Para que los responsables de la pobreza rindan cuentas, "Exige Dignidad"

"Exige Dignidad". Estas dos palabras, que dan nombre a la última gran campaña global de Amnistía Internacional, resumen bien el doble trasfondo que la inspira. Por una parte, reivindica el respeto a los derechos humanos para romper el círculo de la pobreza. Por otra, subraya que esta tiene responsables que deberían rendir cuentas por ello.

Esta demanda será más fácil tras la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 2008, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que establece un mecanismo para garantizar justicia en el ámbito internacional a quienes vean violados tales derechos y no puedan denunciarlo ni reclamar ante su jurisdicción nacional. Firmado por 39 países y ratificado por cinco (Ecuador, Mongolia y España en 2010 y El Salvador y Argentina en este 2011, a los que pronto se sumará Bolivia), entrará en vigor tres meses después de que lo ratifiquen diez. Una Coalición Internacional de ONG de la que forma parte Amnistía hace campaña en todo el mundo para alcanzar ese objetivo.

AI no se cansa de repetir que los abusos contra los derechos humanos causan, agravan y perpetúan la pobreza. Y también recalca que, vista la cuestión a la inversa, vivir en la miseria aumenta el riesgo de sufrir violaciones de esos derechos. De ahí su insistencia en la necesidad de asegurarlos a toda la población y de garantizar la plena participación social de las personas en situación más vulnerable para que puedan ser dueñas de su presente y futuro.

Como apuntaba el director de la Sección Española de AI, Esteban Beltrán, al presentar en abril el informe "Derechos a la intemperie. Dificultades para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España", los derechos a una vivienda digna, a la salud, a la educación o al agua "no son inferiores a otros derechos humanos". Sin embargo, denunciaba, "su fuerza legal se ve reducida cuando son regulados con menores garantías y mecanismos para reclamarlos". Por eso, ante la reforma constitucional pactada en agosto por los Partidos Socialista y Popular, AI-España sugería recoger derechos como el de salud o vivienda en el capítulo de derechos fundamentales de la Carta Magna, lo que permitiría exigirlos ante la justicia cuando son vulnerados.

Y lo son. En muchos países, y también en España. Por ejemplo, cuando hay desalojos forzosos sin protección legal ni otras garantías (AI ha documentado casos en la Cañada Real Galiana madrileña y el distrito barcelonés de Sant Martí), que el derecho internacional prohíbe y considera violaciones de los derechos humanos. En cuatro años de crisis se han iniciado más de 270.000 ejecuciones hipotecarias, lo que ha agravado una situación que ya tenía perfiles inquietantes como el millón y medio de infraviviendas o las 38.000 personas sin hogar. En cuanto al ámbito sanitario, hay déficits de cobertura en el sistema público (entre 90.000 y 180.000 españoles carecen de ella por no haber trabajado ni recibido prestaciones de desempleo), mientras se quedan especialmente cortos los recursos en la atención de salud mental, donde la escasez de especialistas (6,1 psiquiatras por 100.000 habitantes) complica el diagnóstico precoz y los tratamientos eficaces.

En todo el mundo, advierte Amnistía, los derechos económicos, sociales y culturales protegidos por el PIDESC (a la alimentación, al agua, a la salud, a la seguridad social, a una vivienda adecuada, a la educación, a la no discriminación, a la protección de la familia, al trabajo y a unas condiciones laborales justas) son negados a diario a un número ingente de personas. Los gobiernos incumplen así su obligación de respetarlos y promoverlos, un deber que emana del derecho internacional y que alcanza también a organismos multilaterales y a empresas. En ese contexto, remacha AI, el Protocolo Facultativo apuntala el derecho a un recurso efectivo para las víctimas de violaciones de todos los derechos humanos y marca una de las primeras victorias de la campaña "Exige Dignidad".

Pero el reto es inmenso, como inmensas son las asignaturas pendientes en un ámbito en el que la pobreza sigue creciendo -la actual crisis ha añadido 100 millones de personas a la lista- y agravando la situación de derechos humanos. Es un auténtico círculo vicioso en el que la miseria favorece la indefensión de los sectores más vulnerables, como las mujeres que ven negada la atención de salud materna, sexual y reproductiva; como las personas de asentamientos precarios que no tienen acceso al agua y los servicios sanitarios, o como las niñas y niños de grupos minoritarios que quedan al margen del sistema educativo.

Amnistía Internacional considera que la magnitud de tales desafíos hace aún más necesario situar a los derechos humanos como referencia, como herramienta clave para combatir la pobreza y convertir a quienes ahora la sufren en protagonistas de su destino. Como subrayaba hace un año en su informe "Que nuestros derechos sean ley. Por el respaldo jurídico de los derechos económicos, sociales y culturales", tan cierto es que muchos "gobiernos no han hecho más que cumplir de boquilla las obligaciones contraídas", como que "los tribunales pueden lograr cambios". Y cita ejemplos en la India, donde el Supremo ordenó garantizar un programa de almuerzos escolares para evitar la malnutrición crónica, y en Sudáfrica, donde el Constitucional obligó al gobierno a facilitar en la sanidad pública un medicamento para prevenir la transmisión materno-infantil del VIH.

Aunque todavía son bastantes los gobiernos reticentes a aceptar como jurídicamente exigibles los DESC, Amnistía dibujó un escenario esperanzador, con "un número cada vez mayor de países, como Alemania, Argentina, Colombia, Egipto, Indonesia, Letonia y Sudáfrica" que los han incorporado a su legislación. Además, remachaba el informe, "sistemas regionales de derechos humanos como los establecidos por la Organización de Estados Americanos, la Unión Africana y el Consejo de Europa, cuentan con mecanismos de denuncia que pueden ofrecer vías de recurso por violaciones de algunos de estos derechos". Un buen argumento para seguir "exigiendo dignidad", porque, como recalca AI, la pobreza no es inevitable, y tiene responsables que deben rendir cuentas.