Claves para entender la 'regla de oro' de la UE

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE prohíbe a los Estados registrar un déficit fiscal por encima del 3% del PIB y mantener una deuda pública que supere el 60%. Sin embargo, la mayoría de Estados miembros -incluidos Alemania y Francia- han incumplido repetidamente ambas premisas.

En la cumbre del pasado viernes, los Estados miembros aceptaron elevar el rigor presupuestario y fijaron la bautizada como regla de oro: una nueva exigencia que obligará -si finalmente se aplica- a los Gobiernos a mantener un déficit estructural inferior al 0,5%. Un término que, si bien está relacionado con el déficit fiscal, tiene componentes particulares.

Definir el déficit estructural

El déficit estructural es el saldo presupuestario de un país sin tener en cuenta los gastos e ingresos de carácter cíclico. Esta cifra permite conocer la salud financiera de una economía con independencia del ciclo económico. Por ejemplo, España, gracias al boom inmobiliario logró mantener un superávit fiscal entre 2005 y 2007. Sin embargo, parte de esos ingresos no tenían carácter permanente y, por tanto, durante ese periodo se mantuvo también un cierto déficit estructural. En los momentos de crisis sucede al revés y el déficit fiscal suele ser superior al estructural.

¿Cómo se calcula?

El déficit estructural es una estimación y hay distintas metodologías para calcularlo. Ello supone un problema añadido ya que no está claro que fórmulas empleará la UE. En este sentido, resulta mucho más sencillo el cálculo del déficit fiscal, que simplemente supone una resta entre los ingresos y los gastos públicos en un periodo determinado.

La reforma del artículo 135 de la Constitución Española que el Gobierno socialista aprobó con el apoyo del PP, ya contempla un límite al déficit estructural. Ahora, el próximo Ejecutivo de Mariano Rajoy deberá elaborar una ley que determine el umbral y la metodología para calcularlo.

Las consecuencias

El principal reto del próximo Gobierno pasa rebajar el déficit fiscal al 3% en 2013. Una tarea titánica si se tiene en cuenta que los números rojos alcanzaron el 9,3% del PIB en 2010. Sin embargo, la nueva regla de oro -que España ya contempla en su Constitución, supondrá un esfuerzo de austeridad mayor. Rafael Doménech, economista jefe del Área de España y Europa del Servicio de Estudios de BBVA, calculó que incluso si España redujera el déficit fiscal al 3% en 2013, el déficit estructural se mantendría en torno al 1%. Ello significa que el futuro Ejecutivo de Rajoy deberá aplicar medidas adicionales y permanentes para recortar el saldo estructural negativo.

Aplicar la regla

La declaración realizada el pasado viernes por los jefes de Gobierno de la UE es simplemente eso, una declaración. Ahora, falta concretarlo en un acuerdo firmado por los Estados miembros, un proceso que se antoja tortuoso y no solo por el rechazo del Reino Unido. Los socialistas francesas ya han dicho que en caso de ganar las próximas elecciones presidenciales renegociarán el pacto impulsado por Angela Merkel y Nicolas Sarkozy. En otros países, la obligación de mantener un déficit estructural inferior al 0,5% del PIB deberá aprobarse por los parlamentos nacionales.

¿Para qué sirve?

El Gobierno alemán confía en que la extensión de la regla de oro en toda la UE servirá para tranquilizar a los mercados y elevar la confianza. Dos variables que, a su vez, estimularán el crecimiento. Sin embargo, otros expertos sostienen que fijar un límite al déficit estructural no resuelve la actual situación ni supone una garantía para futuras crisis. De hecho, España, en 2006, presentaba un superávit fiscal del 2,4% y mantenía también un saldo presupuestario positivo. Sin embargo, ello no ha evitado que fuera uno de los países más castigados por la crisis financiera originada en el otro lado del Atlántico. En el caso español, las cuentas saneadas escondían una enorme burbuja inmobiliaria.

Un deterioro de las cuentas nunca visto

Para entender por qué la economía española levanta dudas en los mercados internacionales basta fijarse en la evolución de ingresos y gastos. El conjunto de la Administración pública ingresó 379.497 millones en 2010, una cifra que supone retroceder a niveles de 2005. Y, sin embargo, durante ese mismo periodo, los gastos se incrementaron un 37% hasta los 477.773 millones. Ello ha provocado un boquete sin precedentes en las cuentas nacionales.

Reducir esa distancia entre gastos e ingresos es la principal prioridad para el futuro Gobierno de Mariano Rajoy, que se ha comprometido a cumplir las exigencias de Bruselas y recortar el déficit público al 3% del PIB en 2013. Supone un reto muy difícil. Por otra parte, reducir el déficit estructural al 0,5% del PIB también resulta complejo. De hecho, España solo lo ha logrado en dos ejercicios (2005 y 2006) en los últimos 30 años.
Fuente y autor: J. Viñas /cinco dias