Méndez Romeu: Las diputaciones han quedado obsoletas

¿Sobran instituciones?

En España hay 8111 alcaldes y 65.300 concejales. Además, 1.500 diputados provinciales y 1.870 parlamentarios. Cada cuatro años son renovados 77.000 cargos públicos electos. De ellos dependen ministros y consejeros autonómicos así como la alta dirección de las administraciones, constituida por 194 secretarios de Estado, directores generales y asimilados en el Gobierno central, unos dos mil cargos en los gobiernos autonómicos y un número superior en los municipios. Además, los directivos de unos 4.500 entes y organismos municipales, 2.000 autonómicos, y 470 estatales.

Son casi 90.000 puestos que constituyen el objetivo de la lucha política. Se deduce la dificultad de intentar reducirlos. En 1982, el Gobierno tenía 190 altos cargos y 17 ministros, unos doscientos organismos autónomos y apenas existían las autonomías. El actual Gobierno de España tiene el mismo número de ministros y altos cargos, pero se ha multiplicado por 17 el número total de miembros de los gobiernos, altos cargos y organismos.

¿Son todos necesarios? ¿Es posible aunar eficiencia y austeridad reduciéndolos? En el Estado un tercio de los ministerios tienen escasas competencias: Sanidad, Educación, Cultura, Ciencia, Igualdad, Vivienda y Política Territorial. Algo similar ocurre en los ejecutivos autonómicos.

El desarrollo democrático ha dejado obsoletas instituciones como el Senado y las diputaciones, mientras ha consolidado otras como los ayuntamientos o las autonomías. Carece de sentido revitalizar aquellas aunque para suprimirlas sería necesario modificar la Constitución. Reducir los ayuntamientos no parece posible pues no lo desean las organizaciones políticas ni los ciudadanos se muestran favorables, temiendo que su desaparición fuese seguida de la pérdida de servicios muy apreciados: farmacias, colegios, puestos de la guardia civil y otros.

Mientras ese debate madura socialmente, podría seguirse el modelo de las fusiones frías de las cajas de ahorros, manteniendo la autonomía política local pero agrupando los servicios para ganar eficiencia y calidad. Porque la crisis económica lastrará aún más el funcionamiento de los municipios con menor población y no siempre habrá un Plan E para salvar la inversión.
Fuente y autor: OSÉ LUIS MÉNDEZ ROMEU /La Opinìón A Coruña