Caixanova quiere un 70% de los órganos de gobierno tras absorber Caixa Galicia
Las condiciones de partida que ha impuesto Caixanova para fusionarse con Caixa Galicia están claras. Un reparto de poder del 70%-30% a su favor en los órganos de gobierno; la sede de la caja fusionada; la dirección y la presidencia. Casi nada. Así se lo ha comunicado al Banco de España, según fuentes de la caja viguesa, aunque el supervisor bancario sólo se pronunciará sobre el plan económico que presenten ambas y las ayudas que soliciten. En todo caso, les ha pedido que despejen pronto su futuro, entre otras cosas porque los fondos de rescate del FROB, por ahora, tienen fecha de caducidad: el 30 de junio.
En A Coruña, el Consejo de Administración de Caixa Galicia aceptó ayer el comienzo de las negociaciones oficiales después de aprobar sus cuentas y la auditoría, que no presenta salvedades. El de Caixanova lo hará el próximo martes, día límite marcado por la Xunta, que actúa como árbitro. "Ahora empieza la partida de póquer, pero en este camino más les vale contar con los trabajadores", advierte un portavoz de UGT en Vigo, sede de Caixanova. El propio José Luis Méndez, director general de Caixa Galicia, ilustró ayer ante los miembros de su Consejo sobre las vueltas que puede dar el tira y afloja.
Méndez, según varios asistentes, evitó entrar en detalles sobre las exigencias de su hasta ahora rival comercial, aunque dejó entrever que responden a una estrategia para salir ganadora. Un portavoz oficial de Caixa Galicia insistió en que ésta sólo aceptará una integración "equilibrada". Incluso desde la entidad pequeña que aspira a dominar a la grande admiten que su postura de máximos es difícilmente digerible, aunque en ningún caso renunciarán a una posición dominante.
Quien no se mueve ni un milímetro es el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, que sigue insistiendo en que todo está pactado "para que se produzca la absorción". Dijo ayer que la suya es "la verdad absoluta" y retó por segunda vez al presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, a que lo desmienta. Éste se limitó a señalar que su "postura conocida" es favorable a una fusión paritaria, pero que aceptará lo que negocien las dos cajas.
También salió al paso de la lluvia fina de rumores que sitúan a Caixa Galicia en peores condiciones económicas: "Es una entidad solvente, pido que no se juegue con este tipo de cuestiones por parte de nadie. Galicia no se merece una política con minúsculas", advirtió. Los índices de solvencia oficiales de ambas son, a cierre de 2009, muy similares.
Otra batalla se libra en el campo de los personalismos, que han entrado con fuerza en escena. El presidente de la entidad viguesa, Julio Fernández Gayoso, reclama pilotar el proceso para ser uno de sus protagonistas principales. Tiene 78 años y excede la edad para ser consejero, según los requisitos que marca la ley de cajas aprobada en enero de 2010. Tampoco los cumplía según la norma anterior, pero el PP, con Manuel Fraga en el Gobierno, le permitió en 2005 quedarse incluyendo una disposición que encajaba como un guante en su caso.
Feijóo prepara una solución parecida para Gayoso si finalmente hay fusión. Ayer, preguntado por si cambiaría la ley para permitir la continuidad del veterano gestor, respondió que no va a "entorpecer con ninguna declaración la oportunidad histórica para que Galicia tenga la quinta caja de ahorros de España". Incluso fue más allá: "En ese proceso hay una propuesta de las cajas de que los criterios de gobernanza serán los que fijen ellas. Posteriormente nos serán comunicados. Será ahí cuando la Xunta se pronuncie".
Es decir, si ambas acuerdan mantener sus respectivos Consejos y la composición de sus asambleas, el Gobierno gallego lo aceptará. Pero todo se fía a lo mismo: las ayudas para garantizar la viabilidad de la operación, que fuentes de Caixanova cifran en "2.000 millones largos". El Banco de España tiene la última palabra.
Fuente y autor: MARÍA FERNÁNDEZ /elpais
