Estados Unidos, violencia policial con trasfondo racista

La brutalidad policial en Estados Unidos, y su frecuente perfil discriminatorio y racista, han sido motivo de preocupación permanente para Amnistía Internacional, que no ha cesado de denunciar tales abusos, exigir responsabilidades y reclamar medidas para prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y aunque se ha avanzado mucho, la tarea sigue siendo ingente, como ha quedado demostrado en el Informe 2011 de AI con la constatación de al menos 55 muertes en el año anterior "por descargas de armas Taser a manos de la policía" estadounidense.

"La mayoría de víctimas estaban desarmadas", añadía Amnistía antes de subrayar que los 50.000 voltios de esas pistolas paralizantes de electrochoque inmovilizan, incapacitan y pueden infligir dolor severo a la persona afectada. Y como no dejan marcas relevantes, precisaba AI en un informe sobre el tema, pueden convertirse "en un instrumento muy peligroso susceptible de ser utilizado para torturar y maltratar".

La cuestión de la tortura y brutalidad policial en Estados Unidos adquirió gran relevancia en la última década del siglo XX, cuando la demanda civil de una víctima, Andrew Wilson, destapó sistemáticas torturas y malos tratos a presuntos delincuentes en Chicago entre 1972 y 1984. Un informe de AI en 1990 siguió el hilo del caso Wilson, detenido en febrero de 1982 como sospechoso del asesinato de dos agentes. Afroamericano como la mayoría de víctimas del maltrato policial, denunció que en el interrogatorio le golpearon, patearon, casi asfixiaron con una bolsa de plástico en la cabeza, amenazaron con simulacros de ejecución -una pistola en la boca- y torturaron con descargas eléctricas.

El director médico del hospital penitenciario pidió una investigación oficial tras comprobar sus heridas y múltiples quemaduras. Pero la Oficina policial encargada de realizarla recomendó desestimar la queja "por carecer de fundamento"; seguía funcionando el autoprotector "código de silencio" de los agentes. Aunque la decisión sería desautorizada por la Corte Suprema de Illinois en 1987 al invalidar la confesión de Wilson bajo custodia policíal -por posible coacción-, revocar su declaración de culpabilidad y ordenar un nuevo juicio. De ahí surgió su demanda civil, que permitió localizar a otras 20 víctimas de torturas similares. El capítulo de responsabilidades fue mínimo: el comandante de la zona acabó siendo destituido en 1993 y dos agentes fueron sancionados.

Era apenas la punta de un iceberg que Amnistía Internacional examinó a fondo en sus informes de 1998 y 1999 "Derechos para todos" y "Raza, derechos y brutalidad policial". Hasta la fiscal general estadounidense Janet Reno habló entonces de "un problema nacional" y constató que mucha gente, "sobre todo entre las minorías", no confía en la policía por su "uso excesivo de la fuerza" y su actuación "demasiado agresiva, irrespetuosa, injusta y cargada de prejuicios".

AI compartía, y documentaba, esas preocupaciones al constatar "la tendencia de la policía a considerar injustamente como posibles delincuentes a personas de raza negra y otras minorías", como evidenció la muerte a tiros de Amadou Diallo, un inmigrante africano desarmado al que cuatro policías blancos de élite dispararon 41 veces. Además, un informe de la Fiscalía de Nueva Jersey confirmaba "criterios raciales" en los controles de tráfico y registros policiales, un asunto que, lejos de ser 'menor', revelaba un inquietante racismo de fondo -la denuncia alcanzaba a una docena de estados- que convertía en sospechoso a quien pertenecía a una minoría. Los propios policías negros se habían "quejado de la aparente catalogación de los varones negros como presuntos delincuentes", recordó Amnistía, hasta el punto de que agentes afroamericanos de paisano fueron tiroteados o agredidos por colegas que los confundieron con sospechosos.

Pero ese telón de fondo no agotaba las preocupaciones de AI, ni sobre los métodos de violencia policial ni sobre los colectivos víctimas de ella. En este caso, a la discriminación racial se sumaba la de otros grupos vulnerables -personas sin hogar, hombres y mujeres del colectivo LGBT y trabajadoras y trabajadores del sexo- que con frecuencia sufrían hostigamiento y abusos policiales. Y merecían un capítulo aparte las personas con enfermedad mental, que por su complejidad -las hay con tendencias suicidas que 'provocan' a la policía para que dispare- necesitan un abordaje específico por parte de unidades formadas por especialistas en salud mental. Las que existen son muy insuficientes.

En cuanto a métodos, Amnistía dejaba constancia de una peligrosa galería de técnicas y herramientas. Empezando por la inmovilización, con posturas que pueden asfixiar y matar al detenido, hasta los pulverizadores de pimienta que también pueden llevar a la muerte, como ha sucedido en decenas de casos, provocando una asfixiante parálisis temporal de la laringe; su uso es más peligroso en personas que han tomado cocaína o en quienes padecen asma o cardiopatías.

Sin llegar a ese grado, los cinturones paralizantes electrochoque con mando a distancia -de efectos similares a las pistolas electrochoque- implican para Amnistía Internacional un trato "de por sí cruel y degradante", incluso sin activarse. Suelen utilizarse para inmovilizar a presos durante su traslado y en el juicio, y el simple temor al dolor por la descarga de 50.000 voltios puede cohibir a un acusado y poner en peligro su defensa. En 1999, cuando un juez decidió activar el cinturón de Ronnie Hawkins por interrumpirle varias veces, el acusado lo denunció como un acto de tortura que había violado el derecho internacional, y AI avaló esa tesis con un informe 'amicus curiae' ("amigo de la corte") al tribunal.