Suspenso en participación

Más de siete años después de la entrada en vigor de la ley de grandes ciudades, la Corporación municipal continúa incumpliendo el desarrollo normativo al que obliga esa legislación al seguir sin Consejo Social, Defensor del Coruñés y gestión por distritos, tres órganos emanados de dicha norma. Mientras, ocho de cada diez ciudadanos reclaman que se les permita tener una mayor participación en las decisiones que afectan a la ciudad, según el estudio 'A Cidade dos Barrios', auspiciado por el colegio de arquitectos

¿Quién debe tomar las decisiones de planificación de la ciudad?

Los coruñeses tienen claro su parecer: ellos mismos y los técnicos competentes suman cerca del 80% de las respuestas; el poder de elección de los políticos, sin embargo, queda al final de la lista de candidatos con un apoyo del 15%. Se trata de cifras extraídas del estudio A Cidade dos Barrios, cuyos resultados revelan la necesidad que tienen los vecinos de participar en las decisiones que atañen a la zona en la que viven, una pretensión que en lugar de sonar a capricho formaría parte de la rutina diaria si en el palacio de María Pita se cumpliese la ley de grandes ciudades, en vigor desde diciembre de 2003.

El Ayuntamiento dio el brazo a torcer hace dos días anunciando que tendrá en cuenta las conclusiones de las encuestas del proyecto coordinado por el arquitecto Luciano Alfaya y señaló que el planeamiento de la ciudad se hace pensando en sus vecinos. El problema es que los residentes en A Coruña no quieren que los dirigentes políticos piensen por ellos cuando, por ejemplo, aumentan las zonas verdes porque consideran que forman parte del espíritu vecinal; lo que realmente quieren es que se les pregunte, que se tenga en cuenta su opinión, y por eso denuncian que la Corporación local obvie el desarrollo del reglamento municipal de participación ciudadana.

"La única forma de que exista un mínimo de participación ciudadana es ponerla en práctica de una vez contando con el apoyo de todos los grupos políticos municipales", subraya Domingo Verdini, el presidente de la Asociación de Vecinos Castrillón-Urbanización Soto Iar, la primera en hacer uso del Derecho de Petición recogido en el artículo 11 de dicho reglamento cuando exigió al Concello que se comprometiese a presupuestar una nueva partida para la construcción de la piscina del barrio "si fuese necesario". Convencido de que, si no hay acuerdo, un cambio de fuerza política en el Gobierno local interrumpiría el proceso, el portavoz vecinal apunta que "sería conveniente aprobar un nuevo reglamento cuanto antes porque el actual parece insatisfactorio".

Insatisfactorio o no, lo cierto es que el Ejecutivo municipal ha optado por realizar consultas puntuales a los vecinos, a través del denominado Foro de la Participación, y congelar la implantación del Consejo Social, el Defensor del Coruñés y la división por distritos -pensada en un principio para que el 5% del presupuesto del Ayuntamiento sea decidido por los consejos de distrito- que recoge la norma aprobada hace algo más de siete años.

El argumento de Verdini sobre el hándicap que supone el desacuerdo político para que la participación ciudadana deje de parecer un simple capricho de los vecinos, en lugar de un derecho recogido por ley, semeja acertado: lo que para el ex alcalde Francisco Vázquez era "como la Constitución" de A Coruña -así definió el socialista el Reglamento de Participación Ciudadana-, para el actual bipartito parece haberse convertido en un auténtico despropósito, y todo porque el BNG, cuando el PSOE gobernaba en mayoría absoluta, votó en contra de la norma.

"Las sociedades del siglo XXI han de establecer las bases de los nuevos modelos urbanos, que atraigan y vinculen a la ciudadanía en la construcción del futuro de su ciudad (...). El ciudadano identifica a los ayuntamientos como su principal proveedor de servicios, como el responsable de satisfacer a sus complejas demandas". Así comienza la exposición de motivos del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de A Coruña, introducida a continuación por el compromiso de diseñar "una estructura urbana diferente donde se aglutinen las inquietudes y acciones de los ciudadanos dispuestos a participar en la transformación de su ciudad". Siete años después, los ciudadanos evalúan su grado de participación en las decisiones municipales y no dudan en la calificación: suspenso.

Además de en el compromiso plasmado en la exposición de motivos de quienes gobernaban en 2003, el incumplimiento de la ley de grandes ciudades puede resumirse en el trío de aspectos ya mencionados: el Consejo Social, el Defensor del Coruñés y la división por distritos. Tres órganos emanados de la norma que ni siquiera han sido creados, al menos no más allá de nombrar Oza y Pescadería como puntales de la división territorial de la ciudad.

Para abordar la reforma de esta normativa, que seguía sin convencer a los nacionalistas cuando en 2007 entraron a formar parte de la Corporación municipal, la responsable de la Concejalía de Igualdad y Participación Ciudadana, Margarida Vázquez, citó en abril de 2008 a representantes de los colectivos sociales de la ciudad en el llamado Foro de la Participación. Uno de los planteamientos abordados en esta y en sucesivas reuniones fue precisamente introducir modificaciones, en el reglamento, en cuanto al número de distritos municipales. Así, el Ayuntamiento propuso duplicar los existentes marcando cuatro distritos, algo que, según el presidente de la asociación vecinal O Castrillón-Urbanización Soto Iar, "sigue siendo insuficiente".

"De las jornadas para reflexionar sobre el Reglamento de Participación Ciudadana extraigo tres conclusiones importantes: la necesidad de un acuerdo de los grupos políticos municipales para aprobar la norma; que el número de distritos existente es reducido; y que cualquier proceso de participación requiere un aprendizaje por parte de las entidades y particulares que formen parte de los consejos sectoriales", señala Verdini.

Pese a fallar en la "organización complementaria del Ayuntamiento", así lo puntualiza el título IV del reglamento municipal, la concejalía que dirige el quinto compromiso del pacto de gobierno -"Impulsar instrumentos y procedimientos de participación ciudadana con el fin de hacer copartícipe de la gestión municipal al conjunto de la ciudadanía"- explica que tanto la organización como los intereses de la sociedad actual, por no hablar de la situación económica que dificulta las decisiones sobre los presupuestos municipales, dificultan la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Puede que los cauces no sean los previamente establecidos, pero el Ayuntamiento insiste en que proyectos como el Plan General de Ordenación Municipal, la erradicación del chabolismo, el Plan Urban para el Agra do Orzán, la Mesa de Comercio o la Rede Coruña Emprega han sido consultados con los vecinos.
Fuente y autor: A. MOSQUERA / J. M. GUTIÉRREZ A CORUÑA /la opinion A Coruña