La familia, en nuestra estructura social, funciona como núcleo social primario. Es el primer contacto con la realidad que tiene cualquier niño, aprendiendo tanto el idioma como las reglas establecidas dentro de la sociedad. Durante toda nuestra vida, podemos encontrar en nuestros familiares más cercanos una fuente de cariño y seguridad reconfortante. Sin embargo, esa es una situación ideal que no siempre se cumple. En muchos casos, esa fuente que debería ser de afecto y estabilidad, termina siendo el origen de conflictos personales y económicos complejos, que se resuelven en el ámbito legal. Para ello, existe el Derecho de Familia, la rama del ordenamiento jurídico que se encarga de regular las relaciones personales y patrimoniales derivadas de la vida familiar. Desde este marco esencial es posible organizar una ruptura de forma ordenada, proteger a menores o miembros vulnerables en casos de maltrato y gestionar los conflictos sucesorios por herencia.
La intervención legal en estos casos es delicada, exige un nivel de especialización que combine el rigor técnico de la legalidad con una profunda sensibilidad humana que sepa tratar vínculos tan fuertes como los familiares. Los conflictos que llegan a lo legal suelen estar marcados por la tensión y la vulnerabilidad, la estrategia jurídica debe orientarse a ofrecer soluciones que sean duraderas, equilibradas para las partes involucradas y que conlleve la menor carga emocional posible.
El valor de la especialización en Derecho de Familia
La práctica del Derecho de Familia se distingue por la necesidad de una especialización rigurosa y una capacidad para gestionar expedientes que cruzan lo legal, lo económico y lo emocional. En este sentido, la abogada Ana González explica que el proceso legal debe ser visto como una herramienta para establecer un nuevo orden, sin dejar de tener en cuenta lo sensible que puede ser cada situación familiar. Por ello, en un conflicto familiar, el trabajo de los intermediarios es ofrecer, a las partes afectadas, tanto la seguridad jurídica como el sustento emocional que requiera cada situación en particular.
La mediación se enfoca en gestionar las crisis familiares con una visión práctica y resolutiva, ofreciendo soluciones legales a los conflictos derivados de los divorcios, las modificaciones de medidas o la gestión de custodias y pensiones. El objetivo es buscar siempre el camino más beneficioso y menos perjudicial posible para la familia.
La disolución matrimonial y sus consecuencias jurídicas
La ruptura de la pareja, sea matrimonial (divorcio) o de hecho, es una de las causas más comunes tratadas por la jurisdicción familiar. El proceso aquí busca quitar el foco de la culpabilidad, para centrarse en la reorganización de la vida tras la separación y división de bienes.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestra en sus estudios la demanda constante en procesos de disolución matrimonial, por lo cual es necesario contar con mecanismos legales que puedan resolver los casos de forma rápida y efectiva. Siendo, en su mayoría, casos similares, el divorcio puede articularse en dos vías principales:
- Mutuo Acuerdo: un camino rápido y económico. Exige la redacción y presentación de un Convenio Regulador consensuado que define todas las medidas de forma exhaustiva, desde la custodia hasta el destino de la vivienda.
- Contencioso: se da cuando las partes no llegan a un pacto sobre las medidas. En este caso, cada cónyuge presenta su propuesta y el juez, tras la práctica de prueba, dicta una sentencia estableciendo las medidas definitivas.
Las medidas económicas: pensión de alimentos y pensión compensatoria
Es fundamental diferenciar las dos principales herramientas económicas:
Pensión de Alimentos: es el deber legal de contribuir a los gastos de los hijos. Se calcula a partir de las necesidades de los menores y la capacidad económica de ambos progenitores. Su cumplimiento es obligatorio, de no cumplirse puede avanzar hacia situaciones legales más complejas.
Pensión Compensatoria: busca reequilibrar la situación económica que se genera luego de una ruptura. En muchos casos, la economía de una de las partes suele empeorar con respecto a la que tuvo durante el matrimonio. Esto se da por lo general cuando una de las partes se ha dedicado al cuidado de la familia y el hogar. La pensión compensatoria puede ser temporal o vitalicia, finalizándose con el cese de la causa que la motivó o por un nuevo matrimonio o convivencia marital del perceptor.
La protección del menor
Cuando dentro del conflicto se incluye a los menores, todos los procedimientos legales, desde el divorcio hasta la modificación de medidas, se rigen por un principio básico: el interés superior del menor.
