La España suicida

Economía y política no comparten tempo. El tsunami electoral del domingo debiera provocar grandes catarsis. La gravedad relativa de la economía española en el maremoto de la deuda soberana aconseja lo contrario: en tiempos de turbación, no hacer mudanza, acuñó Ignacio de Loyola.

En el euromapa, la frontera entre indemnes y castigados es tenue. El menor signo negativo la perfora. Hasta hoy, España logró desacoplarse de los rescatados. El rescate es mejor que la quiebra, pero peor que el ajuste autónomo: las medidas de austeridad son más ásperas y existe menor margen nacional para acompasarlas entre sí y distribuirlas. Es el caso de Portugal. Y si no acaba de funcionar, puede ser el augurio de un segundo rescate aún más doloroso. O de algo peor. Es el escenario en el que se mueve Grecia.

Cuando España sigue al linde de esta unidad de vigilancia intensiva, ya figura en otra recua de candidatos a un gran revés, con Italia y Bélgica. De modo que no hay hoy interés general superior, ni objetivo común preferente, ni prioridad alternativa al cumplimiento de los compromisos libremente adoptados por este país ante sus socios para atajar el déficit y restablecer sus cuentas públicas, aplicando reformas. Ni siquiera el aumento del empleo es pensable sin pasar por ahí. Todo lo que distraiga el foco de ese cumplimiento quizá beneficie a algún partido o sector. Perjudicará al país.

Si esto es así, habrá que ahuyentar las tendencias suicidas. ¿Pueden cohonestarse el interés general y los particulares?

En las filas socialistas, la sensación de hecatombe reivindica una reacción a la altura, creíble. Háganla, primarias o congresos o lo que sea, pero con un límite, no distraerse más de unas horas, acaso unos días, del objetivo. Y sin atajos populistas que endosen a Bruselas la carga del coste social del ajuste. A los populares, el éxtasis no debe inducirles a repetir el error de sus colegas portugueses. Renegaron del plan de estabilidad, provocaron el rescate y no parece que el electorado les premie.

Las claves para el anclaje interno y la credibilidad exterior de la economía española siguen siendo la reconversión de las cajas, la reforma laboral y el control del déficit. La norma de la CNMV imponiendo que un 40% del nuevo capital de los bancos-excajas sea para instituciones, debe proteger a los minoritarios, ayudar a fijar un precio adecuado y a evitar una merienda de negros en la que al final se agrave la joroba del presupuesto público.

Y la actitud de la CEOE, hábilmente dirigida por Rosell, sorteó ayer, de momento, la extremista tesis del cuanto peor mejor: mejor ningún pacto que uno mediocre, a la espera de que lleguen los nuestros. Pues no, si las conclusiones son sensatas (límites a la prórroga de los contratos, merma del absentismo, vías al descuelgue de las empresas de los convenios sectoriales...), más vale que lleguen cuanto antes. Y a más consenso, menos dolor.

La expectativa de control del déficit recibió también ayer un rayo de luz. Si el desvío probable máximo es de tres décimas (-6,3% del PIB, en vez del -6% proyectado), como augura la OCDE, puede manejarse, son solo 3.300 millones de euros.

Más peligro suicida alberga el debate sobre el componente autonómico de ese déficit. ¿Debe el PP cumplir su promesa electoral de efectuar auditorías externas a mansalva? Cúmplala. A condición de que cuando aparezcan desviaciones -peque-ñas o grandes, las habrá- ofrezca simultáneamente un método razonable de solventarlas, y se apreste al pacto. Y evite cabalgar sobre el descrédito exterior que provoquen las peores cifras. Es aceptable exagerar el interés propio legítimo... hasta que invade ilegítimamente el interés general.
Fuente y autor: XAVIER VIDAL-FOLCH /elpais