El Gobierno reforma la Ley Concursal con el objetivo de agilizar la salida de las crisis

El Gobierno aprobó el viernes el proyecto de ley de reforma de la Ley Concursal, que refuerza los procesos preconcursales al favorecer los acuerdos de refinanciación previa de las empresas para conseguir su viabilidad y evitar que acaben declarando su insolvencia.

Según anunció el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la nueva legislación "llega para aliviar los trámites judiciales, otorgar mayor garantía a los derechos de los trabajadores y mejorar el funcionamiento de la administración".

La nueva Ley Concursal trata de favorecer los acuerdos previos de refinanciación en favor de la viabilidad de las empresas, ya que persigue conciliar la satisfacción de los acreedores con la recuperación de la situación de solvencia empresarial, ofreciendo salidas al deudor al margen del proceso concursal.

Se prevé que el proyecto logre su aprobación definitiva en el Parlamento antes del verano.

La futura ley perfecciona la reforma efectuada mediante el Real Decreto-Ley de 27 de marzo de 2009, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal.

El proyecto pretende evitar que los procesos concursales acaben en liquidación estableciendo alternativas al concurso, desarrollando el procedimiento abreviado o simplificado, aumentando las atribuciones de la administración concursal e incluyendo reformas en materia laboral. Respecto a los procesos preconcursales, la ley facilitará las propuestas anticipadas de convenio, impulsará los acuerdos extrajudiciales de refinanciación e incrementará las posibilidades de que los acreedores que no intervienen en el acuerdo puedan satisfacer en mayor medida sus créditos.

Para ello, por un lado, se aclara la exclusiva legitimación de la administración concursal para impugnar acuerdos de refinanciación; y, por otro, se hace una nueva regulación sobre los acuerdos de este tipo que pueden homologarse ante el juez. Esta homologación judicial permite extender los efectos del acuerdo a otros acreedores, aunque se hubieran mostrado en contra o no hubieran participado en el acuerdo, con la certificación de un experto independiente.

En paralelo, el Consejo también aprobó el anteproyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente, que obligará a las empresas que prestan servicios de interés general destinados a los consumidores a tener teléfonos de atención al cliente gratuitos, atendidos por personal formado y durante el mismo horario en el que prestan el servicio. El Ejecutivo señaló que con esta ley no solo se mejorará la calidad del servicio prestado a los consumidores, sino que también se "reforzará la confianza en los sectores económico y empresarial implicados, lo que redundará en un mejor funcionamiento del mercado".

'Dinero fresco' con máxima garantía de cobro
La ley introduce también la regulación del llamado dinero fresco que los acreedores inyectan a las empresas en dificultades. Establece que el 50% de ese dinero nuevo tendrá la consideración de crédito contra la masa (prioridad de cobro), lo que supone la mayor garantía para las entidades financieras que concedan nuevos créditos para reflotar la empresa.

El nuevo texto legal otorga a los administradores la capacidad para subsanar los errores del listado de acreedores, lo que reducirá, en gran medida, las demandas de incidentes concursales, principal causa de retraso en los procedimientos. Respecto a los trabajadores de empresas insolventes, el departamento dirigido por Francisco Caamaño destaca que la reforma de la Ley Concursal garantiza el respeto de los derechos de estos empleados para que la declaración del concurso de acreedores tenga en este sentido el menor impacto posible.
Fuente: cincodias