Inmigración clandestina y regular

Las cifras no coinciden; el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales cifra en más de un millón el número de inmigrantes ilegales que residen en España, bien porque su entrada en el país se ha producido sin documentos o con documentos falsificados, o porque permanecen con un visado o una tarjeta de residencia caducados. Por su parte, las ONG advierten de que esa cifra, un millón, corresponde sólo a los niños indocumentados que residen aquí, por lo que exigen a la Administración una mayor protección de los menores y una política de reagrupación familiar más ágil y abierta. Además, denuncian el alto coste que deben pagar los inmigrantes por venir a España -más de 1.100 personas fallecieron en el trayecto desde África-, mientras el Gobierno recuerda que en los últimos dos años ha destinado 302,4 millones para la integración de los extranjeros.

Razones para emigrar

España se ha convertido, junto a países como Italia, en un lugar de inmigración reciente. Ambos siguen los pasos de Reino Unido o Francia, acostumbrados desde hace años a la llegada de extranjeros. La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración tenía contabilizados, a 31 de diciembre de 2006, un total de 3.021.808 extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor (un 10,33% más que en 2005). Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales cree que el número de inmigrantes irregulares que hay actualmente en el país supera el millón. Según nacionalidad, los colectivos mayoritarios son el marroquí (543.721 personas), el ecuatoriano (376.233), el colombiano (225.504), el rumano (211.325) y el británico (175.870). Estas cinco nacionalidades representaban el 50,74% del total de extranjeros legales o documentados. Además, desde el año 2000 la Federación Rusa y Ucrania se han convertido en importantes países de origen. Las razones que empujan a los inmigrantes a salir de su entorno son, en la mayoría de los casos, económicas. Viajan con la esperanza de encontrar un empleo digno, con mejores salarios que los que perciben en su país.

Gustavo Fajardo es abogado especializado en derecho internacional público y coordinador de los servicios centrales jurídicos de la asociación América-España, Solidaridad y Cooperación (AESCO). Desde su experiencia, que supera los 20 años, afirma que quienes salen de su país no lo hacen porque quieran o porque busquen una aventura, sino porque allí trabajando ocho horas el sueldo no alcanza para comer. Tiene duras palabras para España, un país al que acusa de "haber comprado la industria latinoamericana a precio de remate" y "adueñarse de las empresas estratégicas de agua, electricidad, telefonía, gas y petróleo, donde tiene un monopolio". Por ello, cree que, en cierto modo, España tiene una deuda contraída con los ciudadanos de aquella parte del mundo "porque está obteniendo un rendimiento económico asombroso a costa de sus recursos". Incluso aporta algunas claves: "España tiene una responsabilidad en los temas de América Latina, por eso creemos que la entrada de personas latinoamericanas se resolverá en la medida en que haga una inversión en desarrollo de esos países para impedir que vengan los inmigrantes".

Fajardo insiste en que los inmigrantes "vienen esperando encontrar a alguien que les dé trabajo, para poder comer y enviar dinero a su familia, y un sitio para dormir", pero que, en ningún caso, "vienen soñando con la riqueza de aquí, sino que saben que lo van a pasar muy mal, que no van a tener papeles y que no van a poder salir a la calle, a un sitio público, porque la Policía les puede identificar y expulsarles". Pese a todo, el 'Informe frontera sur. 1995-2006: Diez años de violación de los derechos humanos' , elaborado por la ONG SOS Racismo a partir de 379 casos documentados en las fronteras de Ceuta (376) y Melilla (3), asegura que todos los inmigrantes subsaharianos que son expulsados a Marruecos vuelven a intentar entrar en España.

