La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante

Con ocasión del Día Mundial contra la Pena de Muerte, este año Amnistía Internacional (AI) quiere recordar que la pena de muerte es la forma más extrema de tortura, y quiere poner de relieve los vínculos entre la pena de muerte y el uso de los malos tratos y la tortura, prohibidos por las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Algo que se reflejan en el caso del japonés Hakadama Iwao, que lleva 43 años esperando a ser ejecutado en Japón. También los activistas de la organización en todo el mundo trabajarán para impulsar el fin de la pena de muerte en Bielorrusia, el único país europeo que todavía lleva a cabo ejecuciones, las dos últimas este año.

Amnistía Internacional registra habitualmente casos de personas condenadas a muerte o ejecutadas tras haber sido declaradas culpables sobre la base de "confesiones" obtenidas bajo tortura o coacción en países como Arabia Saudí, China, Emiratos Árabes Unidos, Guinea Ecuatorial, Irán, Japón, Sudán, Taiwan y Yemen.

También varios órganos regionales y de Naciones Unidas, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, han reconocido que algunos aspectos del uso de la pena de muerte constituyen malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, particularmente en relación con las condiciones de reclusión de los condenados a muerte, la angustia de estar condenados, la amenaza constante de ejecución y el secreto que rodea al uso de la pena de muerte que afecta a los condenados y a sus familias.

Hakamada Iwao, 43 años en el corredor de la muerte

Hakamada Iwao lleva condenado a muerte desde 1968. Es el preso que lleva más tiempo esperando ser ejecutado en Japón y en todo el mundo. Durante 43 años se le ha prohibido, como al resto de los reclusos, hablar con otros presos, ver la televisión, leer o dedicarse a intereses o aficiones personales.

En 1966 fue declarado culpable de asesinar al jefe de la fábrica donde trabajaba, a su esposa y a dos de sus hijos. Hakamada confesó su culpabilidad tras ser sometido a un interrogatorio policial durante 20 días sin contar con la asistencia de un abogado. Más tarde se retractó de su confesión, declarando que había sido sometido a malos tratos por la policía y obligado a firmar dicha confesión. Diversas apelaciones y peticiones de recursos se han rechazado. A los pocos meses de ser condenado a la pena capital y como consecuencia del régimen de aislamiento al que está sometido comenzó a mostrar síntomas de sufrir graves trastornos mentales y de conducta y su salud es un motivo de preocupación para Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional España ha abierto una ciberacción a través de www.actuaconamnistia.org, desde la que se puede pedir a las autoridades japonesas que Hakamada Iwao sea puesto en libertad en consideración a su edad avanzada y a la enfermedad mental que padece, y que se revise su caso por ser declarado culpable en un juicio sin las debidas garantías.

Bielorrusia debe poner fin a las ejecuciones

También desde hoy, 10 de octubre, activistas de Amnistía Internacional de todo el mundo van a exigir el fin de las ejecuciones en Bielorrusia, único país de Europa y de la antigua Unión Soviética donde todavía se llevan a cabo.

"Bielorrusia es el único país de Europa que alega todavía matar a personas en nombre de la justicia", ha manifestado Roseann Rife, experta de Amnistía Internacional en la cuestión de la pena de muerte.

Hasta 400 personas podrían haber sido ejecutadas en Bielorrusia desde 1991, aunque la verdadera cifra no se conoce, debido al secreto existente en torno a las ejecuciones.

A los condenados se les suele decir que van a ser ejecutados, de un balazo en la nuca, sólo unos momentos antes de hacerlo.

"La crueldad de la pena de muerte no se limita al momento de la ejecución en Bielorrusia. A las familias de las víctimas no se les informa hasta semanas o meses después de haberse llevado a cabo la ejecución, y no se les devuelve tampoco el cadáver ni se les dice siquiera dónde está enterrado", ha explicado Roseann Rife.

El 23 de septiembre de 2011, la familia de un condenado a muerte, Andrei Burdyka, recibió una llamada telefónica del tribunal regional de Grodno en la que les dijeron que podían ir al registro civil a recoger su certificado de defunción.

Andrei Burdyka, de 28 años, y otro hombre habían sido condenados a muerte el 14 de mayo de 2010 por el asesinato de tres personas. Se rumoreaba que ambos habían sido ejecutados hacia mediados de julio de este año. La familia del otro hombre está todavía esperando la notificación oficial de su muerte.

La madre de Andrei Burdyka, Nina Semyonovna, exige saber dónde está enterrado su hijo, y ha ido a cementerios de todo Minsk en busca de la tumba.

En el caso de otro condenado a muerte, Andrei Zhuk, declarado culpable de asesinato, el 19 de marzo de 2010, su madre le envió un paquete de comida, las autoridades de la prisión se lo devolvieron diciéndole que su hijo ya "había sido trasladado".

Le dijeron que no fuera ya a buscar a su hijo y que esperase la notificación oficial del tribunal. El 22 de marzo de 2010 por la mañana, el personal de la prisión le comunicó que Andrei Zhuk había sido ejecutado junto con otro preso.

La mujer ha hablado a Amnistía Internacional de la angustia que le causa no saber dónde yace el cuerpo de su hijo. Ha explicado también que el hijo pequeño de Andrei se queda a menudo de pie, en silencio, frente al retrato de su padre. "No sé qué es lo que piensa ahora", dice.

Información complementaria

Amnistía Internacional ha informado de millares de ejecuciones llevadas a cabo en 23 países en 2010.

Al final de 2010 había al menos 17.800 personas condenadas a muerte en el mundo, a la espera que los gobiernos las mataran.

La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. La falta de humanidad de su aplicación se pone de manifiesto en casos de todo el mundo. Los condenados describen sus terribles condiciones de vida en la prisión, la angustia de estar esperando su ejecución, en muchos casos por haber "confesado" bajo tortura un delito que aseguran no haber cometido.

"Cuando se fundó Amnistía Internacional en 1961, sólo nueve países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y apenas se consideraba la pena capital una cuestión de derechos humanos. Cincuenta años después, la tendencia mundial a la abolición de la pena de muerte es imparable, y la lucha continúa", ha dicho Roseann Rife.

Centenares de activistas de Amnistía Internacional van a celebrar actos públicos para manifestarse en contra de la pena de muerte en más de una decena de países de todo el mundo, incluidos Paraguay, Malaisia, Francia, Reino Unido, Hong Kong, Grecia, Italia, Puerto Rico, Ucrania, Mongolia, y España, donde desde el 10 de octubre hasta el 30 de noviembre, coincidiendo con el día de activismo internacional Ciudades por la vida, se realizarán diferentes actos en diversas ciudades españolas.