Parados gallegos acceden a fármacos pero no al médico

Una semana después de que saliese a la luz el caso de Mercedes Amaral, una desempleada de A Coruña a tratamiento por depresión a la que el Sergas desactivó la tarjeta sanitaria, la Consellería de Sanidade da por subsanado el bloqueo, que negó en un primer momento y del que más tarde responsabilizó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). "Todas las tarjetas han sido ya conmutadas y los pacientes tienen la asistencia sanitaria garantizada", explicó ayer una portavoz del departamento encabezado por Pilar Farjas. Sanidade limita las posibles incidencias con el documento a "desmagnetizaciones" de la banda de la tarjeta, una circunstancia frecuente que se resuelve fácilmente en los centros de salud.

Pero no a todo el mundo la restitución de su tarjeta sanitaria le ha devuelto a la situación anterior al bloqueo. Mercedes Amaral, la parada que el viernes 18 denunció su caso ante los medios, fue a la farmacia el domingo para comprobar si ya tenía acceso a los medicamentos y, al contrario de lo que le sucedió cuando a lo largo de la semana trató de comprar sus medicinas, esta vez el farmacéutico sí pudo leer la receta electrónica y dispensarle su tratamiento. Ayer, sin embargo, se llevó un nuevo chasco. En el centro de salud San José de A Coruña, adonde acudió para asegurarse que su tarjeta volvía a ser válida, le informaron de que no podría pedir cita con el médico para hacerse unas pruebas. "Me dicen que solo tengo la tarjeta para la farmacia, que no es para consultas", explica la mujer, que se ha pagado las medicinas de su propio bolsillo hasta anteayer. El personal administrativo de su centro de salud incluso llamó al Sergas para verificar la situación de la mujer -que todavía espera la tramitación de su tarjeta para personas sin recursos-, aunque la respuesta fue la misma. La Consellería de Sanidade no contestó a las preguntas de este periódico sobre este caso. Amaral salió del centro médico sin su cita.

Más contenta está E.N.G, otra de las pacientes que hace casi dos meses, sin notificación alguna, se encontró con la desagradable sorpresa de que su tarjeta sanitaria ya no era válida. Después de comprobar casi todos los días que su documento seguía desactivado, el domingo el lector de la farmacia por fin pudo leerlo. "Eso sí, todavía no hice uso de ella, pero me aseguraron que estaba desbloqueada ya", expone. E.N.G, de 61 años y enferma crónica, pagó sus medicamentos durante casi dos meses, entre ellos la vacuna de la gripe -aunque el practicante que se la inyectó no le quiso cobrar- y una medicina "de 60 euros". "El dinero ya lo perdí, eso ya me da igual. Yo lo que quiero es que se la activen a todo el mundo y no solo a mí por haber protestado", dice.

El número de usuarios del Sergas que se quedaron varias semanas sin tarjeta es una incógnita. La conselleira de Sanidade repitió a lo largo de la semana pasada y ayer en una entrevista en TVG que son 300.000 las personas paradas en toda España que se han quedado sin atención, aunque fuentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social afirman que "son cifras aproximadas" que incluyen no solo a los desempleados sino también a los miembros de colegios profesionales, como médicos y abogados. El INSS no tiene el número de afectados desglosados por comunidades autónomas.

Los farmacéuticos, que en muchos casos han sido los primeros en informar al paciente del bloqueo de su tarjeta, reconocen que "algo quedó fuera de su sitio o no está donde debería estar". Pilar Martínez de la Riva, vocal de Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, reflexionó sobre la polémica de la última semana después de firmar un convenio con asociaciones de enfermos, y criticó duramente que los pacientes no hayan sido avisados de su situación. "Se enteran en las farmacias o los centros de salud y están indefensos", adujo. Pese a todo, Martínez de la Riva se mostró convencida de que el bloqueo de las tarjetas se trata de "un problema administrativo" y de que "la Administración no va a dejar a nadie sin su tratamiento".

"Recuperamos seis millones para el Sergas"

El control del fraude era, según Sanidade, la razón de ser del reglamento aprobado en septiembre por la Consellería, una norma que impone nuevas condiciones para el acceso a la asistencia sanitaria de extranjeros y parados. Aunque solapada por el bloqueo de tarjetas a desempleados de larga duración, que llegó sin aviso previo y acompañado de un aluvión de versiones contradictorias del Sergas, la mayor vigilancia sobre las mutuas de los extranjeros no comunitarios o los españoles que tienen contratado un seguro privado permitirá recuperar "más de seis millones de euros para la sanidad pública". Así lo aseguró la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, en una entrevista para el informativo Bos días de TVG. "Tenemos la obligación de que el dinero de los gallegos se invierta donde debe invertirse, por eso la lucha contra el fraude sí que es una obligación", insistió Farjas al ser preguntada sobre si su departamento tiene previsto cobrar la atención médica a los parados.

La conselleira repitió una vez más que los pacientes extranjeros o suscritos a una mutua privada serán los únicos que tengan que firmar un compromiso de pago. Tampoco es nueva la apelación al convenio que en noviembre de 2010 la Xunta firmó con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), un documento que permite agilizar el trasvase de datos entre el Sergas y el Ministerio de Trabajo pero que no evita que los parados queden sin atención. Galicia es una de las comunidades autónomas que no costea la asistencia sanitaria de los desempleados que han agotado su prestación. El 1 de enero de 2012 será el Estado el que se responsabilice de este gasto.

El cruce de acusaciones protagonizado por Sergas y el INSS acerca de los convenios firmados en el último año para responder por la cobertura médica de los parados adquirió un tono algo más conciliador. "Esto no es una pelea. Nunca entenderé que la confrontación entre administraciones sea una justificación para no hacer las cosas" aseguró la conselleira.

Farjas sí se mostró más clara en su apuesta por "un análisis del modelo de prestación farmacéutica". El actual, defiende la conselleira, "adolece de principio de equidad, porque no tiene en cuenta la capacidad adquisitiva real, y más en un momento en el que necesitamos garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público".
Fuente y autor: DIANA MANDIÁ /elpais