista y analista político/ www.ccarnicero.com/elplural