La crisis económica no disminuye la responsabilidad del Estado en el respeto de los derechos humanos

"Ninguna crisis económica y financiera mundial disminuye la responsabilidad de las autoridades estatales y de la comunidad internacional en el respeto de los derechos humanos". Esta era la advertencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a los Estados miembros en 2009, y es también la de organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales y el Observatori DESC.

Más de 42.200 familias se han enfrentado al desahucio por no poder hacer frente al pago de la hipoteca o del alquiler sólo en los primeros 9 meses de 2011, se anuncian recortes en la sanidad pública y merma en la atención de las mujeres víctimas de violencia de género. Datos como éstos han llevado a las tres organizaciones a dirigirse por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recordándole que en el contexto de la crisis económica, no puede olvidar las obligaciones del Estado español de respetar los derechos económicos, sociales y culturales.

"El acceso a una vivienda digna, la posibilidad de gozar del máximo nivel de salud, así como de disponer de una educación de calidad son derechos humanos que España tiene la obligación de garantizar. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar cualquier medida a poner en marcha en respuesta a la actual crisis económica", ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Las tres organizaciones le han recordado al presidente del Gobierno que al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), España se ha comprometido a usar "el maximo de los recursos de que disponga" en el cumplimiento progresivo y sin retrocesos para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Lo que obliga a España a:

• Asegurar, incluso en épocas de graves limitaciones de recursos económicos, que se ha hecho todo lo posible para garantizar estos derechos, destinando el máximo de los recursos disponibles.
•Proteger especialmente a las personas que pertenecen a grupos especialmente vulnerables y/o que sufren discriminación, como pueden ser las mujeres.
•Llevar a cabo una evaluación del posible impacto que la reducción del gasto público puede tener en estos colectivos vulnerables, asegurando antes de su aplicación, que las medidas de recuperación económica no agravan aún más su situación.
•Demostrar que se ha realizado un examen exhaustivo de todas las alternativas posibles, antes de adoptar medidas regresivas que pudieran deteriorar la situación socio-económica de los grupos en situación de vulnerabilidad. Estas medidas siempre serán el último recurso. El Comité DESC de Naciones Unidas, que vigila el cumplimiento del PIDESC, ha destacado que existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas.
•Priorizar en la cooperación -incluidas las aportaciones al sistema internacional de protección de derecho humanos de Naciones Unidas- la promoción de los derechos humanos y la protección de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

Para las tres organizaciones es fundamental que el respeto de los derechos humanos sea tenido en cuenta, no sólo en las leyes o medidas que se vayan a poner en marcha, sino también durante el proceso de esa toma de decisiones. "En este sentido pedimos al Gobierno que explique ampliamente y de forma fácilmente entendible a la ciudadanía las medidas que va a proponer, y que además establezca mecanismos de participación. De esta manera, cumpliría con su obligación de respetar el derecho a participar en la vida pública, recabar y recibir información que tiene el conjunto de la ciudadanía", ha manifestado Vanesa Valiño, directora de Observatori DESC.

Pese a que las competencias sobre DESC están ampliamente descentralizadas, las tres organizaciones han recordado a Mariano Rajoy que ya el Comité DESC de Naciones Unidas ha instado al Estado español a que tome medidas para garantizar los derechos económicos sociales y culturales para todas las personas en todo el territorio. Por eso, el Gobierno central debe asegurar la implementación en toda España, entre otras, de la Ley 33/11, Ley General de Salud Pública, que garantiza la universalidad en el acceso a la atención sanitaria y que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero.

"La protección de los derechos humanos no es una opción en el marco de las medidas encaminadas a la 'recuperación económica'. La Constitución española reconoce derechos sociales, como el derecho a la salud o a la vivienda, como principios rectores de la política económica y social, y la educación como derecho fundamental. Por lo tanto, ninguna medida que se aplique para limitar el déficit público puede vulnerar estos derechos", destacó Ignacio Saiz, director del Centro por los Derechos Económicos y Sociales.

En este sentido, la propia reforma constitucional de 2011 establece que los límites de deuda pública podrán superarse en casos de recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado.

En mayo de 2012, por primera vez en 8 años, España comparecerá ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas para rendir cuentas sobre las obligaciones contraídas al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ésta será una oportunidad para que el Estado español explique si las medidas de respuesta a la crisis han tenido en cuenta o no las obligaciones arriba mencionadas.