La Justicia censura que los municipios ejecuten avales sin avisar a las empresas

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Logroño ha obligado a un ayuntamiento a seguir el procedimiento previsto en la ley para reclamar deudas tributarias, en este caso del ICIO. El consistorio habló directamente con la entidad bancaria.

Se trata de ganar tiempo, siempre que se puedan encontrar resquicios -a veces, un tanto burdos- en la actuación de las Administraciones. Y más todavía en época de crisis. Hasta para ejecutar un aval a primer requerimiento hay que seguir el procedimiento establecido.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo 2 de Logroño ha parado los pies a un ayuntamiento riojano por ponerse en contacto directamente con una entidad bancaria, sin notificarlo previamente a la compañía afectada, para cobrarse una deuda tributaria referida al Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO).

Como explicó la empresa en su recurso contra el Decreto de ejecución del aval, "debió seguirse el procedimiento de apremio". Como reconoció el propio consistorio no se emitió la correspondiente providencia de apremio, por lo que "la ejecución del aval se llevó a cabo directamente ante el banco, sin conocimiento -por no notificarse- de la empresa recurrente".

Hay que apuntar que la doctrina de esta sentencia (Sentencia nº 214, de 29-VII-2010) es aplicable a cualquier Administración que reclame tributos. En concreto, el fallo trae a colación el artículo 74 del Reglamento General de Recaudación, que aborda la ejecución de garantías: "Si la garantía consiste en aval, fianza, certificado de seguro de caución u otra garantía personal, se requerirá al garante el ingreso de la deuda, incluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado".

También es aplicable el artículo 167 de la Ley General Tributaria: "El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al obligado tributario en la que se identificará la deuda pendiente, se liquidarán los recargos y se le requerirá para que efectúe el pago".

Como explica la propia sentencia, que ha aceptado los argumentos de Jorge de Juan, socio del departamento de Contencioso-Tributario de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, "tales previsiones normativas no han sido observadas por el ayuntamiento demandado, por lo que procede la estimación del recurso, la anulación de la actuación administrativa y la retroacción del expediente administrativo a fin de que el ayuntamiento proceda a la recaudación del tributo de conformidad con lo previsto en la Ley General Tributaria y en el Reglamento de Recaudación".

El fallo va más allá incluso y rechaza los argumentos del ayuntamiento porque la actuación de éste impidió a la empresa de la posibilidad de presentar recurso: "No puede acogerse la pretensión del ayuntamiento de que se desestime el recurso, a pesar de las posibles irregularidades formales, con base en el principio de economía procesal". Y es así, prosigue, "por cuanto se ha prescindido absolutamente del procedimiento y éste constituye una garantía de defensa para la empresa, que se ha visto privada de impugnar las resoluciones administrativas que se hubieran dictado de seguirse el procedimiento adecuado".
Los expertos consultados por EXPANSIÓN explican que este tipo de prácticas, si bien no son generalizadas, suceden en ocasiones en el ámbito de la Administración municipal, donde los ayuntamientos se saltan el procedimiento fijado. Esto constituye un riesgo para las empresas.

La avidez recaudatoria tiene sus límites y la rapidez es esencial para paralizar una ejecución irregular. En el momento en que la empresa conoce que el ayuntamiento en cuestión se ha puesto en contacto con el banco para ejecutar una deuda, tiene que presentar el recurso para paralizar la actuación. Esto permite ganar tiempo en el pago de deudas fiscales. Incluso en el caso de que finalmente exista la obligación de realizar el correspondiente ingreso fiscal, no se le puede arrebatar a la empresa el tiempo, muy preciado, de que dispone para rebatir las exigencias de la Administración en el correspondiente procedimiento administrativo. El poder recaudatorio de las Administraciones no es absoluto.
Fuente y autor: José Mª López Agúndez /expansion