Negreira descarta el derribo como solución para legalizar el edificio Conde de Fenosa

El futuro alcalde de la ciudad expresó ayer por primera vez su opinión sobre el edificio Conde de Fenosa tras conocerse el auto que confirma la orden judicial de demolición. Carlos Negreira rechaza que pueda admitirse esa solución para el litigio y apuesta por una fórmula jurídica que evite los daños que causaría el derribo tanto para el Ayuntamiento como para los propietarios de viviendas y locales en el inmueble. Los concejales de PSOE y PP a quienes ambos partidos encomendaron buscar una salida a este problema no se reunieron ayer ni apuntaron cuál puede ser la vía en la que se fundamente el recurso que convenza a los tribunales

El cumplimiento de la orden de derribo que recoge la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre el edificio Conde de Fenosa no figura entre las opciones que maneja el futuro alcalde, Carlos Negreira, para dar una solución a este problema jurídico. "Nadie está poniéndose en esa posición", manifestó ayer el todavía candidato del Partido Popular a la Alcaldía en relación a la actitud de los grupos políticos municipales sobre este asunto, a lo que añadió que su postura es la de ponerse "en la solución", que en su opinión no consiste en la demolición del inmueble, sino por "arreglar el problema de otra forma".

Los representantes del Gobierno local en funciones y los concejales electos del PP que pasarán a integrar el Ejecutivo municipal en los próximos días no se reunieron ayer para proseguir en la búsqueda de una fórmula jurídica a este conflicto, después de haber acordado el pasado lunes trabajar en común con este objetivo. En esa reunión participaron la aún concejal de Urbanismo, Obdulia Taboadela, y los ediles electos por el PP Julio Flores, Miguel Lorenzo y Martín Fernández Prado, a quienes Negreira encomendó la coordinación con el actual equipo de gobierno sobre este asunto.

El Ayuntamiento tendrá 15 días para ejecutar la sentencia que obliga a derribar el edificio, pero sólo a partir del momento en que reciba la notificación oficial del auto del Tribunal Superior, firmado el pasado 27 de mayo pero que el lunes no había entrado todavía en el palacio de la plaza de María Pita.

De acuerdo con las intenciones expresadas ayer por Carlos Negreira, la solución que pretende aplicar el Partido Popular a este problema debe ser "positiva" tanto para los ciudadanos como para los propietarios de las viviendas y locales comerciales del edificio Conde de Fenosa. Según explicó el futuro alcalde, su equipo trabajará "con todas las energías" para que quienes tienen propiedades en ese inmueble "no tengan que sufrir los errores urbanísticos que han existido", en referencia a la aprobación por el Ayuntamiento en 1997 de una licencia de construcción del edificio que vulneraba la legalidad urbanística, ya que no se ajustaba a los preceptos del plan general de 1985, vigente en aquel momento.

Ni populares ni socialistas han apuntado por el momento cuál puede ser la línea de trabajo que seguirán en los próximos días para tratar de evitar el derribo, aunque el auto del Tribunal Superior ya informa a las partes demandadas -Ayuntamiento, inmobiliaria Fadesa y comunidad de propietarios del inmueble- de que podrán presentar un recurso de súplica contra su resolución. Los argumentos que se esgriman a partir de ahora ante el tribunal deberán variar de forma sustancial con respecto a los que se han planteado hasta el momento, ya que los jueces han tirado por tierra una y otra vez los intentos realizados por el Gobierno local para legalizar la construcción, ya que las sentencias insisten en que esta vía no es admisible para resolver la existencia de una licencia de edificación que no es compatible con la normativa urbanística existente en el momento de su concesión.

La mayor preocupación que existe en todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento es la consecuencia que tendría el cumplimiento de la orden de derribo, ya que los propietarios de las viviendas y locales tendrían opción a solicitar a la administración municipal una compensación económica por el perjuicio que se les causaría, que se fundamentaría en que el edificio fue construido tras haber recibido una licencia supuestamente legal.

La cuantía de esa indemnización sería tan elevada que colapsaría las finanzas del Concello, según afirman todos los partidos, que se muestran decididos a buscar una alternativa a la demolición.
Fuente y autor: JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ /La Opinion A Coruña