Zapatero da alas a subir los impuestos a las rentas altas

Elevar los impuestos tiene un coste político. El Gobierno insiste en que la subida del IVA ayudará a mantener vivas las políticas sociales. Por buenos que sean estos propósitos, un castigo fiscal no enternece el corazón del contribuyente en tiempos de crisis.

Máxime si se trata de un impuesto sobre el consumo que, en opinión de muchos, penaliza de forma especial a las clases medias y bajas. De mejor prensa goza el extinto Impuesto de Patrimonio, una especie de tributo Robin Hood contra las fortunas.

Los sindicatos UGT y CCOO y partidos de izquierda como IU-ICV, ERC, BNG y UPyD están presionando para recuperar el Impuesto de Patrimonio. "Si hubiéramos previsto esta crisis, no hubiéramos eliminado Patrimonio", sentenció Elena Salgado la semana pasada.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, incluyó la supresión de Patrimonio en su programa electoral y la llevó a término un mes después de las urnas, en abril de 2008. Entonces, argumentó que se trataba de un impuesto residual que castiga a las clases medias. La recaudación, de apenas 2.000 millones de euros, estaba cedida a las comunidades. Por eso, el Gobierno prometió a los ejecutivos regionales compensarlas.

La sorpresa para muchas autonomías saltó el lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Éstas esperaban ingresar una compensación por Patrimonio que, finalmente, ha quedado integrada en los mecanismos propios del nuevo modelo de financiación. Es decir, cuentan con 2.000 millones de euros menos de lo previsto, un parche importante si se tiene en cuenta el histórico déficit de las autonomías. Con cambios como este, más voces apuntan a que el Gobierno está facilitando que las comunidades no hagan ascos a una posible vuelta de Patrimonio que contribuya a reducir el déficit.

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, cargó ayer contra los "palos de ciego" que el Gobierno está dando en asuntos como el del IVA o la retirada del cheque de 400 euros. La supresión de Patrimonio fue, en su opinión, una "medida inexplicable que beneficia sólo a quienes tienen cierto patrimonio".

Lo cierto es que antes de que Zapatero anunciase la eliminación de este tributo -extinguido ya en casi todos los países de la OCDE- muchas autonomías ya habían incluido bonificaciones y reducciones. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, se adelantó incluso a Zapatero en la supresión del tributo.

"Por nuestra parte, no apoyamos la recuperación de Patrimonio. Pero en caso de hacerlo, debe partir de un debate general sobre el sistema fiscal en conjunto. Es necesaria una respuesta de ámbito estatal a los problemas del déficit. De nada sirve volver a los particularismos y los litigios territoriales", argumentan a este diario fuentes del Principado de Asturias.

"Una imposición especial a las rentas más altas a nadie le puede repugnar. Pero hay que atinar y se coherente con el discurso. ¿Por qué las sicav tributan tan bajo? Es necesario reestructurar toda la imposición directa (IRPF, Sucesiones, Donaciones), no sólo una figura", matiza Miguel Ángel Blanes, director de Tributos de la Región de Murcia.

Claridad
"No podemos estar en esta política pendular y de parches. Recuperar el Impuesto de Patrimonio sería un inmenso error. No tiene mucho sentido más allá del puramente censal. Dar marcha atrás es un mensaje horrible a los inversores", argumenta el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Juan Carlos López-Hermoso.

"El Impuesto de Patrimonio recauda poco y castiga a los patrimonios menos productivos. Es decir, aquellos de las clases medias que, por una razón u otra, tienen menos capacidad para moverlo. Las grandes fortunas escapan de él", añade Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas Fiscales (Reaf).

Ambos expertos creen que, en los últimos años, se ha producido una "sobredimensión" del gasto público del Estado y las autonomías. Por eso, medidas puntuales como la recuperación de Patrimonio no contribuirían a reducir un déficit que en 2009 alcanzó el 11,2% del PIB. Es decir, más de 110.000 millones.

Alternativas
1. Patrimonio apenas suponía el 1% de la recaudación autonómica. Pero su relevancia política es más alta.

2. Sanmartín apuesta por "alternativas" de ingresos "bien ponderadas". Como nuevos hechos imponibles.

3. López-Hermoso insta a las CCAA a hacer uso de su capacidad normativa para obtener recursos y no pedirlos al Estado.
Fuente y autor: D. Gracia /expansion