La juez de Lugo envía al Supremo las acusaciones de Dorribo contra Blanco

La juez de instrucción número tres de Lugo, Estela San José, envió ayer, unas horas antes del arranque de la campaña electoral del 20-N, al Tribunal Supremo la parte de la investigación de la operación Campeón en la que aparece el titular de Fomento y portavoz del Gobierno central, José Blanco, por ser el ministro un aforado. El también número dos del PSOE ha sido acusado por el empresario lucense Jorge Dorribo, presunto cerebro de la trama de la operación Campeón dedicada a captar subvenciones ilegales para sus empresas, de un supuesto cobro de comisiones irregulares a cambio de un trato de favor, según destapó el diario El Mundo.

Blanco reaccionaba ayer confiando que la decisión de la juez de Lugo de elevar el caso al Supremo le permita "desbloquear la situación de indefensión" en la que se encuentra "desde que comenzaron a filtrarse las declaraciones de un imputado por falsedad y fraude".

El ministro de Fomento convocó una rueda de prensa en Lugo, donde abría la campaña electoral, y acompañado del alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, el presidente de la Diputación, José Ramón Gómez Besteiro, y el secretario provincial del PSdeG, Ricardo Varela, aseveró una vez más desde que saltó la polémica que "las imputaciones publicadas son una pura falsedad" y que está "en condiciones de demostrarlo ante quien sea".

"Reitero que tengo el máximo interés en que se investiguen las acusaciones falsas lo más rápidamente posible", agregó, tras dejar claro también que no tiene constancia oficial de que la juez haya remitido el caso al Supremo, aunque respeta su decisión, si se confirma. El titular de Fomento subrayó que justamente se hace pública esta decisión "el día que comienza la campaña".

Blanco compareció ante la prensa para leer un comunicado que llevaba escrito y a la pregunta de si dimitirá como ministro y como candidato, tal como exige el PP, respondió que no habría declaraciones al respecto y volvió a reiterar su discurso inicial.

Fuentes del Supremo confirmaban ayer que ayer la juez de Lugo envió el caso, y solo fue registrado por el alto tribunal, sin dar tiempo a que lo analizara alguna sala. Por el momento se desconoce que es exactamente lo que Estela San José remitió al Supremo. Puede haberse limitado a enviar todo lo que en la causa que investiga tiene que ver con el ministro de Fomento. En este caso, informaba ayer la agencia Europa Press, la doctrina del alto tribunal suele ser devolver la causa al juez hasta que concluya del todo la investigación y se posicione sobre si hay o no indicios de delito en el ministro. Para ello debe elevarse lo que se denomina una exposición razonada.

Fiscalía

Puede ser que ya haya presentado la exposición razonada contra el ministro por la presunta comisión de delitos. En este último, la Supremo remitirá el asunto a la Fiscalía antes de dilucidar si admite o no la causa.

En el entorno de Blanco apuntaban ayer que la juez no ha iniciado ninguna investigación concreta relacionada con el ministro, pues no ha llamado a su primo político, Manuel Bran, quien, según las revelaciones de El Mundo, es el intermediario que supuestamente cobraba las comisiones para el ministro.

El presidente del Congreso, José Bono, respaldó ayer al titular de Fomento, al asegurar que "la inmensa mayoría de los españoles cree antes a un ministro de España, sea de cualquier partido, que a un delincuente que ha ido a la cárcel no por estupro, ni por violación, sino por falsedad". Por su parte, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, afirmó que el PP ataca a Blanco porque "cuando a uno le falta programa electoral y no quiere explicar lo que verdaderamente va a hacer o cuáles son sus intenciones después del 20-N tiene que recurrir a este tipo de campaña".

La operación Campeón saltó el pasado mes de mayo cuando fueron detenidas quince personas, entre ellas el empresario Jorge Dorribo y dos altos cargos del Igape (instituto dependiente de la Consellería de Economía). La juez Estela San José investigaba una supuesta trama de empresas para defraudar subvenciones públicas, con la presunta ayuda de los ya exdirectivos del Igape.

La polémica se calentó cuando Dorribo declaró ante la juez, y según desveló el diario El Mundo, acusó de cobrar comisiones a dos diputados, el popular Pablo Cobián y el nacionalista y ex conselleiro Fernando Blanco, ambos renunciaron a sus escaños, y también al ministro de Fomento. Según este periódico, el número dos del PSOE se reunió con el empresario en una gasolinera de Guitiriz y éste pagó 200.000 euros a un primo de Blanco como condición para pedir favores al ministro.

El ministro de Fomento y número dos del PSOE negó tal cobro y aseveró que "el Gobierno de España no concedió subvención ni ayuda alguna a este empresario". Blanco afirmó que "la única certeza es que el Gobierno de Galicia concedió ayudas a este empresario".
I. BASCOY /La opnion A Coruña