Un presunto caso de facturas falsas desata un conflicto en Hacienda

La delegada central de Grandes Contribuyentes y dos jefes han sido objeto de una querella por presunta prevaricación administrativa al paralizar una inspección.

La investigación de un presunto caso de facturas falsas ha desatado un conflicto interno sin precedentes en las dependencias de la Agencia Tributaria, incardinada en el Ministerio de Hacienda.

La delegada dentral de Grandes Contribuyentes, Inmaculada Vela, y dos jefes del mismo departamento, Ángel Mariano Serrano y Fernando Hornillos, han sido objeto de una querella por presunta prevaricación administrativa -admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid- por haber paralizado, supuestamente de forma irregular, una inspección fiscal en empresas del sector de la construcción.

Según el texto de la querella presentada -a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN-, las actuaciones del inspector José Hernani Lacasa Salas, fueron paralizadas por diversas actuaciones de forma "arbitraria" y con "falta de competencia".

El equipo de Inspección 29, que dirigía Hernani Lacasa, inició una serie de actuaciones inspectoras en 2006 sobre el grupo Armacentro, una entidad que se dedica al suministro y montaje de estructuras de acero en obras y que trabaja para grandes empresas del sector. En concreto, se abrieron seis procedimientos diferentes referidos a otros tantos impuestos: Sociedades, IVA, Actividades Económicas, así como retenciones por rendimientos del trabajo y capital mobiliario (IRPF), No Residentes y por arrendamientos. En síntesis, y siempre según la querella, Armacentro, presuntamente, llevó una "contabilidad manipulada", expidió "facturas falsas" y se "omitían ventas realizadas sin facturas".

'Grandes diferencias'
La Inspección comprobó que "la facturación era falsa: una cosa era el acero que se servía y otra, superior, lo que se facturaba, de suerte que los planos actuaban de cobertura del fraude". En otras palabras, "existían grandes diferencias entre las toneladas compradas y las toneladas vendidas según la facturación, para cada producto".

Las irregularidades en el suministro también se comprobaron en toda la cadena, en concreto en la facturación de una constructora a un promotor.

El inspector planteó a sus superiores , dos años después, en julio de 2008, "la posibilidad de presentar denuncias al órgano judicial competente por estafa a los clientes y emisión de facturas falsas contra las sociedades inspeccionadas, advirtiendo que los hechos podrían constituir también un delito contra la Hacienda Pública".

Sin embargo, el Servicio Jurídico de la Agencia discrepó en septiembre de 2008 "sobre la oportunidad de plantear ante el Ministerio Fiscal denuncia por estafa".

A principios de octubre de 2008, la Delegada Central de Grandes Contribuyentes "ordenó la paralización de las actuaciones inspectoras" en relación con Armacentro.

Insistencia
El 12 de febrero de 2009, Lacasa insistió en el caso y entregó a su superior una "propuesta de finalización de las actuaciones de inspección" en el que planteaba la tramitación de "siete expedientes por delito contra la Hacienda Pública por un total, sólo en cuotas, de aproximadamente 45 millones de euros, a incrementar mediante los oportunos recargos por intereses y multa, lo que situaba la deuda tributaria total en el entorno de los 98 millones de euros".

Al día siguiente se comunicaron al inspector "seis acuerdos" en los que "varios impuestos y ejercicios" de las investigaciones relacionadas con Armacentro se declaraban "prescritos". Es decir, que ya no se podrían investigar o liquidar. También se acordó "el cambio de equipo instructor" que dirigía Lacasa.

Un nuevo conflicto interno para la Agencia Tributaria en plena crisis fiscal
El presunto caso de las facturas falsas es un nuevo episodio de los múltiples que ha heredado el nuevo director de la Agencia Tributaria, José Manuel López Carbajo. En los últimos meses, además de tener que controlar unas arcas públicas semivacías, tuvo que responder a una sentencia del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) que anulaba un gran número de liquidaciones de IVA. Algunos expertos llegaron a asegurar que ese asunto podría aumentar los números rojos del Estado en cerca de 3.000 millones de euros.

No obstante, el Fisco desmintió esta cuantía e insistió en que el impacto del error de la Agencia era mucho menor. Esta polémica se desató en un momento en el que este organismo autónomo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda sufría una fuerte reestructuración: desde abril de 2010 -fecha en la que fue nombrado por el Consejo de Ministros- la mayor parte de los puestos de confianza del antiguo director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, han sido cesados.

Más de una veintena de altos cargos han dejado su cargo en sólo cinco meses. Otra de las cuestiones que más preocupa a los expertos es que los impagos a Hacienda siguen creciendo mes a mes. Los impuestos pendientes de cobro (la diferencia entre la obligaciones reconocidas y la recaudación neta) supera ya los 13.000 millones, lo que evidencia que los contribuyentes no pueden pagar por culpa de la recesión y que cada vez hay más españoles que optan por la elusión de sus deberes fiscales.

Un trasfondo complicado
Lo que plantea la querella presentada por el inspector José Hernani Lacasa es, en esencia, una presunta irregularidad administrativa en la actuación de varios órganos de la Inspección. Es decir, que se pudieron paralizar unas actuaciones inspectoras apartándose totalmente de las normas del procedimiento establecido para ello. Los delitos que se exponen en el texto de la querella presentada y ahora admitida pudieron existir o no. La explicación del caso no es fácil porque a Hernani Lacasa le abrieron un expediente disciplinario en marzo de 2009, es decir, sólo un mes después de que se decidiera cambiar al equipo inspector.

Un portavoz oficial de la Agencia Tributaria explica que "la querella surge porque esta persona tiene abierto un expediente disciplinario" por su actuación en "esta inspección y en otra anterior".

A ello añade que "los querellados tienen el apoyo del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria, que les defenderá en el juicio; los órganos de control de sus actuaciones -la unidad de delito y el equipo técnico de expedientes de fraude- corroboran la correcta actuación de los responsables de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes"

Lo cierto es que, según fuentes consultadas, la presentación de una querella en el seno de la élite de la Inspección es algo "inédito". Hay que apuntar también que dos de los querellados, Inmaculada Vela y Fernando Hornillos, han sido llamados a declarar al Juzgado el próximo viernes. Esto significa que el caso todavía no ha hecho más que comenzar en la vía judicial.

Es importante resaltar que otro informe jurídico de Hacienda, en relación con el presunto delito fiscal, decidió "no dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal por entender que el fraude detectado aparecía acreditado mediante indicios". Tales planteamientos jurídicos, además de otros, serán analizados en sede judicial.
Fuente y autor: José Mª López Agúndez /expansion