Rutas de entrada

El aumento de los flujos migratorios ha ido parejo al aumento de los controles para evitarlos. Sin embargo, no siempre se puede impedir la entrada de los inmigrantes. Hay varias rutas, dependiendo del lugar de origen. La más conocida, y probablemente la más peligrosa, es la llegada en patera, cayuco o lancha motora desde África. Las rutas convencionales atravesaban el estrecho de Gibraltar hasta llegar a la costa andaluza, un periplo que apenas duraba un día e implicaba, relativamente, pocos riesgos. En los últimos años, el aumento de la vigilancia ha obligado a buscar rutas alternativas e, incluso, nuevos lugares de destino. El pasado año, más de 31.000 inmigrantes ilegales alcanzaron las Islas Canarias, seis veces más que en 2005. Los flujos fueron similares en Italia y Malta. El coordinador general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Rafael Lara, asegura que estas nuevas rutas han llegado a cuadruplicar y quintuplicar los días de viaje: "Antes, cuando los inmigrantes salían del norte de Marruecos, bastaba un día, tres a lo máximo, para llegar a la costa, pero ahora estamos hablando de diez o quince días, si se viene desde Senegal o Guinea hasta Canarias. Incluso hay que hacer paradas de repostaje porque las embarcaciones no pueden transportar todo el fuel que se necesita".

Para que el viaje sea más rentable, las embarcaciones llegan a transportar hasta 130 personas, "una barbaridad", denuncia Lara. "Viajan hacinados -detalla-. Muchos de ellos confiesan que lo peor de todo es estarse quieto quince días, casi sin moverse, en la misma posición, porque les dan calambres. Es un viaje muy difícil. También ocurre que las embarcaciones se pierden, se produce averías, una persona enferma y muere durante el trayecto y se produce una situación muy dramática dentro del barco, el fuel con la sal del mar produce quemaduras, insolaciones, hipotermias? En fin, lo que pasan estas personas es una auténtica tragedia y, lo peor de todo, es que permitamos que esté ocurriendo esto a las puertas de nuestra casa".

Otra de las vías de acceso a España desde África son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en el Norte de aquel continente, aunque también en este punto los controles se han intensificado.

Los intentos masivos de entrada por estos lugares (en 2005 más de 11.000 inmigrantes se lo propusieron) llevaron a la instalación de una valla de separación con Marruecos. La de Melilla es doble, cubre una distancia de 12 kilómetros, está fabricada de alambre y tiene una altura de seis metros. Además, cuenta con puestos de control, caminos entre las vallas para el paso de vehículos de vigilancia, cables bajo el suelo que conectan una red de sensores electrónicos de ruido y movimiento, luces de alta intensidad y videocámaras con visión nocturna. El pasado año se quitaron los elementos lesivos, como la alambrada en espiral o concertina, que era extremadamente cortante, y se colocaron unos flejes de acero para impedir apoyar escaleras y subir. Los trabajos supusieron un desembolso de 20 millones de euros. La valla de Ceuta tiene características similares.

Para quienes no llegan desde África, las rutas de entrada varían. Desde 2005, la Confederación Española de Policía (CEP) denuncia que la frontera de los Pirineos es un auténtico "coladero". Asegura que ciudadanos rumanos, búlgaros, chinos o indios indocumentados intentan entrar en España como pasajeros del tren que cubre el trayecto desde Milán a Barcelona. También considera un punto importante de entrada el aeropuerto de Gerona, donde aterrizan vuelos procedentes de Budapest (Hungría), en los que llegan ciudadanos rumanos, y vuelos procedentes de Francia y Alemania, que traen sobre todo inmigrantes latinoamericanos. Gustavo Fajardo precisa que los latinoamericanos llegan en avión porque objetivamente es imposible venir en patera y aclara que "entran directamente en España o a través de países de tránsito, por los que es más fácil pasar los controles.

