Normas franquistas para la corte del rey Juan Carlos

Con las concesiones de títulos nobiliarios a Vicente del Bosque, Mario Vargas Llosa, el empresario Juan Miguel Villar Mir y el catedrático Aurelio Menéndez Menéndez, el selecto círculo de la nobleza en España ha alcanzado los 2.800 integrantes. Más allá de las habituales felicitaciones y las bromas sobre la "ilustrísima" condición, estos nombramientos también han puesto sobre la mesa el debate de la permanencia de una tradición basada en desigualdades sociales por derechos de sangre.

Tras el avance en la limitación de los privilegios de la aristocracia durante la II República, cuando la Constitución de 1931 estableció que "el Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios", Francisco Franco se encargó de retomar la tradición del Antiguo Régimen. El 18 de julio de 1948 el dictador firmó en el Boletín Oficial del Estado el decreto con el que inauguró su corte particular y que sigue siendo la legislación que rige en este ámbito.

El grupo parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) registró el pasado 4 de febrero el mismo día de los últimos nombramientos una proposición no de ley en el Congreso para pedir el no reconocimiento oficial de la condición nobiliaria. "Es algo estúpido, caduco", señala el diputado de ERC Joan Tardà. "No se puede tener una voluntad de modernidad en un momento en el que se aprueban iniciativas como la Ley de Igualdad de Trato y, al mismo tiempo, mantener actitudes prehistóricas en ámbitos como este", continúa. En el sentido más personal, Tardà se expresa sin reservas: "Duele que nos acusen a los republicanos de anticuados, de vivir en otra época cuando, en realidad, los casposos son ellos".

Para la izquierda minoritaria en el Congreso esta no es una batalla nueva. En septiembre de 2009 ERC presentó una proposición no de ley para anular los 39 títulos otorgados por Franco, en su mayoría a los colaboradores más afines al régimen. La propuesta no se llegó a votar en la Cámara. En 2005, a propósito de la proposición de Ley anunciada por PSOE, PP y Coalición Canaria para igualar a mujeres y hombres en las herencias de títulos nobiliarios, IU y ERC aprovecharon para reclamar que estos títulos no tuvieran reconocimiento oficial.

El PSOE votó en contra y sólo apuntó que la reforma debía hacerse "dentro del marco de reforma constitucional". El PP tampoco apoyó la enmienda y acusó a ERC de intentar "alterar las reglas del juego" y de "tener como horizonte la desestabilización del sistema constitucional".

Con un punto de resignación, Tardà acepta que, ahora, también será muy difícil que la proposición salga adelante. "Sabemos que es un debate en el que el PSOE no entra. Al menos aspiramos a sacarles los colores cuando se vean obligados a votar en contra".

Lo cierto es que el planteamiento de ERC tendría que hacerse a través de una revisión de la Constitución, pues es el artículo 62.f de la Carta Magna el que refrenda la potestad del rey para "conceder honores y distinciones con arreglo a las Leyes".

Por la gracia' del rey

Pero, ¿en qué se basa el monarca para invitar a plebeyos a su corte? "No hay una normativa al respecto. El rey, con la información superior de la que dispone, concede estos títulos", explican fuentes de la Diputación de la Grandeza de España, una entidad de carácter especial que funciona como órgano asesor del Ministerio de Justicia en temas de carácter nobiliario.

Desde que comenzó a reinar, Juan Carlos I ha nombrado a 52 nobles por sus "destacadas trayectorias de servicio a España" en ámbitos tan diversos como la empresa, el arte, la cultura, la investigación o el deporte. Sin embargo, sus primeros títulos fueron para la viuda de Franco, Carmen Polo, y para su hija, Carmen Franco. Ambos en 1975. Juan Carlos I tampoco se olvidó de distinguir con su gracia a Carlos Arias Navarro, presidente del Gobierno durante la dictadura.

El rey también ofreció sendos ducados a los expresidentes del Gobierno Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo. "Es habitual que el rey premie a los expresidentes", explican en la Diputación de la Grandeza. Y, entonces, ¿qué ocurre con Felipe González y José María Aznar? "Dicen que Felipe [González] lo rechazó y Aznar todavía sigue metido en política, así que suponemos que tendrá que esperar", arguyen.

En los últimos años, Juan Carlos I también ha hecho miembros de su corte al pintor Antoni Tàpies, a la científica Margarita Salas o al político Marcelino Oreja.

En sus 36 años de reinado ya ha superado con creces los 39 títulos (tres de ellos a miembros de la Casa Real) que Franco otorgó para recompensar a militares que le ayudaron a derrocar la república, a destacados falangistas y a empresarios fieles al régimen, además de a unos pocos científicos y a un cardenal italiano. Todos siguen vigentes a pesar de que la izquierda minoritaria en el Congreso y varios colectivos de recuperación de la memoria histórica han solicitado su anulación.

Élite entre las élites
Para Ferran Gallego, doctor en Historia Contemporánea por la Universitat Autònoma de Barcelona, la condición de aristócrata, aunque no entrañe un beneficio económico, sí ayuda a potenciar la imagen de élite de las élites. "Es un elemento de ostentación. Está claro que nunca le van a dar este título a una persona pobre".

En relación a la coyuntura actual, el historiador encuentra otro argumento: "Nos atizan con el discurso de la modernidad para recortar derechos, pero, sin embargo, en este asunto, a los políticos no les importa tener anacronismos". Gallego apunta, además, la "actitud referencial" tradicionalmente vinculada a la aristocracia. "El pueblo acaba refiriéndose a esa persona por su título. ¿Cuánta gente conoce el verdadero nombre de la duquesa de Alba?".

Antonio Romero, coordinador de la Red de Municipios por la III República, va más allá. "Todo lo que lleva a establecer diferencias entre la ciudadanía y la corte es antidemocrático. El único que puede otorgar títulos oficiales es el pueblo español".

"Ahora es sólo una cuestión de honor"
Desde la Diputación de la Grandeza aseguran que, en la actualidad, tener un título nobiliario no entraña ningún beneficio económico para quien lo posee. "Es una cuestión puramente honorífica", destacan. Sin embargo, en la antigüedad los nobles estaban autorizados para no ir a la guerra, salvo con categoría de jefes, o se les eximía de pagar impuestos. Hasta el año 1982, los que disponían de la distinción superior de Grande de España gozaban, entre otras prebendas, de pasasporte diplomático. Desde 1980 la concesión de un título nobiliario no está sujeta a tributación, aunque sí el traspaso a los herederos. Así, según las tasas de 2011, los descendientes que quieran hacerse con la honorable distinción, deberán abonar 739 euros al erario público. Esta cantidad asciende a los 2.594 cuando el título lleva aparejada una Grandeza de España.
Fuente y autor: ELENA HERRERA /publico