El PP aboga por recortar el gasto social para invertir en obras

Este es el contexto: Agustín Hernández como conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, se vio obligado a recortar en el actual ejercicio un 36% el presupuesto de infraestructuras y solo mediante el recurso a la financiación público privada logró salvar las obras más importantes. Cada vez que asoma por el Parlamento, la oposición le recita de memoria la caída de la licitación pública.

Ayer, en vísperas de la planificación de los próximos presupuestos, el conselleiro se sentaba en una tribuna sobre el futuro de la construcción con empresarios del sector inmobiliario, contratistas de obra pública, y economistas y demás apóstoles de la ortodoxia financiera de estos últimos años. Y en esas estaban el auditorio y los ponentes, lamentando que este año se vayan a construir 115.000 viviendas frente a las 600.000 de las épocas doradas del ladrillo, cuando el conselleiro espetó: "Hay que reformular en todas las administraciones y sin apriorismos cualquiera, y vuelvo a decir cualquiera, las líneas de gasto, porque el primer gasto social es el productivo. Es necesario hacer esfuerzos en todos los ámbitos, en el social y en el Estado de bienestar, para garantizar la sostenibilidad y el momento es ahora de cara a 2012. Para que esos créditos estén garantizados, es el camino".

Lo hizo tras admitir que el recurso a las infraestructuras de pago aplazado se agota y que la financiación público-privada (por la que la Xunta pretende pagar los hospitales de Vigo y Pontevedra, 19 centros de salud y media docena de autovías) "tendrá muchas complicaciones en 2012".Cuando llegó el coloquio y el turno de preguntas, Agustín Hernández volvió sobre el argumento de retocar el Estado de bienestar para gastar en infraestructuras que generen empleo: "El primer gasto social es el productivo, deberíamos hacer esa reflexión desde todos los gobiernos".

La idea del conselleiro contradice las tesis defendiddas hasta ahora por su jefe, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien en las cuentas de 2011 abogó por sacrificar las infraestructuras para amortiguar las caídas en Sanidad y Educación. La propia conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, en la presentación de los Presupuestos, en octubre de 2010, anunció la filosofía de sus números: "Lo que cae la Consellería de infraestructuras, sube en Sanidad". Ayer Hernández cambió el paso y el discurso. Claro que el foro animaba a todo eso.

Al frente de la Asociación Nacional de Empresas Construtoras de Obra Pública estaba Javier Saénz de Cosculluela, ministro socialista con los Gobiernos de Felipe González entre 1985 y 1991, quien afirmó que la crisis "no fue culpa de los constructores, que solo hicieron lo que hace cualquier sector: dar respuesta a la demanda". Saénz de Cosculluela lamentó la falta de liderazgo de los políticos europeos (les llamó tecnócratas) para cambiar la actual política económica comunitaria y, cuando llegó el momento de la autocrítica, concluyó que en estos años de atrás hubo "intrusismo en el sector" pero sobre todo llamó la atención sobre que las administraciones no frenaron con normas "el proceso especulativo". "Hay 700.000 viviendas vacías y algo habrá que hacer", diagnosticó el exministro socialista.

Cosculluela habló del "gasto de las administraciones, que se desbocó, de los 17 tribunales de cuentas, de los 17 parlamentos" y equiparó a sus gestores con el hijo pródigo despilfarrador "al que hay que retirarle la administración". "El presidente de Estados Unidos tiene un límite de gasto, aquí podemos gastar lo que queremos, porque nadie nos pide cuentas", concluyó.

El vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, alertó de la excesiva exposición del sector financiero español al mercado inmobiliario. Pronosticó que la compraventa de viviendas no se reactivará hasta 2014 y que entonces el ritmo de edificación será a lo sumo de 300.000 pìsos al año, nunca de los 600.000 del boom de la burbuja. Ante la patronal de la construcción, este economista recomendó seguir bajando los precios del metro cuadrado de los pisos, que ha caído un 18%, cuando, según sus cálculos, debería descender un 30%. Culpó a la política monetaria de los últimos años, lamentó el presupuesto de 13.500 millones de euros que el Gobierno central invirtió en el Plan E y abogó por pensar mucho cada nueva infraestructura. Según su tesis, solo tendría sentido invertir en transporte ferroviario de mercancías y algunos puertos.

Hernández recogió el guante y admitió que toca "volver a poner los pies en el suelo" en la planificación de las infraestructuras. Se ha acabado el tiempo de programar seis autovías a la vez, vino a decir.

Los representantes de las pequeñas y medianas empresas de obra pública advirtieron que la fórmula del pago aplazado es un coto cerrado para los gigantes del sector, que son los únicos capaces de garantizarse la financiación necesaria para optar a esas grandes adjudicaciones.
Fuente: Elpais