El coste de la inmigración

El Gobierno español destinó en 2005 un total de 120 millones de euros para fondos de integración de los inmigrantes. Esta cantidad fue distribuida entre las comunidades autónomas y las autoridades locales para financiar la acogida, integración y programas educativos. El Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes fue así incluido por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado, que para 2006 reservaron de nuevo una dotación de 182,4 millones de euros para el mismo fin. Además, en octubre del pasado año se aprobaron subvenciones por valor de 16.523.665 euros, destinados a la atención sanitaria de los inmigrantes en el momento de llegada a las costas (Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla) y a su acogida temporal en la península, y una segunda partida de 6.381.370 euros en subvenciones para municipios, mancomunidades de municipios y comarcas para desarrollar programas innovadores a favor de la integración.

Pero el coste de la inmigración no es sólo económico, sino que existe también una dimensión humana. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía documenta en su ' Informe Anual sobre Derechos Humanos en la Frontera Sur del año 2006' la muerte de 1.167 personas en el trayecto desde África a España, aunque considera que, en realidad, la cifra se puede aproximar a las 7.000 personas, tres veces más que en 2005. Ante esta situación, en Senegal se ha creado la asociación de Madres y Viudas de los Cayucos, en la que las socias reúnen fondos y conceden microcréditos a mujeres sin recursos. El objetivo es que estas mujeres consigan el dinero necesario para crear su propia empresa de venta de zumos o de pescado, por ejemplo, que ayude a mejorar la economía familiar y eviten la emigración.

Para Rafael Lara, todo lo que se haga en este sentido es una buena idea puesto que, como reconoce, "en África se está produciendo una sangría enorme; las personas que vienen son jóvenes, dinámicas, preparadas y con futuro, y podrían aportar mucho a su propio país".

Todos y todas (Lara afirma que "ha ido aumentando el número de mujeres") los que llegan en pateras vienen buscando un futuro mejor, pero a su llegada a España pueden ocurrir dos cosas: que sean detenidos por los equipos de control y vigilancia, en cuyo caso hay muchas posibilidades de que sean devueltos a su país, que les "suelten" con una orden de expulsión, o que consigan huir de estos controles. En el primer caso, según Lara, la "inmensa mayoría" de los que son localizados a su llegada a la costa son "inmediatamente atendidos por la Cruz roja o la Guardia Civil, aunque estos servicios son insuficientes y las condiciones de acogida, infames". A quienes logran huir, "una pequeña parte", les puede ocurrir tres cosas: "que sean acogidos por alguna familia, que sean finalmente capturados por las autoridades o que tengan que viajar hasta otros lugares de la península". "Cuando llegan en avión -añade Fajardo-, se buscan un hostal de lo más barato o, generalmente, tienen conocidos que no les alojan, pero que les informan y les llevan a los sitios donde ellos trabajan para que busquen allí un empleo".

A finales de 2006, más de 30 jóvenes procedentes de Europa y Latinoamérica, la mayoría hijos de emigrantes españoles, participaron en el Encuentro de Jóvenes Españoles del Exterior, que se celebró en Málaga, organizado por la Dirección General de Emigración y el Instituto de la Juventud. A todos ellos se les entregó un cuestionario en el que debían responder a preguntas sobre su identidad, sus intereses, sus expectativas profesionales (a una mayoría les gustaría trabajar en España), su participación en asociaciones juveniles y su conocimiento sobre políticas de juventud. Respecto al punto donde se les preguntaba sobre las dificultades a las que se enfrentan como emigrantes, destacaron el idioma, la integración sociocultural y el acceso al mundo laboral como principales obstáculos. Esto es, precisamente, lo que les ocurre a buena parte de los inmigrantes que llegan a España.

El proyecto "Mejora en el acceso a los servicios públicos de salud de los inmigrantes indocumentados en el área sanitaria 11 de la comunidad de Madrid", puesto en marcha por Médicos Sin Fronteras en noviembre de 2004, determinó que "hay un alto porcentaje de usuarios con problemas de comunicación que dificultan enormemente el acercamiento al sistema de salud o la gestión oportuna". Asimismo, un 38% de los casos atendidos no pudieron acceder al sistema público de salud "de forma normalizada" por no disponer de tarjeta sanitaria al no estar empadronados, y se constató que las madres inmigrantes desconocen medidas preventivas, como el estado de vacunación de sus hijos, la necesidad de controles pediátricos o la importancia de la higiene bucal. "El miedo de los inmigrantes responde a varias causas: miedo a la pérdida del empleo, a ser identificado y expulsado, a no poder comunicarse cuando necesita asistencia médica, al desconocimiento, etc.", apunta el informe de MSF.