Definición y aplicación de la custodia
La ley permite establecer la guarda y custodia en varias modalidades: individual (monoparental) o compartida. La opción ideal, siempre que sea posible y beneficioso para el menor, es la custodia compartida. De esta forma se promueve la corresponsabilidad parental y se busca una mayor estabilidad para el menor. La decisión final del juez se basa en criterios objetivos, evaluados por un equipo psicosocial que priorice el bienestar emocional, social y educativo del niño.
El concepto de interés superior del niño, como principio rector en la jurisdicción de familia, ha sido desarrollado en profundidad por organismos internacionales como UNICEF Comité Español, que insisten en que todas las decisiones que afecten a un menor deben considerar su opinión (en función de su edad y madurez) y garantizar su desarrollo.
La modificación de medidas y su justificación
El tiempo y las circunstancias suelen cambiar. En situaciones como un traslado de trabajo, el inicio de la adolescencia o el empeoramiento/ mejora económica de una de las partes, se da lugar a una modificación de medidas. Un procedimiento legal para actualizar la pensión de alimentos, el régimen de visitas o la custodia. Para llevarlo adelante, es necesario comprobar los cambios sustanciales de las circunstancias tenidas en cuenta previamente, siempre priorizando el resultado más beneficioso para el menor.
La gestión de los conflictos económicos y patrimoniales
La ruptura de la pareja implica inevitablemente una liquidación del acuerdo económico matrimonial. Este proceso legalmente complejo suele generar conflictos patrimoniales significativos.
Liquidación del régimen de gananciales
El régimen de sociedad de gananciales implica que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio (salvo excepciones) son comunes y deben repartirse al 50%. Este proceso requiere una valoración precisa de activos, pasivos y la atribución de propiedades concretas. El conflicto puede causarse a partir del valor actual de la vivienda familiar y las inversiones realizadas.
En el caso del régimen de separación de bienes, la liquidación es más sencilla, pues cada cónyuge mantiene sus bienes privativos. Pese a ello, pueden surgir conflictos por las compensaciones económicas en razón de trabajo o por la propiedad de bienes adquiridos a medias.
El Derecho de Familia más allá de la pareja
También existen casos en los que el ámbito de la ley familiar se extiende para cubrir aspectos de la vida civil que van más allá del matrimonio o la pareja de hecho.
Filiación, paternidad y maternidad
Las acciones de filiación son esenciales para establecer el vínculo jurídico paterno-filial. Pueden ser de reclamación (para establecer la paternidad de una persona) o de impugnación (para negar un vínculo existente). La filiación determina los derechos sucesorios y las obligaciones de alimentos, siendo procedimientos judiciales que afectan a nivel personal y patrimonial.
Sucesiones entre herederos
Tras el fallecimiento de un familiar, se inicia el proceso de sucesión, que puede ser testamentario o intestado. La ley civil española (con variaciones en los Derechos forales) establece el concepto de legítima, la porción de la herencia que obligatoriamente corresponde a los herederos forzosos (hijos o descendientes, o padres o ascendientes, y el cónyuge).
El conflicto legal surge frecuentemente en la partición de la herencia, cuando los herederos no se ponen de acuerdo en la valoración de los bienes, o cuando se impugnan disposiciones testamentarias que puedan afectar a la legítima. Este proceso requiere de un abogado especialista para desatascar la situación y llevar a cabo la adjudicación de bienes.
Curatela y el apoyo a la capacidad jurídica
Una de las innovaciones legales más importantes en el Derecho de Familia reciente es la reforma introducida por la Ley 8/2021, que modifica la legislación civil y procesal en materia de apoyo a las personas con discapacidad. Esta ley supuso un cambio fundamental en el enfoque.
La ley ha eliminado figuras como la tutela y la patria potestad prorrogada, sustituyéndolas por la figura de la curatela. Tal como se detalla en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con la publicación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, el objetivo es pasar de un sistema de sustitución (donde otro decidía) a un sistema de apoyo (donde la persona con discapacidad toma sus propias decisiones con la asistencia de un curador). Este procedimiento judicial es vital para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y obligaciones en la vida civil. De esta forma, se les brinda el apoyo necesario y se respeta su autonomía.
Una intervención para organizar
Las situaciones familiares que llegan a lo legal son, mayoritariamente, difíciles. Desde la custodia de los hijos y el reparto de bienes, hasta la protección de los miembros vulnerables mediante la curatela y la gestión de herencias, el Derecho de Familia ofrece las herramientas para afrontar las crisis con seguridad jurídica. El objetivo final de las intervenciones legales es conseguir que el proceso sea cuidado y seguro, protegiendo principalmente a los involucrados más vulnerables, como pueden ser los hijos.
