Las administraciones autonómicas tienen 10.000 liberados

Castilla-La Mancha, Valencia, Baleares, La Rioja y Galicia han centrado en este colectivo parte del ahorro que les exige Bruselas. El recorte supera el 70% en algunas de las regiones.

Es uno de los datos más esquivos del entramado burocrático español. ¿Cuántos funcionarios autonómicos disponen de toda su jornada laboral para tareas sindicales? Según las cifras recopiladas por este diario, las comunidades españolas acumulan en total 9.855 liberados en sus Administraciones públicas. Tras el recortazo de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha (que suprimió a 501), regiones como la Comunidad Valenciana, La Rioja, Galicia y Baleares planean hacer ajustes de entre el 8% y el 70% en nombre de la austeridad.

El debate lo lanzó la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en septiembre de 2010. Pero Cospedal hurgó en la herida la semana pasada al comprimir, en su plan de ajuste autonómico, el número de liberados de 785 a 284. Es decir, recortar la cantidad de los que dedican todo el día a representar a los funcionarios pero cobran un salario como cualquier trabajador. Andalucía, Madrid y Castilla y León lideran el ránking de liberados elaborado por este periódico.

Cospedal rebajó el 74% para ajustarse al tope que permite la ley. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los delegados sindicales de una Administración con más de 751 funcionarios tienen derecho, por cabeza, a 40 horas mensuales de representación. Muchos de estos delegados trasladan a otros compañeros las horas que les corresponderían, de modo que estos últimos acumulan las suficientes como para dedicar toda su jornada a tareas sindicales.

Problemas
El problema, según técnicos del departamento de Servicios Laborales del Gobierno castellano-manchego, es que "muchos dejan de ir a trabajar aunque técnicamente no dispongan de las horas necesarias para estar liberados", e incluso "hacen trabajo sindical en empresas privadas, cuando deberían estar representando al funcionariado".

Ya que cada Ejecutivo regional debe negociar con los respectivos sindicatos el reparto de horas, averiguar cuál es el tope máximo de liberados que permite la Ley en cada Administración "es una labor tan compleja que da para una tesis doctoral ", indican a EXPANSIÓN los mencionados técnicos de Cospedal.

Varias comunidades se han puesto ya manos a la obra. El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, anunció ayer que recortará el 70% de los liberados de su región. La Comunidad Valenciana avanzó el miércoles que prescindirá de 197 liberados sobre un total de 731 (27% de ajuste).

Galicia, por su parte, está en plena negociación con los sindicatos, y según El Correo Gallego, plantea suprimir 25 de un monto de 330 (8%). La Rioja también está en las mismas: su líder, Pedro Sanz, quiere "pactar" una reducción, ya que el total asciende a 103 representantes. La semana pasada, 1.200 liberados de la Comunidad de Madrid regresaban a sus tareas tras el verano. En febrero, un acuerdo entre Aguirre y los sindicatos eliminó 2.400 puestos.

La mayor parte de los propios gobiernos regionales ha facilitado a este periódico sus datos oficiales, pero Castilla y León y Andalucía rehusaron hacerlo. Con todo, el consejero de Presidencia de la primera, José Antonio de Santiago-Juárez, explicó en una rueda de prensa en septiembre de 2010 que el número en su región ascendía a 950. El dato andaluz se incluía en un informe del sindicato CCOO de Andalucía, también del año pasado. El Gobierno de Cantabria no pudo transimir la información aduciendo "la cantidad de trabajo interno". Bauzá, presidente de Baleares: "Mi objetivo no es mirar debajo de las alfombras" El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá (PP), apostó ayer por reducir un 70% el número de liberados sindicales porque los sindicatos, a su juicio, también deben apretarse el cinturón como el resto de los ciudadanos. En un desayuno informativo organizado por 'Europa Press' en Madrid, Bauzá afirmó que si su Gobierno encuentra irregularidades económicas cometidas por el anterior Ejecutivo, del PSOE, acudirá a la "abogacía de la comunidad autónoma". Aunque aseguró que su objetivo "no es mirar debajo de las alfombras", Bauzá precisó que se han encontrado con una deuda de 4.500 millones de euros, y un déficit de 1.104 millones, sin contabilizar las "facturas que hay en los cajones", por lo que ha dicho que la cifra total asciende a 6.000 millones de euros para un presupuesto de 3.000 millones. El líder balear destacó el ahorro de 27 millones gracias a la reducción de 13 a 6 el número de consejerías.
Fuente y autor: Yago González/expansion