Política migratoria
La integración laboral está considerada el primer paso para una integración social satisfactoria. El Reglamento de la Ley de Extranjería (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre) fija los mecanismos y requisitos para que los extranjeros puedan residir y trabajar en España legalmente. De hecho, esta normativa abrió un proceso de regularización especial de tres meses (entre el 7 de febrero y el 7 de mayo de 2005), destinado a los trabajadores irregulares que estaban en el país, tenían un contrato por un periodo mínimo de seis meses, llevaban al menos medio año viviendo en España y carecían de antecedentes penales. Para Gustavo Fajardo, aquel proceso de regularización resultó "fabuloso" para la economía española "porque pagaron la Seguridad Social, aproximadamente, un millón de personas que antes no lo hacían".

Sin embargo, asegura que no fue tan bueno para los propios inmigrantes o, en todo caso, fue "medianamente favorable", porque se legalizó a los inmigrantes, pero se olvidaron de las familias y, en especial, de los niños. "La medida olvidó el interés más digno de protección, que son los niños, y ahora tenemos en España cerca de un millón de niños indocumentados, en la marginalidad, más otros dos millones que están en América Latina y sus padres no les pueden traer porque ganan el salario mínimo y el Gobierno impide a un padre que gana el salario mínimo que traiga a sus hijos", lamenta. Según datos a 30 de diciembre de 2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el proceso de regularización resolvió un total de 688.419 expedientes, de los que el 83,3% (573.270) fueron autorizaciones positivas y el 16,6% (115.149) denegadas y archivadas. El 0,47% (3.236) permanecía en trámite todavía en esa fecha. Las altas en la Seguridad Social fueron 550.136 y, en 2006, ascendían a 1.885.561.

Una vez finalizado este proceso de normalización, la política migratoria en materia laboral cuenta con otro instrumento para facilitar el acceso al mercado laboral: el contingente de trabajadores extranjeros de régimen no comunitario. Para 2007, el Gobierno ha dado luz verde a un contingente provisional de 27.034 puestos de trabajo de carácter estable, 92.000 de contratación individual nominativa (el empresario puede ir al país de origen a buscar a los inmigrantes directamente) y 61.000 contrataciones de duración determinada (de temporada)

La suma da como resultado algo más de 180.000 contrataciones potenciales, a las que se añade una estimación inicial de 455 visados de búsqueda de empleo para el sector del servicio doméstico y 500 visados para el programa piloto que pretende conceder visados de búsqueda de empleo a hijos y nietos de los españoles de origen. Los trabajadores que puedan acceder a esta vía de contratación en origen, tendrán un máximo de tres meses para buscar empleo.

Para Fajardo, las bondades de este sistema están en entredicho. Cree que su nacimiento se debe a la necesidad de cubrir aquellos puestos "en los que los españoles no quieren trabajar porque lo que les pagan no les compensa". Asimismo, reflexiona sobre la política de visados y censura que este documento se haya planteado "como obligatorio en la salida de países pobres como Bolivia o Perú, pero no de Gobiernos ricos como Venezuela". "La mayoría de los países los consideran obligatorios para salir del país, pero ocurre que, en algunos lugares, se están negando sistemáticamente. Los visados se han puesto para negar el acceso de los pobres, porque cuando un multimillonario pide el visado, se lo dan, porque saben que no se va a quedar", manifiesta.

