La UE critica a España por no colaborar en la lucha con las mafias

España se encuentra entre la mitad de países de la UE que todavía no han transpuesto en su legislación nacional una decisión europea que permite a los Estados miembros confiscar bienes de origen delictivo cuando se encuentren en otro país distinto del suyo.

De esta manera las organizaciones mafiosas pueden poner a salvo sus activos, bienes inmuebles, dinero blanqueado o automóviles robados, por ejemplo, en algunos países, aunque otros países pidan su confiscación.

El mes pasado, las autoridades italianas confiscaron a la mafia bienes por valor de 60 millones de euros. En Reino Unido se incautaron de 92,3 millones de libras a una organización delictiva con propiedades en Dubai. Estas confiscaciones supusieron solo una pequeña fracción de la totalidad de los bienes de los delincuentes, que hoy día pueden ser transferidos fácilmente a través de las fronteras.

La reglamentación europea adoptada en 2006 debería permitir a las autoridades judiciales solicitar de otros Estados miembros el cumplimiento de las órdenes de confiscación, pero hoy por hoy esto sigue siendo difícil y muy complicado, entre otros casos por la falta de confianza entre los sistemas judiciales de los países miembros.

"En una época de crisis económica es lamentable que los Estados miembros de la UE permitan que miles de millones de euros, propiedad de delincuentes declarados culpables, se cuelen por la red. Esto sucede a pesar de que hace cuatro años los gobiernos acordaron medidas de confiscación", dijo la Vicepresidenta Viviane.

Procesos en curso
En febrero de 2010 sólo 13 de los 27 países de la UE han puesto en marcha esta normativa, aunque la fecha límite para hacerlo era el 24 de noviembre de 2008. Actualmente, siete países tienen abierto el proceso legislativo, España entre ellos, mientras que el resto, con Reino Unido y Suecia entre ellos, no han facilitado información.

La CE subraya también el hecho de que, incluso cuando se aplican las normas, las órdenes de confiscación siguen sin reconocerse automáticamente debido a los trámites jurídicos, como las audiencias públicas, que han sido añadidos a las normas nacionales en algunos países.
Fuente y autor: Ramón R. Lavín /expansion