La inconstitucional reforma de los planes de pensiones

Un total de 7,7 millones de españoles han confiado en una norma de 1998 y han aportado dinero a planes de pensiones.

La citada norma fijaba unas ventajas fiscales, tanto en el momento de la aportación como en el de la recuperación del dinero (al llegar la jubilación), que hacían atractivo este producto tan necesario para la sociedad: los planes de pensiones nacieron con el objetivo de que los ciudadanos pudieran construirse un complemento a la menguante pensión pública de jubilación. Se cumplían así uno de los objetivos del Pacto de Toledo (estimular las pensiones privadas), ratificado dos veces en el Parlamento (en 1995 y en 2003).

De pronto, llega una reforma fiscal y alguien decide que el tratamiento fiscal de los planes de pensiones debe cambiar, a peor, en el momento de recibir la prestación. La decisión es grave, ya que se va a cargar los planes: sin incentivos fiscales, poca gente va a ahorrar en un producto ilíquido, en el que no se puede recuperar el dinero hasta la jubilación. Además, tal y como está redactado el texto, implica un efecto retroactivo para los 7,7 millones de partícipes.

Se dice que la reforma no afecta a las aportaciones realizadas hasta 31 de diciembre de 2006 y que los derechos consolidados hasta esa fecha seguirán tributando (en el momento de recibir la prestación) con el sistema antiguo, más ventajoso. Pero no queda claro qué pasa con los rendimientos que ese dinero, esos derechos consolidados a 31 de diciembre, sigan generando hasta que el partícipe llegue a la jubilación. Tal y como está redactado el texto, parece que esos rendimientos futuros se someterán a la nueva tributación.

Y eso, se mire como se mire, es un efecto retroactivo que va contra el principio de irretroactividad de la ley recogido en la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando esos 7,7 millones de españoles que están en planes de pensiones comenzaron a aportar dinero a sus productos, lo hacían con la vista puesta en su fecha de jubilación y a partir de unas condiciones que deberían durar hasta esa fecha.

Si ahora las condiciones cambian a peor, no se pueden aplicar ni al dinero ya aportado ni a la rentabilidad que genere ese dinero en los años que le quedan. Mucha gente, como yo mismo, ha apostado por planes de renta variable, que deben dar lo mejor de sí en plazos largos, a costa de asumir (y sufrir) turbulencias a corto. Nadie puede obligarme ahora a renunciar a la rentabilidad de un producto del que no me dejan salir y en el que entré confiando en una norma que me definía un escenario fiscal de largo plazo.

Si ahora cambian ese escenario, que sea para el dinero nuevo, no para el ya invertido en los planes ni para «confiscar» fiscalmente parte de los rendimientos que genere. Así que, ya saben: si la reforma no cambia en su paso por el Senado, no sólo habrá que dejar de aportar a los planes, sino que habrá que presentar un recurso de inconstitucionalidad.