Los controles

Otro de los puntos fuertes de la política migratoria española son los controles. El abogado denuncia que "cada vez hay más" y asevera que hay muchos inmigrantes a los que ni siquiera se deja pasar del aeropuerto: "Hay una devolución masiva". También Rafael Lara afirma que el actual destino de los fondos para combatir la inmigración es incrementar los controles y argumenta que "las migraciones no se pueden enfrentar exclusivamente con controles policiales". Acusa a España de "acudir a la Unión Europea a mendigar ayudas para controlar la inmigración desde un punto de vista policial" y critica la creación en 2005 de la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex). Su función es actuar en circunstancias que requieren un aumento de la asistencia técnica y operativa en las fronteras exteriores, y apoyar a los estados miembros en la organización de operaciones conjuntas de retorno. Un equipo de Frontex acudió el pasado año a Canarias para potenciar la vigilancia marítima y área, y establecer en las islas un centro de coordinación a cargo de la frontera Sur Europea, entre otras funciones.

Cuando estas patrullas localizan a inmigrantes ilegales, según Lara, "muchos de ellos son repatriados". Los datos oficiales desvelan que se repatrió en 2006 a 5.000 senegaleses, frente a los 1.300 que obtuvieron un visado de residencia en España aprobado en la embajada o consulado español en su país. En total, se repatriaron más de 53.000 inmigrantes irregulares.

. Además de repatriados, los inmigrantes pueden ser retornados, cuando ya en la frontera no se les permite el ingreso en el país y se les devuelve a su país de origen; readmitidos, a través de los convenios bilaterales de readmisión que España tiene firmados con otros países como Francia; o expulsados, es decir, obligados a abandonar el territorio español en un plazo mínimo de 72 horas. En el caso de la expulsión, los costes de la misma corren a cargo del inmigrante, si tiene medios económicos para ello. "Otros no son devueltos porque no se sabe cuál es su país de origen o, si se sabe, no existe convenio de repatriación, de manera que son dejados en la calle con una orden de expulsión y, al no poder regularizar su situación, lo único que se consigue es fomentar la clandestinidad y la marginación social", subraya Lara.

Para quienes consiguen legalizar su situación, la política de reagrupación familiar permite traer a al cónyuge y a los hijos menores o incapacitados. El cónyuge reagrupado puede obtener una autorización de residencia temporal, independiente de la de su pareja, cuando obtenga la correspondiente autorización para trabajar. El extranjero que desee ejercer el derecho de reagrupación familiar debe tener autorización para residir en España durante un año, renovar esta autorización para, por lo menos, un año más, y solicitar entonces una autorización de residencia temporal a favor de los miembros de su familia que desee reagrupar. Gustavo Fajardo precisa que, en total, hay que esperar 18 meses para que la reagrupación sea efectiva: 12 meses para solicitar la renovación de la tarjeta de residencia y 6 meses para expedir la nueva, por lo que critica que "se obstaculiza que los niños vivan con sus padres". En cuanto a la tarjeta de residencia, se consigue por regularización de la situación, por arraigo social (tres años viviendo en España) o arraigo laboral (residencia durante un mínimo de dos años). El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales concedió 7.427 permisos de residencia temporales por razones de arraigo en 2006: 6.619 por arraigo social, 585 por arraigo de hijos de padres de origen español y 223 por arraigo laboral.

Por último, respecto a la entrada de Rumania y Bulgaria en la Unión Europea el pasado 1 de enero, Fajardo augura que, eliminada la prohibición de venir a España, vendrán menos inmigrantes de estas nacionalidades. "Entre escoger España o Francia, es previsible que una persona extranjera elija Francia, porque va a tener un mejor nivel de retribución profesional. Por eso, que se despreocupen, porque los rumanos ya no vendrían aquí. Antes lo hacían porque el sistema era más maleable, pero ahora, incluso gente que vivía aquí ha comenzado a desplazarse a lugares con mejores servicios sociales, como Francia o Noruega, donde la Seguridad Social paga a la madre la empleada de hogar", recalca.
Fuente: eroski