De la Vega, Moratinos y López Aguilar colaboraron activamente con EEUU para enterrar el caso Couso
El scoop periodístico del diario El País con los documentos secretos de la diplomacia de EEUU en poder de la plataforma de internet Wikileaks salpica ahora seriamente al Gobierno. Los cables enviados por la embajada en Madrid revelan cómo el Gobierno español colaboró activamente con la administración norteamericana para enterrar el caso Couso. Las revelaciones implican a los entonces ministros de Exteriores y Justicia, respectivamente Miguel Ángel Moratinos y Juan Fernando López Aguilar, y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.
Un telegrama confidencial de fecha 21 de octubre de 2005 y firmado por el entonces embajador Eduardo Aguirre llevaba como título: "Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención internacional". Se refería a las que había dictado dos días antes el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso, contra los tres soldados involucrados en la muerte del cámara gallego José Couso en Bagdad el 8 de abril de 2003 tras el disparo de un tanque estadounidense.
Ayuda entre bastidores
En 2007, coinciciendo con la visita oficial de la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, a España, el embajador Aguirre envió otro cable en el que aseguraba que "el Gobierno de España" había "ayudado entre bastidores a que la fiscalía apelara [las decisiones del juez]". Asimismo, le recomendaba insistir a Zapatero en la necesidad de que hubiera "una continua vigilancia y cooperación por parte del Ejecutivo" hasta que el caso Couso, que tanto preocupaba a la administración norteamericana, decayera.
López Aguilar y Moratinos cuestionan a Pedraz
El 19 de octubre de 2005, día en que el juez Pedraz ordenó la detención internacional de los tres militares estadounidenses implicados en la muerte de Couso, el entonces ministor de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, llamó a la embajada para asegurar a Aguirre que "el Ejecutivo pondría todo su empeño en cuestionar la decisión del juez basándose en argumentos técnicos". También lo hizo el que ostentaba la cartera de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, para decir que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega estaba "implicada en el tema" y que, "si el magistrado arreglaba las cuestiones técnicas, el Ejecutivo pasaría a apelar la resolución". El telegrama subraya que "en público, ambos ministros mostraron respeto por la decisión del juez".
Doble discurso
El embajador envió a su Gobierno un nuevo cable en el que reiteraba la intensa colaboración del Ejecutivo español: "Ministros importantes se han movido rápidamente para hacernos saber que el Ejecutivo está trabajando para resolver esta situación. Deben actuar con cuidado mientras tratan de influir en la judicatura española, ferozmente independiente. Para no agravar la situación, los líderes gubernamentales españoles deben mostrar en público su respeto por el trabajo independiente de los tribunales. (...) Nosotros seguimos reiterando que este tema ha sido investigado completamente, que el Gobierno español ha sido informado y que las acciones de los soldados estaban justificadas". El título del telegrama, clasificado como confidencial, es el siguiente: "Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención".
Las comunicaciones de la embajada demuestran también la participación activa del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido. La Audiencia Nacional llegó a archivar el caso el 14 de julio de 2009 y el 6 de julio, el Tribunal Supremo ordenó reabrirlo.
Fuente: elplural
