Castellano exige a los exdirectivos la devolución de las indemnizaciones

El presidente de NCG Banco, José María Castellano, pidió ayer a los cuatro exdirectivos de la entidad que devuelvan las indemnizaciones millonarias que recibieron al dejar sus cargos hace unos meses. Los pagos ascienden a unos 25 millones, incluidas las pensiones. En caso de negarse a ello, Castellano ha amenazado con llevarles a los tribunales, una medida que se tratará en el consejo de administración que celebrará el banco el próximo lunes.

La nueva cúpula de Novacaixagalicia (NCG) ha empezado a tomar medidas contra los exdirectivos que cobraron unos 25 millones de euros en indemnizaciones y pensiones al dejar sus cargos hace unos meses, poco antes de la nacionalización. José María Castellano, presidente de NCG Banco, exigió ayer a estos ejecutivos la devolución de parte de estas cantidades, aludiendo que si bien son legales desde el punto de vista de la normativa laboral al tratarse de contratos privados que han sido aprobados por los órganos de gobierno de la entidad, vulneran la civil o mercantil. Esta decisión fue consensuada con el Banco de España el pasado día 10 y se tratará en el consejo que celebrará el banco el próximo lunes 17.

Fuentes jurídicas apuntan que la entidad puede acogerse a varias normas que regulan la política de retribuciones de los banqueros. Entre ellas figura el real decreto sobre recursos propios del pasado junio, en el que se señala que "los pagos por rescisión anticipada de un contrato se basarán en los resultados obtenidos en el transcurso del tiempo y se establecerán de forma que no recompensen los malos resultados". NCG acaba de recibir cerca de 2.500 millones del FROB para alcanzar los ratios de capital exigidos por el supervisor financiero, con lo que el Estado controla el 93% de su capital. En el ámbito europeo también se ha abierto el debate al cuestionarse el pago de bonus a los ejecutivos de las entidades que han recibido ayudas públicas. De hecho, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, pidió el pasado miércoles a los supervisores nacionales que prohíban estas prácticas.

Fuentes próximas a NCG afirman que esta reclamación se ha hecho a los cuatro directivos que abandonaron la entidad recientemente: el exdirector general, José Luis Pego; el exdirector general de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada; el exresponsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán; y el exdirector general adjunto, Javier García Paredes. Entre los cuatro cobraron unos 25 millones (Pegó percibió cerca de ocho millones, Rodríguez Estrada unos siete, Gorriarán en torno a cinco y García Paredes, el único que renunció a parte de la cantidad que tenía fijada por contrato, entre seis y siete millones). En el caso de Pego y García Paredes su salida se produjo coincidiendo con la llegada del nuevo equipo gestor, integrado por José María Castellano como presidente y César González-Bueno como consejero delegado

Los expertos consideran que la demanda no tendría muchos visos de prosperar, si bien puede actuar como medida de presión, que se sumaría a la fuerte tormenta política y social que ha desencadenado el asunto, para que los afectados decidieran devolver al menos parte del dinero.

La auditoría interna abierta por la entidad para investigar estas indemnizaciones también incluye las cantidades cobradas por otros exejecutivos y algunos directivos que todavía están en activo en el banco. Dentro del primer grupo se señala a Julio Rivero, Juan Dapena, Ángel López-Corona y Alberto Millez. Los dos primeros procedían de Caixa Galicia y los dos segundos de Caixanova. Quedarían pendientes los fondos de pensiones de los expresidentes de Caixa Galicia y Caixanova, José Luis Méndez y Julio Fernández Gayoso, que según fuentes próximas a la entidad ascenderían a unos 12 millones de euros en cada caso. Ambos han negado haber recibido ningún tipo de indemnización.

Las cifras

25 millones de euros es la cantidad percibida por los cuatro exdirectivos de la entidad en concepto de indemnizaciones y prejubilaciones.

2.500 millones de euros ha inyectado el FROB en Novacaixagalicia para recapitalizar la entidad. El Estado controla un 93% de su capital.

17 de octubre es el día en el que el consejo de administración de NCG tratará el asunto.

Ceses en las participadas

La nueva cúpula de Novacaixagalicia quiere acabar con todos los vestigios de la etapa anterior. Con este objetivo, la entidad tiene previsto "reorganizar todos los consejos de sus participadas", según fuentes próximas a la entidad. Esta decisión podría afectar a los expresidentes de Caixa Galicia y Caixanova, José Luis Méndez y Julio Fernández Gayoso.

Méndez, que ocupó durante 29 años el cargo de director general de Caixa Galicia, dejó la entidad antes de completarse la fusión, pero aún ocupa algunos puestos vinculados con ella, como la presidencia de la Fundación Caixa Galicia, un cargo no remunerado pero que da derecho a chófer y secretaria por ejemplo, y la de Ahorro Corporación. Además es vicepresidente de Caser y consejero de algunas de las participadas (Sacyr, Tecnocom, Reganova y Bodegas Terras Gauda).

Por su parte, Fernández Gayoso aún es presidente de Novacaixagalicia y consejero de Novacaixagalicia Banco, vicepresidente de Banco Gallego y vicepresidente de la empresa de cable R.

De momento, Ángel López-Corona, exdirector general adjunto de la entidad, y que también figura como uno de los ejecutivos que podría haber recibido una indemnización millonaria con su salida de la caja, presentó el pasado 6 de octubre su dimisión como consejero de una de las participadas de la entidad, Sacyr, un puesto que sigue vacante.

Para predicar con el ejemplo, fuentes de la entidad aseguran que tanto en el caso de José María Castellano como en el de César González-Bueno sus contratos contemplan unos sueldos vinculados a objetivos y en ninguno de los dos casos se han establecido blindajes.
Fuente y autor: Ana Perona cincdias