Cinco autonomías tienen leyes para elevar el castigo fiscal al patrimonio

Hay cinco regiones con un mínimo exento inferior al que acaba de reactivar Salgado. Tienen la opción de mantener la recaudación, a riesgo de provocar una fuga de contribuyentes, o adaptarse.

La vicepresidenta Elena Salgado alardeó de que volver a instaurar el Impuesto de Patrimonio era un proceso que sólo requería de 24 horas. Sin embargo, las consecuencias de esta decisión llevarán de cráneo a los fiscalistas durante 24 meses. De momento, se ha abierto la puerta a una guerra entre CCAA que pondrá en jaque el mapa fiscal español. Hay al menos cinco regiones que tienen legislación vigente sobre este Impuesto y que cuentan con mínimos exentos muy inferiores al aprobado por el Ejecutivo (700.000 euros), que golpean de lleno a las clases medias.

El Real Decreto-ley por el que se restablece de Patrimonio contiene una modificación en su artículo 28 que establece dichos 700.000 euros sólo en el caso de que "la comunidad autónoma no hubiese regulado" sobre la materia. Hay once regiones que ya tenían una regulación propia en este sentido y que ahora vuelve a ser válida, salvo que se legisle en sentido contrario. La dispersión es máxima. En cinco regiones, el mínimo exento que está aprobado se sitúa entre 108.000 y 150.000. Se trata de Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña y Galicia, según los datos recabados por este diario.

Hay tres regiones que quedan al margen de esta fiscalidad. Madrid, que tiene bonificado el 100% del tributo, y Navarra y País Vasco, donde se aplica el régimen foral.

Y para colmo, hay otras tres en las que se produce un hecho singular: se fijó un mínimo exento que beneficiara sólo a los discapacitados. El resto quedaban sujetos al régimen general, que ha sido mejorado con el Real Decreto-ley. Así, la legislación actual deja en una situación de agravio comparativo a los propios discapacitados.

Los expertos consultados por este diario consideran que este tipos de cuestiones serán subsanadas en posteriores acuerdos parlamentarios en cada autonomía. Pero lo cierto es que el Real Decreto-ley aprobado en el BOE, a la espera de su convalidación parlamentaria, obliga a todas estas regiones a aprobar una nueva norma a la carrera que ajuste su fiscalidad de los dos próximos años. En muchas de estas regiones puede existir la tentación de mantener unos niveles que sí golpean de lleno a la clase media.

Además, se produce un efecto añadido de competencia fiscal. Las regiones que más bonifiquen el impuesto, como Madrid, podrán disfrutar de otro proceso de fuga de capitales, como ya ocurrió con el Impuesto de Sucesiones. Para Francisco de la Torre, portavoz de los Inspectores de Hacienda, "no se puede gestionar un documento con estas diferencias". En caso de que no se "armonicen" los resultados no serán los deseados. Además, mostró su sorpresa por el hecho de una decisión de este estilo no fuera aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Las CCAA desojan la margarita a la espera de las elecciones. De un lado, pérdidas millonarias si se adaptan a la reactivación; de otro, la amenaza de Blanco y Rubalcaba de que perderán la compensación. Los despachos recomiendan a los clientes tributar por el mínimo estatal y pleitear si hay problemas.

"No es razonable que el impuesto se cobre dos veces"
Por Bernat García, desde Barcelona
Improvisación al poder. El candidato del PSOE a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, reiteró ayer a la vez que José Blanco que las comunidades no cobrarán dos veces Patrimonio. "No es razonable, no puede ser", repitió en un foro de El Periódico de Catalunya en Barcelona. "Ya buscaremos una fórmula para que no lo hagan, como un decreto ley o una liquidación pactada", aseguró, contradiciendo a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, quien defendió el sábado que la primera opción es imposible.

Rubalcaba se hizo posteriormente otro lío: el líder del PP, Mariano Rajoy, le acusaba ayer mismo de mentir por decir que el Gobierno destinará los ingresos a crear empleo, aunque sea de competencia autonómica. "Se pueden bonificar 300.000 empleos, da igual que los haga el Estado o las autonomías, seguro que es la prioridad", asumió Rubalcaba. Por otro lado, reconoció que la reinstauración de este tributo es un parche. "No está bien diseñado y hay que rediseñarlo", aseguró, aunque, mientras eso no ocurra, defendió los ingresos que aportará, de 1.000 millones. "Hay que buscar ingresos donde no los hay", afirmó. Otra de las propuestas lanzadas ayer es la creación de una Oficina Antifraude para combatir el fraude.
Fuente y autor: J. J. Marcos / M. Serraller/expansion