Otro ajuste draconiano espera tras las elecciones

Ayuntamientos y comunidades autónomas tendrán ante sí una comprometida papeleta tras el 22-M: mantener la prestación de servicios de calidad evitando la quiebra de sus respectivas administraciones. La crisis ha evaporado los ingresos públicos. La realidad es tal, que pocos se atreven ya a ocultar la imperiosa necesidad de apretarse el cinturón aún más. Galicia inició ese camino hace dos años, una vez celebradas las elecciones autonómicas, y Cataluña acaba de ponerlo en marcha, tras celebrar las suyas. En general, el ajuste intenso que necesitan las administraciones autonómicas y locales se ha demorado por las conveniencias electorales. Los comicios del próximo día 22 marcarán el pistoletazo de salida. Con lo que están padeciendo los ciudadanos, lo menos que merecen es que se lo empiecen a decir con sinceridad y realismo.

El Gobierno central, pese a sus vaivenes, intenta predicar con el ejemplo. Ha reducido el déficit un 20% y embridado la deuda. No es suficiente para la causa de la estabilidad financiera. Queda que la mayoría de autonomías y ayuntamientos, remolones, hagan lo propio a fondo. Es necesario que lo hagan pese a que el porcentaje de deuda de las autonomías sea inferior al del Estado. Lo que ocurre estos días en Cataluña resulta paradigmático de lo que puede suceder en toda España pasadas las urnas. Fue concluir las elecciones del pasado noviembre y el nuevo ejecutivo de la Generalitat denunció un agujero mucho mayor del que admitían sus predecesores. Exactamente lo mismo que ocurrió en Galicia tras sus comicios, hace ahora dos años. Las cuentas oficiales, como las de Grecia o Portugal, no cuadraban. La consecuencia: un tijeretazo al gasto de una crudeza sin parangón ¿Qué no habrá escondido debajo de las alfombras del resto de comunidades españolas?

Los resultados del ajuste iniciado en Galicia son aún inciertos y, en cualquier caso, las medidas parecen claramente insuficientes. Pero tiene la ventaja de haberlo iniciado antes. El presupuesto autonómico se redujo por primera vez en su historia el pasado año. Y ha vuelto a reducirse en 2011, esta vez un 10,8%, es decir, en 1.200 millones de euros. Simultáneamente, en abril de 2010 se inició un plan de ajuste para reducir la Administración paralela, lo que popularmente se conocen como "chiringuitos". Se han suprimido 41 de los 146 existentes con una reducción de 523 empleos -incluidos los contratos rescindidos del Servicio Agrario de Galicia- y un ahorro de 15 millones de euros. Pero tal parece que lo que se teje por un lado se desteje por otro. La Encuesta de Población Activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística asigna a las administraciones en Galicia (central, Xunta, concellos y diputaciones) 198.000 trabajadores, entre indefinidos y temporales, al cierre de 2010, es decir, 8.100 más que el año anterior. Es la cifra más alta registrada en Galicia, y eso que en el último trimestre del año se dejaron sin renovar 2.500 contratos públicos. Con todo, Galicia es la única comunidad, junto con Madrid, que en los dos últimos años ha cumplido los objetivos de déficit que tenía establecidos.

La magnitud del ajuste draconiano que ha emprendido Mas asusta porque el destrozo a cubrir tiene proporciones descomunales. El mensaje es claro: cuando las barbas de tu vecino veas pelar... La Generalitat va a despedir a mil trabajadores de sus 253 empresas y es probable que cierre un centenar de ellas. Ha rebajado, por primera vez, un 10% su presupuesto y recortado un 6% los sueldos de los funcionarios. Hay tantas obras pendientes de liquidar que las anualidades comprometidas llegan al 2041, un exceso derivado de alambicada ingeniería de pago diferido aplicada a financiar necesidades nada extraordinarias como comisarías o escuelas. Hablan de prescindir de 10.000 sanitarios y también de maestros. A la desesperada, un centenar de expertos, incluidos catalanes, plantea incluso devolver competencias de sanidad al Estado.

Lo imperdonable es que una parte de esa orgía ahora improrrogable se gestó en plena crisis. Las autonomías han duplicado su deuda desde el 2007, año del desastre, hasta la asombrosa cifra de 107.000 millones de euros. Las sociedades públicas regionales, cinco mil, han crecido un 61% en dos años. La proliferación sólo se explica porque muchos gobiernos las utilizan para centrifugar sus finanzas. Camuflan por esa vía facturas que no computan en los balances oficiales. En medio de la recesión, siguieron con las alegres contrataciones de personal para sostener el mercado laboral. Ciego remedio. No hay más que analizar las estadísticas regionales para comprobar que a más empleo público, menor riqueza. El desarrollo reposa en la iniciativa privada.

Hay baronías con gastos de representación mayores que los de Zapatero, gobiernos con 38.000 teléfonos móviles o altos cargos con pensiones vitalicias por ejercer dos años. En alegres proyectos de dudosa viabilidad los próceres habidos en Galicia tampoco están libres de pecado. Como escribió un reputado socialista ¿son comunidades autónomas o descontroladas? El desenfreno toca a su fin. Y lo peor: algunos temen que miles de facturas queden en el cajón porque los nuevos gobernantes tengan que asumir la imposibilidad de afrontarlas, estrangulando a empresas y pequeños proveedores.

Acercar la Administración al ciudadano es eficaz. Las autonomías no sólo han venido a reconocer derechos históricos, como en el caso de Galicia, sino que también han traído progreso. El principio se pervierte cuando se toma como excusa para engendrar 17 émulos del Estado. Abordar con sinceridad, sin cálculos políticos, este espinoso asunto ni socava el modelo territorial ni dinamita el estado del bienestar, del que las autonomías se han convertido en locomotora. Al contrario, supone garantizar la pervivencia de ambos durante muchos más años. Así pues, es lógico que el Estado las exija que cuadren sus cuentas, pero, eso sí, debe hacerlo en sus justos términos, sin utilizarlas para resolver sus propios problemas presupuestarios.

El aterrizaje forzoso que nos espera el día siguiente a las votaciones constituye un foco de incertidumbre para el futuro económico. Quien deba arreglar el desaguisado seguro que empieza por exigir nuevos sacrificios. Por eso, por lealtad y respeto, los ciudadanos merecen conocer la verdad, no cínicos ejercicios de opacidad como los que nos han llevado a la calamitosa pesadilla actual.

La ministra del ramo, la socialista Salgado, teme medidas drásticas que le acarreen dentelladas de la oposición. El anterior consejero catalán de Hacienda, su compañero Castells, le aconsejó hace cinco meses que no actuara como Chamberlain. El británico, adalid del apaciguamiento, acudió a Múnich en 1938 a pactar con los nazis. Cedió, fue humillado y engañado, y no evitó la guerra. "¿Sabes cuándo se paga el coste político?", se descarnó Castells. "Cuando por no hacer lo que hay que hacer todo salte por los aires". Efectivamente, demorar lo inevitable nunca soluciona nada: lo agrava.
Fuente y autor: Editorial/La opinion A Coruña